La guerra que amenaza a Evo

Las razones del 11 de septiembre boliviano. Pese a los llamados a la concordia y a respetar la democracia, la balcanización en Bolivia es una amenaza real. El último episodio de violencia dejó 20 muertos, varios de ellos asesinados a sangre fría mientras cruzaban un río, al más puro estilo de las masacres tribales en el África de los noventa.

Por Miguel Ángel Devia / Fotos: Diario El Deber (Bolivia)

“Ahí van más indios, se ven asustados”, dice una voz con acento portugués. Se escuchan ráfagas de plomo, risas y el agua del río Tahuamanú salpica por lo que parecen ser impactos de bala que apuntan una fila de campesinos que cruza a nado el cauce. Las imágenes fueron difundidas por la televisión boliviana y corresponden a la masacre de campesinos en Pando. Como macabra coincidencia, resulta que es 11 de septiembre. Otro más. El ‘once’ boliviano. Ese día, un grupo de campesinos leales al gobierno marchaba hacia Cobija, la capital del departamento, en protesta por la violencia impulsada por el prefecto Leopoldo Fernández. Un corte en la ruta los obligó a volver a sus comunidades, pero fueron
emboscados cuando cruzaban un puente en la localidad de Porvenir.

“Hay que matarlos”, continúa la voz del video, mientras en el agua sólo se ven las cabezas que se hunden y vuelven a salir, sin refugio al plomo que les llega desde la orilla.

Ese día, el gobierno de Evo Morales habló de 8 muertos. Al día siguiente la cifra se duplicó y el bando contrario hablaba de un montaje, de una provocación de un enfrentamiento en lugar de emboscada. La ONU, organizaciones de derechos humanos internacionales, la fiscalía boliviana, el parlamento y el defensor del pueblo investigan los hechos que desataron el encarcelamiento del prefecto Fernández, la declaración de Estado de Sitio con la consecuente intervención militar y la convocatoria a una reunión de emergencia de la recién creada Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur, por parte de su presidenta, Michelle Bachelet.

Con el paso de los días, el gobierno tuvo que reconocer que esos campesinos también iban armados. Incluso, la mayoría de las versiones habla de que habrían sido estos quienes empezaron el enfrentamiento, cuando impedidos de avanzar hacia la capital de Pando, dispararon contra miembros de la prefectura, dando muerte a dos, sin saber que el bando de Fernández cobraría una sangrienta venganza. Además de los 16 campesinos muertos, la emboscada dejó cerca de 60 heridos y más de 100 desaparecidos que se refugiaron en la selva huyendo de las balas de quienes el gobierno calificó como ‘paramilitares brasileños contratados por Fernández’.

La masacre cerró tres semanas de violencia, cierre de caminos, toma de instituciones públicas y agresiones a las fuerzas armadas por parte de las regiones opositoras a Morales, desatadas cuando el presidente convocó por decreto supremo a un referéndum sobre la Constitución que su gobierno impulsa. Aquí, después de más de 20 muertos, los bolivianos hicieron esa pausa que los caracteriza después de incendiar su país. En ningún lugar como en Bolivia, la sociedad tiene la capacidad de pasar tan rápido del caos y la violencia a la calma y el diálogo. De igual manera sucedió en 2003, cuando comenzó lo que algunos ven como el fin de Bolivia.

EL GAS

Hace cinco años, los disparos los hacían las tanquetas del ejército en El Alto, la ciudad que está adosada a La Paz. Era la Guerra del Gas, la rebelión que le costó el cargo al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dejó más de setenta muertos y abrió el camino a la reestructuración que hoy amenaza con desmembrar al país.

Algo que no es muy difícil. Un país en que dos regiones geográficas sustentan visiones de Estado diametralmente opuestas, simplemente no es país. Sobre todo si esas posiciones están marcadas por un fuertísimo componente étnicoracial y vienen desde su fundación como república.

Si Bolivia es un ring, no es de boxeo: es de todo vale. En una esquina está el altiplánico occidente, con marcada presencia Quechua y Aymara, los llamados Collas, un término que viene de Kollasuyo, la región del antiguo imperio inca que ocupan. En el imaginario nacional, ellos son morenos, de rasgos indígenas y de carácter sumiso. En política, estatistas y tirados a la izquierda. Se dedican de preferencia a la minería y viven en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y ciertas zonas de Cochabamba y Chuquisaca. Sus rivales del este los acusan de improductivos y de ser una carga para ellos, los que aportan al país.

En la otra esquina, al oriente y sur, están los Cambas, que en guaraní significa “amigo”. Orgullosos de su descendencia española, los habitantes de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz de la Sierra y Tarija se definen como personas abiertas, sinceras y emprendedoras. La región es conocida como la Media Luna y representa la zona más rica del país. Abarca una vasta llanura tropical que llega hasta la Amazonía. Además de sus productos agrícolas, allí se encuentra el 95% de las reservas de gas y petróleo. La Media Luna para sus habitantes es desarrollo, libre mercado, industria y el ingreso de Bolivia al mundo.

Por eso es que en octubre de 2003, cuando Sánchez de Lozada dejó la presidencia y salió de La Paz en su helicóptero privado y viajó a Santa Cruz para hacer la conexión a Estados Unidos, en la ciudad le ofrecieron quedarse y gobernar el país desde allí. Quien le hizo la oferta fue Rubén Costas, entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz. Sánchez lo rechazó y hoy vive en Estados Unidos, tratando de no aparecerse nunca más por Bolivia. Costas, en cambio, es el prefecto (gobernador) del departamento y uno de los principales opositores a Evo Morales.

El comité que en ese entonces presidía Costas es una vieja institución cívica de Santa Cruz. Nació en la década de los ’50 para impulsar planes de pavimentación, alcantarillado y tendido eléctrico. Los santacruceños lo hicieron porque siempre se han sentido postergados respecto al altiplano. Aunque el comité logró crear una infraestructura que hizo del pueblo la ciudad más moderna del país, hoy su rol es totalmente político y sus dirigentes son designados a dedo por los representantes de la agroindustria. Cuando Evo Morales hablaba de un golpe “cívico prefectural” en su contra, apuntaba esencialmente a ellos, que a pesar de su corte elitista, han logrado sumar adeptos de todas las clases a su lucha autonómica. En las distintas elecciones que han enfrentado sus propuestas con las del gobierno de Morales, el departamento ha mostrado una adhesión de un 70% al comité.

El Comité ha sido el “brazo armado” de la última crisis. Su actual presidente es Branco Marinkovic, un importante empresario a quien el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sigue un juicio por apropiación indebida de más de 20 mil hectáreas, que incluyen una laguna que daba agua a una comunidad indígena. Dentro del proceso de toma de instituciones estatales que alentó el comité y la prefectura de Santa Cruz en las últimas semanas, la sede del INRA en Santa Cruz fue saqueada y curiosamente desaparecieron los archivos de los juicios seguidos a los miembros de la Asociación Nacional de Productores del Oriente, ANAPO, entre los que figuraba el de la familia Marinkovic.

EL QUIEBRE

Después de 20 años de una continuidad democrática poco común en Bolivia, la caída de Sánchez de Lozada instauró en la agenda dos grandes problemas: la recuperación de los recursos naturales para el Estado y la instauración de una asamblea constituyente que permitiera ‘refundar’ el país. Pero el verdadero trasfondo de la Guerra del Gas fue la caída de la clase política que había administrado el país para su beneficio personal.

Ambos problemas pasaban por un cuello de botella estructural: el mecanismo electoral boliviano, que no establecía un sistema de segunda vuelta. Antes de la llegada de Morales, si un candidato a la presidencia no obtenía más del 50% de los votos, la decisión pasaba al Parlamento, donde se debía elegir entre los dos candidatos con mayor votación. Las alianzas que así se hicieron son impensadas para un extranjero. Por poner un ejemplo: que el Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, del ex presidente Jaime Paz Zamora transara con el ex dictador Hugo Bánzer a pesar que éste en su gobierno militar de los 70 hubiese asesinado a varios de sus militantes, incluido Néstor Paz, hermano del líder mirista. Los porcentajes también son curiosos: el mismo Bánzer regresó al poder con el 24% de los votos y Sánchez de Lozada lo hizo con sólo el 22%.

En el segundo país más corrupto de Latinoamérica, esta democracia pactada tuvo como consecuencia inmediata la repartición de entidades estatales a cambio de votos en el congreso. La Aduana Nacional y el Ministerio de Hacienda fueron siempre los grandes botines con que el aspirante a presidente debía pagar a sus nuevos socios, fueran estos de izquierdas, indigenistas, socialdemócratas, populistas o ultra derechistas.

El país que el entonces vicepresidente Carlos Mesa recibió ese octubre de 2003 estaba al borde del desastre. El nuevo presidente estaba presionado por convocar una Asamblea Constituyente y nacionalizar los hidrocarburos. Aunque la sociedad civil lo respaldó en los casi dos años que duró su gestión, Mesa se enfrentó a un parlamento opositor en que su único aliado fue, curiosamente, Evo Morales. El dogmatismo de los autonomistas fue precisamente lo que lo forzó a salir del poder.

“RAZA MALDITA”

El día de la caída de Sánchez de Lozada, la mayoría de los habitantes de los llanos vieron las protestas del altiplano por televisión. La única manifestación en la Media Luna fue en Santa Cruz, donde una marcha de campesinos que demandaba la renuncia del presidente fue brutalmente reprimida por miembros del Comité Cívico que pedían la continuidad de Goni, como apodaban al mandatario, y apoyaban la exportación de gas a Estados Unidos a través de un puerto chileno. La paliza, ejecutada en la plaza principal de la ciudad, se hizo al grito de “¡Raza maldita!”.

Antes de caer, Sánchez de Lozada hizo un gesto a los autonomistas: modificó la Constitución para establecer que los prefectos debían ser electos en votaciones. Así las cosas, en la elección de diciembre de 2005 se armaron los dos polos que hoy se enfrentan. Evo Morales, indígena, izquierdista, de origen humilde y con una trayectoria más sindical que política, fue electo con un aplastante 54%, la mayor votación obtenida por un candidato desde 1982, cuando Hernán Siles Suazo se empinó al 34%.

Pero de esa misma elección surgieron los primeros prefectos electos en los departamentos. Mientras el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo, MAS, sólo logró hacerse del control de tres de las nueve prefecturas, los opositores se repartieron por el país. Rubén Costas y Leopoldo Fernández, fueron electos en Santa Cruz y Pando respectivamente; en Tarija, venció Mario Cossio, tres veces diputado por el MNR, partido de Sánchez de Lozada; en Cochabamba, asumió Manfred Reyes Villa, capitán del ejército en retiro, ex alcalde y aliado parlamentario de Sánchez de Lozada. El departamento de Beni quedó gobernado por Eduardo Suárez, antiguo diputado por Bánzer. Ni siquiera en La Paz el partido de gobierno logró la prefectura: allí ganó José Luis Paredes, ex alcalde de la revoltosa ciudad de El Alto que tardó poco en unirse al partido del ex vicepresidente de Bánzer, Jorge Quiroga Ramírez.

La división se acentuó por los errores de Evo Morales, incapaz de desarrollar un programa nacional de gobierno y fuertemente influenciado por las corrientes indigenistas de su partido.

Así, apenas con dos meses en el poder Morales convocó, en marzo de 2006, a una asamblea constituyente y llamó a un referendo nacional vinculante por departamento acerca de un régimen autónomo para iniciar lo que llamó “proceso de refundación”. El cronograma de transformaciones llegaba hasta el 1 de mayo, cuando se decretaría un alza de impuestos sobre la explotación de hidrocarburos al 82% y se establecería el control estatal de la cadena productiva de petróleo y gas.

Aunque se suponía que sería una de las salidas a la crisis, la Asamblea Constituyente sólo logró aumentar la división. En la elección de representantes, el partido de gobierno obtuvo el 52% de los escaños, que no le alcanzaron para tener un control total. En el referendo sobre autonomías, la propuesta ganó en los cuatro departamentos de la Media Luna, como se preveía.

Morales y el MAS, cerrados en su agenda, no buscaron pactar con la oposición sobre una nueva Constitución, sino que intentaron imponer un proyecto de corte estatista, lo que provocó el boicot de la oposición, que se negó a sesionar. El oficialismo, entonces, optó por aprobar su Constitución, pero dejó pendiente un tema fundamental en la lucha de poder en Bolivia: el concepto de latifundio. El punto tendrá que ser incluido como consulta popular en el referendo que llame a votar por la carta magna. La nueva norma plantea la posibilidad de restringir la propiedad individual de la tierra a un máximo de 5 mil ó 10 mil hectáreas. Una definición que lastima directamente los intereses del oriente.

LOS AUTÓNOMOS

El 4 de mayo pasado -y algo desesperados por acelerar la descentralización-, Santa Cruz realizó un plebiscito para aprobar su estatuto departamental, una especie de constitución regional que sienta las bases para la conformación de un gobierno independiente, con capacidad de legislar y definir el uso de sus recursos. Posteriormente, Beni, Pando y Tarija hicieron lo propio. Los estatutos autonómicos no se basan ni en la Constitución Política vigente ni en la que fue aprobada por las fuerzas leales a Morales.

El punto central del estatuto de Santa Cruz está en su artículo seis, que detalla las competencias del nuevo poder: competencia legislativa, organización de instituciones autónomas (entre ellas, la policía) y control, dominio y administración de tierra, agricultura y ganadería, asuntos forestales, áreas protegidas, biodiversidad, gas, petróleo, tributos departamentales, hacienda, educación, ordenamiento territorial, transporte terrestre y reconocimiento de personerías jurídicas, entre otras.

El problema de los recursos es una demanda que ha calado hondo en las población de los departamentos levantiscos, dada la ambivalente posición de Morales sobre la descentralización de la
administración pública y el recorte de recursos que hace a las regiones, pues les resta anualmente casi 200 millones de dólares del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) para pagar un bono para los más ancianos. Hasta el 2007 este beneficio lo pagaba el Estado y la petrolera estatal.

En el tira y afloja actual, muertos y votaciones mediante, los opositores a Morales ejercen, de hecho, el poder político en cuatro de las nueves regiones de Bolivia. En algunos lugares, como en Tarija, las denuncias de apaleos a disidentes son frecuentes. Sin embargo, el objetivo a largo plazo es moderar al máximo la propuesta de Constitución de Morales y legalizar, aunque sea parcialmente, sus estatutos autonomistas.
Es decir, un pasito al desmembramiento.

ESTADOS UNIDOS

Aunque el presidente boliviano acusó al embajador de Estados Unidos de propiciar la división territorial, la intervención de Phillip Goldberg y el gobierno de Bush en las regiones autonomistas es
sobredimensionada por el oficialismo, buscando quizás despertar un nacionalismo siempre esquivo.

Según ha denunciado el gobierno, la Embajada de Estados Unidos es la que promueve y financia los intentos separatistas de la oligarquía. Las estrechas relaciones del embajador estadounidense Philip Goldberg con Rubén Costas y Branco Marinkovic, y el financiamiento de la agencia norteamericana de cooperación Usaid a los políticos derechistas de oposición, serían prueba de ello.

De hechos hay poco acreditado. Sí, algunas relaciones. Por ejemplo, que Philip Goldberg, embajador expulsado por La Paz, trabajó entre 1994 y 1996 como asistente especial del embajador Richard Holbrooke, uno de los estrategas de la desintegración de Yugoslavia y de la caída en 2000 del presidente Slobodan Milosevic. Según versiones de prensa, Goldberg también promovió la separación de Serbia y Montenegro y estuvo en Kosovo, que coincidentemente también se proclamó independiente.

Aunque es factible que la embajada y su agencia USAID hayan intervenido en el conflicto boliviano, la división regional boliviana no es algo inventado por los yanquis. Al revés: el país ya parecía unido con goma antes que ellos llegaran.