La red de corrupción que se destapó hace unas semanas, en la que participaban actuarias y detectives, es apenas una de las manifestaciones de un sistema judicial horadado por graves faltas de control en el que ha florecido un pujante mercado de resoluciones al margen de la ley y en el que el único condenado real parece ser el preso gil y sin plata.

Este año una breve información de prensa dio cuenta del hallazgo en el Servicio Médico Legal de Valparaíso del cadáver de Patricio Egaña Salinas, el dealer que proveía de drogas a Claudio Spiniak. Sus restos, según el SML, habían sido rescatados del mar, frente a los roqueríos de Quintero, poco antes de mediodía, el 16 de diciembre de 2006.

La última aparición de Egaña, que desde joven usó sus modales refinados y su apellido noble para cometer delitos en la alta sociedad, causó enorme sorpresa entre algunos círculos judiciales, pues a la fecha de su muerte, Egaña debía estar preso. En diciembre de 2006 tendría que haber estado sirviendo una condena por los delitos vinculados al caso Spiniak, sin que entonces tuviera derecho a beneficios carcelarios que le permitieran recuperar la libertad. Una fuente de Gendarmería, a condición de
anonimato, asevera que “la última vez que tuvimos noticias de él, lo habían sacado de la ex Penitenciaría para llevarlo a Colina II. Y no se supo más de él, hasta que aparece muerto, afuera”. Un misterio que nadie se ha molestado en investigar.

Salir de la cárcel, aun cuando el preso tenga condenas por delitos graves y sea considerado “peligroso”, no es imposible hoy. The Clinic tuvo acceso a los antecedentes de un condenado por narcotráfico bien conectado que se benefició de este servicio que se “transa” en el pujante mercado negro que florece en el sistema judicial, pese a la reforma penal.

La red de corrupción revelada hace unos meses por la fiscal Nancy González y en la que participaban actuarias y detectives es apenas una muestra de corruptelas que han emigrado del antiguo sistema al nuevo, amparadas en graves fallas de control.

La fiscal declinó otorgar una entrevista a The Clinic, pero según información recopilada en esta investigación periodística, en la actualidad, los procesados y condenados pueden comprar libertades, rebajas de pena, o conseguir un borrón de antecedentes penales en cualquiera de las fases del sistema judicial: durante la detención, durante el juicio y aún después de estar condenados. Esto, gracias a contactos dispuestos a proveer los servicios en las policías, entre los funcionarios judiciales y en Gendarmería. Como sucede en cualquier ámbito social, parece que sólo el preso sin pitutos ni dinero cumple sus penas.

DESORDEN MONUMENTAL

Para entender lo que ha estado ocurriendo, hay que recordar que en Chile coexisten hoy dos sistemas de justicia: los antiguos juzgados del crimen –donde la investigación y sentencia estaban a cargo del juez, quien lleva los casos en expedientes escritos-; y los nuevos tribunales que operan bajo la reforma penal, donde las causas las investiga un fiscal, con la ayuda de las policías, y el juicio se desarrolla en forma oral frente a jueces de garantía.

Con facultades sobre ambos tipos de procesos, están las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, como última instancia. Las policías de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería están a las órdenes de los jueces del viejo y del nuevo orden.

Para hacer las cosas más complejas, hay personas que tienen simultáneamente órdenes de detención y/o condenas emanadas del viejo y del nuevo sistema. Toda la información queda registrada en cuatro sistemas computacionales que coexisten y que no necesariamente son coherentes entre sí: el sistema de la nueva justicia penal, el de Investigaciones, el de Carabineros y el del Registro Civil.

En los insterticios de estos sistemas, entre sus múltiples contradiciones y mecanismos burocráticos operó Margarita Cuadro Aedo, la ex actuaria presentada por la fiscal Nancy González como la “jefa” de una asociación ilícita que daba libertades y borraba antecedentes. Desde que estalló el caso el 17 de octubre con la detención de 10 detectives y 8 funcionarios judiciales, la mafia ha ido mostrando su escandalosa extensión.

EL NEGOCIO DE LOS TIRAS

Ricardo Flores, el defensor público a cargo de la defensa de Margarita Cuadro Aedo y de algunos detectives envueltos en el mismo caso, afirma que “nuestros policías han estado siempre más cerca de Sturky y Hutch que de CSI”. Agrega, como ejemplo, que “en Estados Unidos, el costo del luminol que se ocupa en una casa para identificar los rastros invisibles de sangre equivale al presupuesto anual de una comisaría”.

La fama de “eficiente” que tuvo la Brigada Investigadora de Asaltos de Investigaciones (BIA) durante la dictadura se sustentaba en dos pilares: una amplia red de informantes y la tortura a los prisioneros. A los informantes se les hacía colaborar ofreciéndoles no hacer cumplir órdenes de detención pendientes y mostrándoles supuestas órdenes de detención contra sus familiares. Los policías se conseguían estas órdenes con los actuarios, quienes las emitían con todas las formalidades del sistema
y después de cumplido el objetivo de amedrentamiento sobre el informante, las dejaban sin efecto. A esta orden la llamaban “la falsa”. Flores afirma que el mismo camino que seguían los policías de la BIA con el fin de “aclarar” los delitos, puede seguirse para beneficiar ilegalmente a los transgresores de la ley.

Los policías que Flores defiende ahora, están acusados de entrar al sistema computacional de Investigaciones –Gepol-y borrar los antecedentes o las órdenes de detención que aparecían allí en contra de algunos imputados. Los cargos son haber usado las claves de policías retirados o trasladados de unidad para hacer estos “borrones”. Aunque recién la próxima semana el defensor tendrá acceso a las pruebas que ha reunido la fiscalía en contra de sus imputados, cuando culmine el período de 40 días que se le dio a Nancy González para investigar, Flores cree que los policías no cometieron delitos y que lo único que podría reprochárseles son faltas administrativas.

Fuentes de Investigaciones consultadas por The Clinic revelan que cada funcionario tiene una clave para entrar al Gepol, pero no todos tienen privilegios para modificar la base de datos. Sólo los asignados a unidades que deben procesar las órdenes judiciales pueden hacerlo, como los de Extranjería, Asesoría Técnica y Oficina de Partes. Sin embargo, si alguno de ellos se iba a retiro o se cambiaba de unidad, la clave seguía existiendo.

El director de Investigaciones, Arturo Herrera, dijo al referirse los policías involucrados en la red de Margarita Cuadro que serían dados de baja por “criminales”.

“Me llama la atención que el director de Investigaciones haga esas declaraciones, en circunstancias que la responsabilidad de permitir que las claves de funcionarios inactivos siguieran vigentes es suya”, alega Flores.

Fuentes de la policía revelaron a The Clinic que recién ahora, después de la revelación de esta red, el departamento de informática de la Policía de Investigaciones está eliminando del sistema las claves de los funcionarios en retiro y de los que han cambiado de función.

“El director Herrera mejoró la imagen de Investigaciones y nos hizo subir en el ranking de credibilidad ante la opinión pública. Pero lo hizo terminando con dos prácticas de control interno que caracterizaron al director anterior, Nelson Mery: los exámenes antidrogas periódicos y sorpresa que se hacían al personal, en especial, a los de las unidades sensibles, y pedir las renuncias a los jefes de las unidades, cuando alguno de sus subalternos suyos cometiera un ilícito”, dice una fuente.

Un ex jefe policial agrega que Herrera, además, le quitó las facultades operativas al Departamento de Asuntos Internos de la policía. “Así dio la imagen de una policía más limpia, porque dejaron de aparecer los casos en la prensa, como en el tiempo de Mery que los sacaba y los ponía en medio de la plaza pública. Pero lo que ocurrió en realidad es que se relajaron los controles internos”, señala una fuente policial.

Un caso que marcó la moral interna fue lo ocurrido con el ex jefe nacional de la Brigada de Robos, Trevor Oyarzún, en diciembre de 2007, cuando chocó en evidente estado de ebriedad, aunque luego exhibió una alcoholemia con grado 0 de alcohol en la sangre. El fiscal nombrado por la dirección institucional para averiguar el hecho, Francisco Arguelle Arroyo, cerró el sumario sin culpables, aunque era un secreto a voces en la institución que Oyarzún había comprado la alcoholemia limpia. “Ese
servicio estaba disponible por un millón 500 mil pesos con un contacto del SML. Otros policías compraban test antidrogas limpios por 500 mil”, asegura otra fuente.

Oyarzún, el fiscal Arguelle y el ex subdirector que lo nombró, René Castellón, pasaron a retiro justo antes de que la fiscal Nancy González formalizara cargos contra Margarita Cuadro y sus contactos, a los cuales recurrió Oyarzún para comprar la alcoholemia.

Un ex policía de Asuntos Internos relata que “lo increíble es que Oyarzún haya sido nombrado en tan altos cargos pese a que, al menos en dos ocasiones, había sido investigado internamente por faltas a la probidad”.

EN LA NUEVA JUSTICIA

Si un imputado tiene la mala suerte de no contar con los servicios de un policía corrupto que se haga el leso con una orden de aprehensión, siempre puede contratar el servicio después de ser detenido. Hay actuarios especialistas en obtener las llamadas “contraórdenes” que dejan sin efecto una orden de detención.

Una funcionaria judicial relata que esto debería ser difícil de hacer porque tanto los formularios para emitir órdenes de detención, como sus contraórdenes, son impresos en la Casa de Moneda, con números correlativos y deben llevar el número de la causa y la firma de un juez. Sin embargo, una fuente ligada a la investigación que realiza el magistrado Mario Carroza explica que se detectó un desorden generalizado y una falta de control evidente.

“Hay procedimientos establecidos que, si se siguen, evitarían estos problemas. Pero, por ejemplo, una de las funcionarias dijo en la investigación que los formularios estaban arriba de una mesa y cualquiera podía sacar uno para llenarlo. Había un gran desorden. Nadie controlaba. Nadie se preocupaba de nada. Por eso, la Corte Suprema ha ordenado una investigación a nivel nacional para determinar si están fallando los procedimientos y por qué”, sostiene la fuente.

“La falta de control redunda en que el sistema se hace permeable y existen mayores posibilidades de vulnerarlo”, agrega la fuente. En la investigación de Carroza, se detectaron 16 mil órdenes con inconsistencias informáticas (de un total de 50 mil) en el Centro de Justicia donde se radica la nueva justicia. Es decir, había casos ingresados en el Registro Civil en que el RUT del imputado aparece distinto del que tiene en el sistema judicial, por ejemplo.

Los responsables de llevar el control administrativo en los tribunales son los secretarios y, en última instancia, los propios jueces. Hasta ahora, no se ha demostrado que alguno de los jueces o secretarios tengan responsabilidad directa en la venta o mal uso de esas órdenes y contraórdenes, pero una funcionaria judicial entrevistada por The Clinic alega que: “Se dice que las firmas de jueces que se usaron son falsificadas. Pero eso habría que probarlo con peritajes dactilográficos”.

Según Flores, el abogado defensor de Margarita Cuadro, en el sistema nuevo los papeles dan lo mismo, pues lo importante es el dato que se ingresa a alguno de los sistemas computacionales que hacen que esas órdenes tengan efecto. La justicia antigua, que era lenta y burocrática, tenía al menos el poder concentrado. Por ejemplo, un solo funcionario de Investigaciones podía ingresar los datos de órdenes y contraórdenes. “Por eso, cuando se dejaba sin efecto una detención se demoraba en aparecer en pantalla y las personas tenían que andar con el papelito de la contraorden para demostrar que habían quedado libres, si no, los detenían”.

Ahora todo es más rápido, pero también muchas más personas tienen privilegios para modificar la base de datos. Además, como es oral, no consideró el uso de papeles. “En las audiencias de control de detenidos, la orden del juez de garantía quedaba registrada en una grabación de audio. ¿Y cómo se la llevaba el gendarme? Para solucionar este impasse, se estableció un sistema en que un funcionario de rango menor firmaba un papel. Eso generó un desorden total. Recién, hace unos meses, se determinó que el registro se va a centralizar y que el certificado lo tiene que firmar el juez”, revela Flores. El abogado cuenta la anécdota de un defendido suyo que, por error en la comunicación, fue liberado al cumplir una condena y apresado nuevamente 21 días más tarde para entrar a cumplir una segunda sentencia, cuando lo lógico es que el empalme se hubiera hecho en forma continuada.

GENDARMERÍA: EL ÚLTIMO ESLABÓN

Una vez que el imputado está condenado, pasa a depender del sistema de prisiones donde hoy, en Chile, hay cárceles privadas y públicas. En esta fase, puede arreglarse con los actuarios inventando una condena anterior o atribuyéndose la condena de otro condenado con expediente archivado, pues eso le permite abonar el tiempo supuestamente “cumplido” a su causa y obtener una rebaja que le permita salir. Para que el sistema funcione, el preso debe pedir “unificación de condena”. Como se trata de un derecho de los presos, no es necesaria una resolución del juez. Simplemente, un funcionario puede emitir un oficio señalando a Gendarmería que al preso tal se le debe abonar el tiempo cumplido en la sentencia cual y en Gendarmería, un empleado del departamento de Clasificación, dependiente de Estadísticas, hace el cálculo y determina cuánto tiempo le queda por cumplir al reo. Si el preso se ha “arreglado” con un actuario, después de la unificación de condenas y los abonos le alcanza para salir libre.

Algo similar a esto es lo que habría ocurrido con el caso de Mauricio Pinto Duarte, preso en Iquique. Gendarmería de esa ciudad recibió un fax notificando una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que le rebajaba la condena en seis años y que le permitiría salir libre, pero los gendarmes que recibieron el oficio llamaron de vuelta al tribunal para verificar y descubrieron que el oficio había sido falsificado.

Sin embargo, a veces los gendarmes no verifican. A veces, ni siquiera necesitan un oficio judicial para hacer cálculos que beneficien a los reos. Según una fuente de Gendarmería consultada por The Clinic, tener contactos en el Departamento de Clasificación, que existe en todas las unidades penales, puede ser suficiente para que un funcionario cometa “un error” de cálculo que permita la salida de un preso que no ha cumplido su pena.

Y, por último, está la fórmula del traslado. Hay presos que se arreglan con jefes de unidades carcelarias para que los cambien a penales de baja vigilancia del que un día, sin que nadie se dé cuenta, desaparecen.

“En el caso de Mauricio Pinto Duarte nos llamó la atención que apareciera en Iquique. Hacía muy poco que yo lo había visto en Colina”, asegura una funcionaria del tribunal donde se detectó esa irregularidad.

Para pedir traslado, los presos deben cumplir al menos los siguientes requisitos: que su familia se haya mudado a la ciudad donde piden ser reubicados y que el penal que solicita tenga un cupo y lo acepte.

Es lo que hizo el preso Enzo Pineda Mazzu, quien logró, en agosto de este año, que se le trasladara a la cárcel de Arica. Según antecedentes obtenidos por The Clinic, este hombre, a punto de cumplir los 30 años, está condenado por tráfico de drogas, y tiene varias condenas previas por hurto, robo con fuerza y robo con violencia. Según la descripción de sus antecedentes delictuales, es un “reo peligroso”, comprometido en las “redes del narcotráfico”. Su esposa también está presa por delitos de tráfico.

Su ficha informa que el 14 de octubre de este año se le trasladó desde el módulo A3 al módulo D2 del penal ariqueño por “medida de seguridad, según sus antecedentes delictuales”. Sin embargo, ahora Pineda figura en el sistema informático de Gendarmería con la siguiente leyenda: “El interno no se encuentra cumpliendo condena”. Es decir, ya no está preso, aunque no ha cumplido su pena ni le corresponden beneficios carcelarios. Como en el caso de Egaña, es un misterio que, hasta el momento, nadie se ha preocupado de aclarar.

Por Alejandra Matus