La imagen de eficiencia de los fiscales del Ministerio Público en las últimas semanas ha quedado en entredicho. Aparte de la gran vergüenza de encarcelar a inocentes, la Fiscalía con su falta de prolijidad está dejando libres a culpables. Tozudez, protagonismo desmedido e incentivos perversos son algunas de las cosas que explican este comportamiento. Aunque quisimos hablar con los fiscales para esta nota, ninguno quiso responder nuestras preguntas.

Por Joaquín Riveros y Pablo Vergara • Ilustración: Alen Lauzán

Confesiones que no eran tales, policías que se mandan solos, reconocimientos truchos, peritajes mal presentados. Los “errores” de los fiscales en el caso del doble homicidio de calle José Miguel Infante no han sido los únicos en estos meses. Casos con altas dosis de interés periodístico han terminado con inocentes presos o con imputados libres de acusaciones. En todos ellos han fallado los controles mínimos del Ministerio Público.

El dato no es menor. Chile hoy tiene la segunda tasa de presos por cada cien mil habitantes a nivel latinoamericano (sólo le gana Cuba) y desde que se empezó a aplicar la Agenda Corta contra la delincuencia, los fiscales imponen sus criterios sobre unos atemorizados jueces de garantías. Cuando hay una sola voz y ésta se equivoca, todos pagamos el pato. O, en la lógica de eficiencia: por cada inocente preso, hay un culpable en la calle. Otra forma de ver la puerta giratoria.

La acusación que durante meses pesó sobre Claudio Soza Zamorano por el homicidio de dos personas en una casa de Providencia es uno de los mejores ejemplos de la falta de prolijidad de los fiscales. Soza fue formalizado luego de una investigación que desechó pistas clave, como el correo que alertó que uno de los muertos, Pelayo Zamorano, tenía una ex esposa llamada Pilar Pérez -La Quintrala-, que podía haberlo mandado a matar. El email lo enviaba un hombre que había sido ex pareja de la mujer y sólo se descubrió su importancia cuando se supo que La Quintrala había pagado por matar a su cuñado usando un sicario. El mismo que actuó en el asesinato de Pelayo Zamorano y Héctor Arévalo.

En el informe que la Brigada de Homicidios envió esa vez a la Fiscalía ni siquiera aparecía mencionada Pilar Pérez (y hace algunas semanas incluso se dudó que la mujer haya sido interrogada por los fiscales). Sí estaba la prueba madre: una extraña declaración de Soza reconociendo la autoría del doble homicidio y “cuadrando” las incógnitas que había en el crimen. En la misma declaración -tomada a medianoche en un cuartel policial y sin su abogado presente, como exige la ley-Soza dijo que su “autoinculpación” era lo que un detective le había dicho que dijera y que en verdad estaba confundido.

Esa declaración bastó para que Soza terminara preso. Sólo fue exculpado cuando José Ruz, el sicario contratado por La Quintrala, confesó el doble homicidio. La audiencia de formalización en que los fiscales lo dejaron libre de culpa se basó en una confesión con los mismos vicios que la anterior: a Ruz también lo interrogaron a la medianoche y sin su abogado presente.

-El problema es que cuando llega el momento de rendir cuentas, no lo hacen por haber sido incapaces de probar algo y decir “no persevero o me me voy al sobreseimiento definitivo”. No, esperan que alguien les lleve un nuevo dato -se queja Nurieldín Hermosilla, el abogado del falso acusado Soza.

Nuestro sistema judicial ni siquiera reconoce que frente a los errores del sistema deba haber una indemnización. “El año pasado, 2203 personas fueron absueltas; de ellas, 300 estuvieron en prisión preventiva durante toda la investigación”, dice la Defensora Nacional Paula Vial.

LOS NIÑOS DEL PUENTE

Otra “confesión” que se le derrumbó a los fiscales este año afectó a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. Se trata del falso robo con violación que denunció Gladys Flores González en el Puente del Arzobispo en julio pasado. Flores, una garzona que trabajaba en un bar de Providencia, decidió ocultarle a su novio -alegando que él era muy celoso-la aventura que había tenido con un niño de 14 años diciendo que éste, llamado PJGB, la había asaltado, obligado a bajar al lecho del río, violado y luego quitado un celular.

El caso lo “resolvió” un cabo de la 19 Comisaría que se encontró con el niño en el puente y cuando le preguntó si sabía del ataque a una mujer, recibió como cándida respuesta de parte de PJGB que él era quien había tenido relaciones con ella. Lo tomó preso y a las pocas horas Carabineros proclamó tener resuelto el caso. Después, la Fiscalía armó su juicio.

Como Gemita Bueno hace algunos años, Gladys Flores pasó por el Servicio Médico Legal y hasta por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, donde una sicóloga le diagnosticó “sintomatología asociada a estrés post-traumático junto a importantes elementos depresivos, entre ellos ideación suicida (…) refiere estar irritable, muy desganada, con dificultades para dormir y para salir a la calle (…) Manifiesta dificultad para tolerar olores asociados a la experiencia vivida”.

Aunque con eso la víctima tomó patente, al poco tiempo su versión se desarmó.

Para Paula Vial, la Defensora Nacional, son varios los factores que hacen que un caso termine con errores. Desde la presión mediática a la negligencia declarada. “Si no exiges un estándar determinado de prueba y resuelves sólo con la confesión o declaración de la víctima, es más factible que haya un error”, dice.

A diferencia del antiguo sistema, el nuevo código no tasa la prueba.

-Los fiscales tienen mucho poder, por tanto están obligados a cumplir el principio de objetividad con mayor razón, e investigar tanto lo que favorece como lo que descarta una determinada prueba. En el fondo el principio de objetividad obliga a analizar todas las líneas de investigación y no quedarse con una y descartar las demás -dice Vial.

Para muchos, la unión fiscales/prensa explica los errores del Ministerio Público. El abogado Miguel Soto, penalista de nombre, reconoce tenerle algo de miedo a la Fiscalía. “Los fiscales gozan de una gran legitimidad en los medios. Gráficamente, son vistos como los jovencitos de la película y lo que dictaminen puede ser considerado más deteminante que lo que resuelvan los tribunales”, dice.

EL RECONOCIMIENTO

En una cosa tan simple como un reconocimiento fotográfico, los errores también aparecen.

-No hay un protocolo o estándar mínimo respecto a cómo se pueden realizar estos reconocimientos. Antes se exigía que la víctima describiera previamente a quién iba a reconocer. Ahora existen protocolos crípticos que manejan las policías, pero que no están socializados ni son públicos. Muchas veces se hace al dedómetro y el sistema se expone a casos como el del Telepizza -dice la defensora Vial.

Por Telepizza se conoce un caso que es una vergüenza. El 22 de octubre pasado cuatro jóvenes asaltaron un local de la cadena en La Cisterna. La patrulla de Carabineros que tomó el caso recorrió los alrededores y detuvo a cuatro muchachos que se ajustaban a la descripción de los sospechosos y que, además, andaban en un auto blanco como el que se buscaba.

Los policías llevaron a los detenidos hasta el local asaltado y por supuesto que allí los reconocieron. Según Viviana Castell, abogada de los detenidos, en el reconocimiento influyó el estado emocional de las víctimas y el relato de los policías. “Hubo un error, no se cumplió con colocar a gente parecida a ellos en una rueda de reconocimiento, ni con que se hicieran descripciones previas”, dice la abogada.

Algo similar ocurrió en Talca un año antes: un bus que viajaba con comerciantes desde Concepción a Santiago fue asaltado en plena carretera. Al mes la policía detuvo a cuatro sospechosos, uno de los cuales estaba preso cuando se cometió el asalto. Esa vez, Carabineros e Investigaciones coincidieron en la culpabilidad de los detenidos, basados en reconocimientos fotográficos.

“No había lazo ni conexión en cómo se llega a mostrar esas imágenes a las víctimas; no hay nexo entre el hecho y la participación de los detenidos”, dice Silvia Carreño, la abogada del grupo que pasó 9 meses en la cárcel.

El caso al final terminó resolviéndose cuando la familia de uno de los detenidos dio el nombre de uno de los reales autores, un tal “Tufo”, que terminó confesándolo todo.

“Acá hubo un trabajo autónomo de la policía que entregó un informe al Fiscal. Éste no cuestionó la labor policial y la usó como herramienta”, dice Carreño.

PORFIADOS

A veces los fiscales se casan con una idea. Suele ocurrir en los casos más mediáticos y persisten en ella dejando de lado el “principio de objetividad” que la ley les exige.

Para Miguel Soto, el notorio aumento de la represión penal ha terminado con la imparcialidad del Ministerio Público.

-Probablemente exigirle objetividad es exigirle demasiado porque si usted tiene un órgano especializado en la persecución, no le exige objetividad -reflexiona Soto.

El abogado Julián López, experto en Reforma y profesor de fiscales, agrega un elemento más: el impacto que genere el caso en la prensa. Cuando los periodistas llegan a una audiencia, dice, “la posibilidad de error aumenta exponencialmente”. Los fiscales se vuelven menos cautelosos y suelen apoyarse en antecedentes muy preliminares para sostener sus pesquisas. Rápidamente se comprometen con una línea, aunque ésta sea muy débil. El costo en imagen de desdecirse de la tesis inicial lanzada por los medios es muy alto.

-Si el error no es manifiesto, se convierte en la posición oficial del Ministerio Público. Tendríamos que preguntarnos qué habría pasado con Claudio Soza si no hubiera aparecido José Ruz -dice López.

Un buen ejemplo es el de Antonio Carvajal Valdivieso, “el sicópata del pincel”. Carvajal fue detenido y en su casa se encontró enterrada a la estudiante María Pérez, con rastros de haber sido violada y después enterrada viva.

En el juicio oral, Carvajal fue absuelto en forma unánime luego que tres jueces determinaran que no había pruebas suficientes para condenarlo. El alegato del fiscal esa vez se basó en el perfil sicológico de Carvajal, algo que los jueces no consideraron suficiente para imputarle responsabilidad. El testigo principal de la Fiscalía, además, les pareció sesgado, parcial, incongruente y con señas de ocultar información importante. Además, en el sitio de suceso se encontraron pruebas científicas de la presencia de otros dos hombres, que no se investigaron porque la Fiscalía persistió en centrarse en Carvajal.

Carvajal hoy vive un nuevo juicio, luego que la Corte declarara nulo el anterior.

POLICÍAS

“De los casos, el que más me inquieta es el de Soza, porque en los demás puede haber una imputación errónea. Pero que tu error consista en tener la confesión de un tipo que no fue, cuestiona la credibilidad de todo el sistema porque significa que no has renunciado a métodos de confesiones que implican una absoluta falta de credibilidad. Eso cuestiona todas las acusaciones posteriores, todo lo que un tipo diga de ahí para adelante, -dice Julián López.

Para López la responsabilidad de supervisar a las policías está en los fiscales. Y de fiscalizar a los fiscales, en sus superiores jerárquicos. El problema, según López, es que el rol de control del fiscal jefe o regional se pierde, ya que existe la costumbre de que ante un caso importante, el fiscal subordinado consulta a su superior la tesis que sostiene. En la práctica, por tanto, cuando un defensor se queja ante el superior del fiscal lo hace en vano, ya que ambos comparten la tesis investigativa con antelación.

-Yo echo de menos acá el rol de los fiscales jefes y regionales. El fiscal regional tiene facultad incluso de intervenir para dar instrucciones particulares.

Los fiscales también se encuentran sujetos a incentivos que pueden convertirse en perversos porque en el Ministerio Público la calidad de un funcionario se mide por índices de judicialización de causas, resultados de carpetas y no por calidad de los resultados. López se pregunta:

-¿Qué entiendes por un fiscal eficiente? Si es el que resuelve el 100% de los casos, estás en un problema. El fiscal que cuando investiga se da cuenta de que su imputado es inocente, debiera ser premiado por obtener un éxito en su investigación. Si mides estadísticamente, dices, no usted tiene una absolución y como la tiene sus índices de gestión son malos, porque no logró condena, entonces estás premiando por llegar a conclusiones errónas.