Por Claudio Pizarro • Foto: Alejandro Olivares

La semana pasada les contamos cómo es la vida en Puchuncaví, una zona ultra saturada de contaminación. Pero faltó un capítulo: el de las denuncias de los vecinos a los poderes que, dicen ellos, protegen a esas empresas contaminantes. Y es que después del fallo de la Corte Suprema que ordenó paralizar las obras de la termoeléctrica Campiche de la transnacional AES Gener, en Ventanas, muchas autoridades han alzado la voz, entre ellas, los ministros Edmundo Pérez Yoma y Marcelo Tokman. Ricardo Correa, uno de los líderes de la movilización ciudadana, cuenta aquí, sin pelos en la lengua, por qué no le cree a la empresa ni al gobierno.


La semana pasada comentaste en este pasquín que viste a un camión lanzando pintura para simular áreas verdes en los terrenos de la empresa aes gener, sin embargo, hay gente que sostiene que se trata de hidrosiembra.

Personalmente desconozco el tema de la hidrosiembra, pero aún estamos esperando que esos brotes maravillosos crezcan porque, hasta ahora, lo único que conocemos son los árboles y plantaciones aledañas a la termoeléctrica, destruidos por la lluvia ácida. Mientras no se demuestre lo contrario, cualquier cosa que haga esta empresa, vamos a presumir que se trata de mala fe porque no confiamos en ella. Además, hay un hecho indesmentible: lo hicieron el mismo día que citaron a la prensa para hablarles sobre el cierre de la generadora.

¿Por qué tanta desconfianza?

Porque Aes Gener ha demostrado claramente toda su mala fe luego que, tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, comenzara arbitrariamente la construcción de la torre y todo el entramado de la termoeléctrica.

Un fallo que por lo demás fue ratificado por la Corte Suprema en junio.

Por supuesto, y se trata de un fallo final que contempla, al igual que el dictamen anterior, que el emplazamiento de la termoeléctrica Campiche se encuentra en una zona de restricción primaria por asentamiento humano y vulnera el derecho de las personas de Ventanas, Quintero y Puchuncaví de vivir en un ambiente libre de contaminación.

La empresa, sin embargo, sostiene que se trata de un fallo administrativo.

Es una cosa insólita porque, en rigor, es un fallo donde se describe la vulneración de una garantía constitucional. Si ellos creen que esto es una cuestión de procedimientos es porque desconocen el derecho de la personas a vivir en un ambiente libre de contaminación, contemplado en el artículo 19 de la Constitución.

En el fondo planteas que AES Gener pasó por encima de la ley.

Exactamente, para llegar a este fallo tienen que haber habido actos ilegales reiterados antes de ratificarse la Resolución de impacto Ambiental (RCA).

¿Cuáles serían, a su juicio, estos actos ilegales?

Primero, existió un protocolo de acuerdo entre el señor Felipe Cerón, gerente de la empresa Aes Gener, y el alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, previo al cambio del uso del suelo para poder instalar la termoeléctrica vulnerando la ordenanza general de urbanismo y construcciones. O sea, el alcalde se sentó en la misma mesa y firmó un acuerdo con el gerente de una empresa que, sólo con la inversión hecha en Campiche, representa ochenta años del presupuesto municipal. Es algo absolutamente inaceptable.

GOLAZO

¿En el fondo quisieron pasar un gol?

Sí, un golazo, porque para modificar la zona de restricción primaria por asentamiento humano, que en la práctica es un colchón de amortiguación entre las emisiones y la comunidad, mandaron a hacer un estudio por inundación, modificando el espíritu de la ley, para que la Dirección General de Aguas aprobara las defensas fluviales del estero Campiche y se decretara el cambio de zona.

Además, la medida contempló la construcción de un paseo a un costado del balneario, como medida de mitigación.

Claro, le hicieron un lindo enrocado para proteger que la gente no se inunde y pusieron unos toldos miserables con unos quioscos justo abajo de dos termoeléctricas que matan a la gente. Ese paseo es una vergüenza nacional.

¿Por qué, entonces, la resolución de impacto ambiental fue aprobada por la Corema?

Después del cambio del uso del suelo, la seremi de Vivienda ratifica, con un nuevo oficio, que todo se ha hecho de acuerdo a la norma y luego esto se va a la Corema. Nosotros fuimos el día de la votación y le dijimos al intendente que se estaba comprometiendo en un acto ilegal. Nos echaron de la sala y llamaron a los pacos. Ese día no se votó la resolución sino que lo hicieron varios días después, entre gallos y medianoche, y sin avisarle a nadie. Ahí tienes los resultados: la Corema, pese a todas las maniobras, hoy tiene dos sumarios encima.

Karina Francis, directora regional de la institución, nos comentó que ellos se basaron en los informes de la dirección de obras del municipio y de la seremi de Vivienda y que, por lo demás, fueron 22 órganos del estado quienes participaron de la calificación.

Votaron todos favorablemente porque son todos servidores públicos y el intendente los marca como un general de ejército. Lo que sucede aquí es que hay mucho dinero involucrado, más de mil millones de dólares en las dos termoeléctricas, y Aes Gener es la empresa transnacional que más plata gana en Chile y tiene sus redes puestas sobre todo el espectro nacional. Todos están metidos en este problema. Cómo te puedes explicar que hasta las más altas autoridades de gobierno salgan hablando del tema.

De hecho el ministro de Energía, Marcelo Tokman, comentó en un desayuno en la cámara norteamericana de comercio que comprendía “el nivel de angustia de Felipe (Cerón)”, el gerente de AES Gener. ¿Qué se desprende de esa frase?

Cuando el ministro Tokman le dice al señor que está en la tribuna (Cerón) -gerente de la empresa más poderosa de este país, dueña de varios ríos y propietaria de una tracalada de termoeléctricas en todo Chile-, “yo sé que te vas angustiar, Felipe”, la gente puede sacar sus propias conclusiones. Es una reacción típica de compadrazgo. Cuando el ministro tenga un asado en su casa con el señor Cerón le puede decir Felipe pero, cuando está ante las cámaras, por Dios que da vergüenza.

¿Y qué piensas de las palabras del Ministro del interior, Edmundo Pérez Yoma, que luego del fallo de la suprema dijo que “buscaremos todas las medidas posibles y legales” para reactivar la Central Campiche?

Es lamentable que el ministro de un gobierno ciudadano, que prometió a las comunidades que iban a participar en los procesos de su desarrollo local, esté permitiendo este tipo de avasallamientos. Es como si pensara que el fallo de la Suprema no importa porque “total tengo unos re buenos abogados que conocen a los ministros”. No, no somos tan huevones. Gracias a dios no ha hablado más y espero que se quede callado.