THE CLINIC PRESS

El Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN, qué rebuscada sigla), conjunto de organizaciones que monitorea y denuncia las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario en ese país, emitió un comunicado en que sostiene que el actual régimen, conducido por el golpista Roberto Micheletti, no garantiza las mínimas condiciones para que se realicen elecciones libres. Los siguientes son extractos del comunicado:

“(…)Desde el pasado 1 de setiembre se inició oficialmente la campaña electoral con miras a la celebración de elecciones nacionales el próximo 29 de noviembre. Campaña que arranca en medio de un golpe de Estado ocurrido el 28 de junio pasado cuando las Fuerzas Armadas hondureñas -en connivencia con otros órganos estatales y con el auspicio de connotados grupos de poder económico local- decidieron expatriar violentamente al presidente Manuel Zelaya Rosales, rompiendo así el orden constitucional.
Este hecho fue condenado en forma unánime por la comunidad internacional. El día 4 de julio del 2009 la Organización de Estados Americanos (OEA) aplicó el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y suspendió al Estado hondureño en el ejercicio de su derecho de participar dentro de la OEA. Actualmente el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti se encuentra aislado políticamente del resto del mundo.
En este contexto de ilegalidad, no es posible llevar a cabo elecciones libres. No sólo porque las mismas son promovidas por un gobierno ilegítimo que se apoya en una institucionalidad débil y poco transparente, sino también porque no existen otras garantías indispensables para el ejercicio de los derechos políticos por parte de la población.
(..) En las circunstancias actuales en Honduras no se respeta ni garantiza el ejercicio de los derechos políticos de toda la población. Ahora bien, esta afirmación afecta diferencialmente a diversos sectores de la sociedad hondureña. Como constató la CIDH existe “un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de
un sector de la ciudadanía, que tuvo como consecuencia la muerte de por lo menos cuatro personas, decenas de heridos, miles de detenciones arbitrarias, cierre temporal de canales de televisión y amenazas y agresiones a periodistas.”
Por su parte, el Relator Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas ha afirmado ”que en Honduras no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de estado”, a la vez que cuestionado en su reciente informe la legitimidad de “una campaña electoral con un régimen de facto en el que no existen
garantías plenas para el ejercicio de la libertad de organización y expresión, en el que no existe el derecho a la información y en el que no se sabe quién ejerce realmente el poder”.
El más reciente hecho que confirma las conclusiones antes citadas, ocurrió ayer en Choluteca (al sur de Honduras) cuando el Alcalde de la zona, señor Quintin Soriano, en compañía de decenas de personas civiles y militares, atacó una manifestación pacífica contra el golpe de Estado. Como resultado 20 personas resultaron lesionadas, 4 de ellas de gravedad, y 8 personas fueron detenidas.
En Honduras tampoco están funcionando adecuadamente las garantías de protección de los derechos civiles y políticos. Ni la Corte Suprema de Justicia ni el Ministerio Público han cumplido a cabalidad con su mandato constitucional. Sus actuaciones no sólo han respaldado y fortalecido al gobierno de facto, sino que, además, han dejado a un amplio sector de la población sin acceso a ningún tipo de
protección judicial.
Por otra parte, es evidente que el gobierno de facto intenta desarrollar el proceso electoral como mecanismo para legitimar sus actuaciones, y garantizarse impunidad por los delitos políticos y violaciones de derechos humanos cometidos tras el golpe de Estado. La estrategia de este gobierno de facto es ganar más tiempo, consolidarse en el poder y seguir obstruyendo el Acuerdo de San José con
miras a lograr que la comunidad internacional reconozca los resultados de las elecciones en noviembre.
Por eso, una medida imprescindible para presionar al gobierno de facto a regresar a la mesa de diálogo es mediante el mensaje unánime de la comunidad internacional señalando que no se reconocerán los resultados de dicho proceso electoral.
En este sentido, el OISDHHN celebra la posición expresada públicamente por varios países del mundo como México, España, los países de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y, más recientemente, el gobierno de los Estados Unidos de América, en cuanto a que no reconocerán los resultados de las elecciones que están siendo convocadas por el gobierno de facto.
A la vez, hace un llamado vehemente al resto de la comunidad internacional, en particular a la Unión Europea, para que envíen un mensaje claro de rechazo a esas elecciones y tome las medidas pacíficas necesarias para restablecer el orden constitucional en Honduras”.