Sin duda quienes más se frotaron las manos con el traspaso de Chilevisión de parte de Sebastián Piñera al fondo chileno-argentino Linzor Capital fueron los integrantes de su plana ejecutiva, quienes con el acuerdo pasaban de ser meros empleados a accionistas en conjunto de entre un 2 y un 7 por ciento del canal a cambio de su experiencia y capacidad de gestión. Nada mal para gente que no tuvo que poner ni un sólo peso en la concreción del negocio. Pero a un mes del anuncio, todo se vino abajo: Linzor Capital se desistió de la operación –que involucraba unos USD 130 millones- por una serie de problemas ligados al dueño original de la señal, la Universidad de Chile, y la duración de la actual concesión, que expira en 2018.
En palabra simples, Linzor Capital compraba el usufructo que por 8 años podía hacer del canal, y no tenía garantías de que eso continuara en el futuro, pues la Universidad de Chile no se los aseguraba. Según señala hoy La Tercera, las conversaciones respecto a este punto “entraron en un callejón sin salida” y los inversionistas prefirieron echar pie atrás con su oferta.
Todo vuelve a fojas cero: Los ejecutivos vuelven a ser empleados y el Presidente de la República sigue siendo dueño de un canal de televisión, lo que entre otras cosas lo desautoriza a nombrar cargos en TVN, la señal pública. Un problema que ya aparecía oleado y sacramentado hoy vuelve a la palestra y el tema de los conflictos de interés que marcó el primer mes del nuevo gobierno está lejos de desaparecer de la agenda.