Una solución alternativa a la errada propuesta del gobierno de Piñera sobre el royalty minero

Por Luis Molina Vega / Ex precandidato presidencial

Laurence Golborne, ministro de minería, declaró al Diario Financiero el viernes pasado: “Nadie (se refiere a las mineras) va a aceptar subirse voluntariamente los impuestos obteniendo nada a cambio. Eso se llama donación”. La declaración muestra el error del ministro y del actual gobierno. Instaurar un nuevo Royalty, hoy, implica entregar algo a cambio al sector privado, por lo tanto, no será conveniente para el Estado. Podrá serlo en el corto plazo, porque obtendría recursos adicionales, pero a costa de mayores ingresos en el futuro. En otras palabras, el nuevo impuesto que quiere proponer el gobierno de
Piñera es igual, o comparable, a un ʻfinanciamiento caroʼ. No se trata de un aporte de las mineras para colaborar con la reconstrucción, se trata de un negocio tributario entre Estado y mineros, pero un negocio donde perdemos los chilenos, pues claramente es más barato endeudarse en el sistema financiero que con empresas de las cuales este financiamiento influye en su negocio.
Este error conceptual es el mismo que se cometió en el 2005. El Estado chileno fue temeroso en la aplicación, por primera vez, de un cobro especial a la minería por la explotación de recursos no renovables, y comenzó con el pie izquierdo. Por establecer el cobro ofreció a las mineras un royalty sobre las utilidades y, además, asociado a una rebaja del impuesto adicional desde el 42% al 35% de la renta. Obviamente las empresas ʻaceptaronʼ, pues al igual que en la actualidad, en ese entonces existían contratos de invariabilidad tributaria, por lo tanto realizar cambios a la tributación requería de la
aprobación de las mineras, y todos sabemos que no se someterían a un trato que las perjudicara: son privados.
La conclusión es clara. No se debe hacer ahora un ofrecimiento de cambio del pago del impuesto específico a la minería, sino que se debe instaurar una nueva ley del royalty que actúe a partir del 2018 para las actuales mineras (y a partir de ahora, para las nuevas), año en que estas terminen sus contratos de invariabilidad tributaria. Y, para efectos de los recursos que se requieren para la reconstrucción, el Estado tendrá que endeudarse con cargo a los mayores ingresos que se recaudará a futuro con esta nueva ley. En definitiva una solución más barata y que redituará mayores ingresos luego de pagada la deuda.
Respecto del tema de la forma del cobro, es importante corregir el modo de pago sobre las utilidades, transformándolo a un pago sobre los ingresos, o mejor aún, sobre un indicador de ingreso, idealmente el precio de mercado del cobre. El problema radica en que las utilidades contables de las mineras pueden ser administradas para efectos de impuestos: precios de venta (transferencia) menores a los de mercado; mayores costos por outsorcing a empresas relacionadas que capturan las utilidades, pero no pagan royalty; elusión de impuestos; etc. Además, nuevamente existe un concepto equivocado, pues el cobro del royalty debe tener relación con la producción del cobre (extracción de un bien no renovable) y con su valor. Esta definición lleva necesariamente a un cobro por ingresos, no por utilidad del negocio, ya que las utilidades del negocio no necesariamente están asociadas a la explotación y agotamiento del recurso, tal como hemos visto en Chile en las décadas pasadas.
Respecto del valor mismo de la tasa a cobrar es recomendable una cifra de a lo menos un 3% sobre los ingresos, valorados al precio de mercado del cobre en la bolsa de metales de Londres; así, las mineras pagarían una cifra 40% mayor a lo que hoy se recauda con el 5% de las utilidades operacionales, entendiendo, por todo lo que se ha mostrado en este artículo, que las mineras están pagando menos de lo que debieran, y que con esta forma no habría elusión de este pago en el futuro, ya que el indicador de ingresos es externo a las empresas mismas. Estos mayores ingresos no solo pagarían las deuda que
hoy se adquiera para la reconstrucción, sino que asegurarían un royalty minero más eficiente y justo para nuestro país, y para los mismos inversionistas, al generar un marco más estable, conocido desde ya.