• El incierto escenario legal tras el anuncio de “quiebra”.
Mientras todo Chile celebra el contacto con los mineros atrapados en la San José, un nuevo foco de conflicto se abre: se trata de la disputa legal respecto a una eventual “quiebra” de la empresa. Las opiniones están divididas: hay quienes creen que el marco legal favorece a los empresarios pero otros aseguran que es posible acorralar a Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny. Entre ellos, el abogado de los mineros.


Foto: Alejandro Olivares

El lunes al mediodía, Hernán Tuane, abogado de la compañía minera San Esteban, llegó a las oficinas de la Contraloría a presentar un requerimiento para aclarar las presuntas irregularidades en la reapertura de la mina San José, en mayo de 2008. En las afueras del edificio de calle Teatinos, luego del trámite, Tuane se despachó un “speach” de antología. Primero dijo que la empresa estaba en “riesgo de quiebra”, luego que pediría al Estado que “colabore con caja” y remató afirmando que el trabajo de seguridad de sus representados fue “de excelencia”.

La declaración del abogado no sólo dejó perplejos a los periodistas apostados en el lugar sino también a personeros de gobierno. Hinzpeter no dudó en calificar la maniobra como una “desfachatez” y Ena Von Baer la tildó de “impresentable”. Calificativos que, a la mañana siguiente, encontraron correlato cuando el Ejecutivo solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado para recuperar los fondos gastados en el rescate de los mineros. El escenario judicial, desde entonces, ha cobrado cada vez más relevancia. No son pocos los que auguran que en los procesos venideros se medirá la real consistencia de nuestro marco jurídico en materia laboral.

Según José Luis Ugarte, experto en derecho laboral de la Universidad Diego Portales, el derecho chileno es el gran escollo a la hora de resolver este tipo de conflictos. “El lucro siempre ha sido el leitmotiv de todo el andamiaje legal en desmedro de la integridad física y psíquica de los trabajadores”, asegura. De ahí que vislumbre un escenario de eventual impunidad.

-Pasada esta efervescencia mediática respecto a las mineras, vienen las frías reglas legales que operan, por lo general, a favor de los grandes intereses -arguye.

El principal escollo para hincarle el diente a los dueños de la mina San José, afirma Ugarte, es que no resulta fácil desde el derecho general, y laboral en particular, acceder a los patrimonios personales de los propietarios. Situación que sólo sería factible sobre el capital declarado por la personalidad jurídica, o sea, la compañía minera San Esteban. Esta situación implicaría, si se decreta la quiebra de la mina, que el mayor activo de la empresa, en este caso el yacimiento, no tendría ningún valor pues no estaría en condiciones de volver a funcionar. De ahí que el escenario planteado por Tuane no sólo pone en jaque a los acreedores de la empresa sino a los trabajadores que no podrían cobrar sus sueldos. Y no sólo eso: también la empresa podría zafarse de eventuales indemnizaciones por daño moral o accidentes de trabajo.

-Estos señores van a seguir siendo ricos, gozando de su prosperidad y los mineros seguirán con sus créditos laborales impagos- argumenta Ugarte.

Para Javier Castillo, secretario del sindicato de San Esteban, no es tema quién responda a los mineros siempre que alguien lo haga.

-Alguien va a tener que responder por los trabajadores y ese alguien puede ser el Estado, la banca privada, me da lo mismo. El ministro nos dijo que el gobierno tiene una cartera abierta para resolver el tema social y nos quedamos con eso. Si vamos a exigirle a la empresa para que responda, va a ser un tremendo error. La empresa debe dinero y si no pueden pagar con plata que paguen con cárcel -sostiene Castillo.

Respecto al emplazamiento de los dueños de la mina para que el Estado pague los sueldos de los mineros las voces de rechazo no escasean.

El diputado PC Lautaro Carmona, miembro de la comisión investigadora de la Cámara Baja, sostiene que la actitud de los empresarios es cobarde.

-Es una manifestación de irresponsabilidad que demuestra la contextura ética de estos empresarios que forman parte de la peor generación neoliberal del país, que siempre hace una interpretación abusiva de las leyes -sentencia el diputado.

Para Carmona la única posibilidad para que Kemeny y Bohn no queden libres de polvo y paja es que exista una voluntad política transversal que, por cierto, incluya al Presidente de la República.

-Espero que con el Ejecutivo se pueda tomar medidas precautorias para incautar los bienes de estas personas -agrega Carmona.

DISTRACCIÓN DE BIENES

Precisamente la propuesta de Carmona es la que debería abrir un nuevo flanco legal en contra de los directivos de la empresa. Para José Luis Ugarte la clave sería pasar directamente al plano penal.

-Habría que atribuirle algún delito culposo por lesiones imprudentes y atribuirles a los dueños responsabilidad directa -asegura el abogado.

Eso es lo que plantea el Ministerio Público de Copiapó, a través del fiscal Héctor Mella, que ya entabló una denuncia por cuasi delito de lesiones gravísimas en contra de los mineros. El abogado Edgardo Reinoso, que representa a los familiares de 24 mineros, se sumó a principios de esta semana a la causa y en los próximos días, asegura, presentará una querella criminal en contra de los eventuales responsables. Para Reinoso es de vital importancia que los dueños de la mina no eludan sus responsabilidades patrimoniales.

-Estamos estudiando las acciones civiles para evitar una eventual declaratoria de quiebra y para impedir una distracción de bienes- sostiene. Dicho de otro modo, agrega, las medidas judiciales pretenden que los responsables “no se arranquen, transfieran bienes, hagan chanchullos o digan que no tienen plata”.

Respecto a la eventualidad de que la empresa se declare en quiebra Reinoso asegura que esta tiene que ser calificada por un juez que acredite la insolvencia. No hay que olvidar, advierte, que las quiebras también pueden ser dolosas.

-No es tan papaya irse a la quiebra y joder a medio mundo. Uno puede perfectamente querellarse si se trata de una quiebra maliciosa y, en este caso, puede ser fraudulenta teniendo en cuenta la conducta de estos personajes- afirma.

Reinoso no es un neófito en estas lides. En el año 2007 representó a las familiares de los 26 muertos en el accidente de Tur-bus en Tinguiririca donde fueron formalizados altos ejecutivos de la empresa por cuasi delito de homicidio.

-Al final Tur-bus terminó pagando 300 millones de pesos por cada fallecido- asegura.

Por eso Reinoso se tiene fe. “Estoy seguro que a los dueños de la mina se le puede hincar el diente, siempre y cuando les encontremos bienes. Yo creo que se los vamos a encontrar. Y no lo digo de petulante”, concluye.