Foto: Patricio Miranda
Hace unas semanas, la presidenta de la ONG Humanas se convirtió en la primera directora del Instituto de Derechos Humanos, una nueva institución llamada a ser protagonista en esta materia: el Instituto debe elaborar un informe sobre el estado de los DD.HH. en Chile, puede representarle al Estado problemas que detecte y hasta querellarse cuando lo considere adecuado. Como dice ella, una especie de “Contraloría” de DD.HH.

Cuando se le pregunta a Lorena Fries, la flamante directora del todavía más flamante Instituto de Derechos Humanos, sobre la detención de 14 jóvenes acusados de ser los autores de los más de cien bombazos que se han registrado en Santiago, dice que le preocupa esta nueva aplicación de la Ley Antiterrorista.

-Esta ley da mucho margen para situaciones irregulares en materia de Derechos Humanos. Entonces, un tema que debemos abordar es su reforma o modificaciones -dice.

¿Qué aplicaciones de la ley dan pie para eso?
-La ley antiterrorista chilena tiene un grave defecto: contiene descripciones muy vagas de las conductas que se debe sancionar. Se abusa de tipos penales abiertos, con lo cual se vulnera el principio de tipicidad, que es fundamental para la existencia de un Estado de Derecho. Adicionalmente, contiene elementos que configuran presunciones de responsabilidad penal que son inaceptables. El Ministerio Público siempre debe tener la carga de probar sus imputaciones. En este caso, la intención de atemorizar a la población. Y lo otro, son los vicios que produce durante el procedimiento, porque pone una serie de cortapisas al debido proceso.

Ellos son presentados como los terroristas.
Estigmatiza. Pero además, hay un perÍodo de investigación que es mucho más largo que en los procesos penales normales; hay inexcarcelación. Por lo tanto, se pone entre paréntesis todo el entramado del Estado de Derecho.

A un sistema democrático como el chileno, ¿cómo le hace tener una ley antiterrorista así?
Creo que no lo viste bien, porque es además una ley que se ha reformado dos veces y no hemos logrado todavía adecuarla a estándares de DD.HH. Y más aún: el gobierno el año pasado se comprometió a modificar esa ley ante el sistema de Naciones Unidas. Y ahora tenemos que ver qué de eso podemos lograr.

Ustedes se constituyeron hace poco en la cárcel para ver a los llamados presos políticos mapuches, los prisioneros de la CAM. ¿Qué evaluaron ahí?
Lo primero, es que estamos ante un grupo que no necesariamente es ligable al anterior, el que hizo la huelga con La Chepa. Son cabros jóvenes, muchos de ellos con estudios, con una legítima reivindicación de su identidad mapuche y lo que eso significa en términos de cultura y que hoy alegan, por sobre todo, por la aplicación de la ley antiterrorista y por contar con un juicio justo. No es que estén metiendo todo en una misma bolsa. Hay una comprensión de ellos, y la hubo de parte nuestra también, en señalar que lo que están demandando es que se modifique la Ley Antiterrorista y que haya un juicio justo que les permita tener buenas defensas.

En estos dos procesos donde se aplica Ley Antiterrorista, lo que siempre queda flotando -y de hecho se planteó en el juicio de la CAM- es la calidad de las pruebas.
Hay, de parte de los presos mapuches, mucha denuncia respecto de montajes. De parte de sus abogados, también. Nosotros no pudimos, obviamente, constatar la veracidad de eso. Lo que hicimos fue recoger lo que los distintos actores decían.

También hay testigos secretos.
El testigo secreto está siendo una institución. Se usa en otras leyes antiterroristas. Pero diría que hay que tener mayores resguardos, porque acá el testigo protegido ha estado, pareciera, en todos los actos. Y por lo tanto, cuesta ver por qué no es formalizado como imputado. Ese es un problema, porque además son impunes respecto de lo que dicen, porque un testigo tiene la obligación de decir la verdad, porque si no puede recibir sanción.

DD.HH.

Hablando de lo general, cómo se ve la situación de los DD.HH. en Chile a 20 años de empezada la democracia.
No me gusta poner el parámetro de la dictadura, porque a 20 años creo que comparar con la dictadura siempre salimos ganando. Lo que sí me parece es que tampoco podemos sentirnos conformes. El camino de los DDHH es un camino de inconformismo permanente. Y en ese sentido sí hay temas que deben tocarse y profundizarse: uno, terminar nuestro legado del pasado en términos de procesos de verdad, justicia y reparación, lo que hemos estado haciendo estos 20 años.

Es lo que hace el Programa de DDHH del Ministerio del Interior.
Por supuesto, y lo que está haciendo la comisión que recalifica antecedentes que no estaban antes considerados ni en Rettig ni en Valech. Ese es un tema. Pero creo que el gran tema de este país es la igualdad y no discriminación como derecho. Me parece que ahí no hemos entrado a un debate profundo de qué significa el derecho a la igualdad y no discriminación.

¿Dónde se notan esas falencias?
Sobre todo en los sectores que históricamente discriminados, en los niños y las niñas, en los privados de libertad, en las mujeres, en los pueblos indígenas; en todos aquellos que no constituyen el parámetro de hombre-blanco…

Los que no tienen poder.
Exactamente.

Es inevitable recordarse de algunas de las nuevas políticas que se han estado impulsando desde el gobierno. En Sernam, por ejemplo.
Es complicado, creo. A Chile se le han hecho una serie de recomendaciones internacionales en los temas que tienen que ver con derechos de las mujeres y en los relacionados con pueblos indígenas. En los dos casos, fuertemente. Y apuntan a que todavía no tenemos ciudadanas que tengan los mismos derechos que los hombres.

Lo que pasa con las Isapres, por ejemplo.
Lo que pasa con las Isapres y menos mal que hubo un grado de debate con el tema del Tribunal Constitucional; lo que pasa con el derecho de las mujeres a acceder a espacios de poder: somos unos de los pocos países en América Latina que no contamos con mecanismos institucionales para garantizar la participación de las mujeres.

Pese a que tuvimos una Presidenta.
Pese a que tuvimos una Presidenta. No pudo, si bien quiso, promover una ley en ese sentido, no fue considerada para estos efectos. Pasa con la violencia contra las mujeres, que atañe a todos los derechos fundamentales de las mujeres. En este país se entiende que la igualdad es la igualdad de trato incluso a los diferentes. Y como el juicio sobre la igualdad es un juicio comparativo, siempre lo ponemos en situación a otros. Y se nos escapan derechos que son propios de ese sector. Hay ciertos campos en que los derechos se reafirman por sí solos y no en comparación a otros. Es lo que pasa también con los pueblos indígenas, que no necesariamente aspiran a tener los mismos derechos que los mestizos, sino que derechos diferentes. Ahí nos falta discusión.

EL INSTITUTO

Ud. tiene un camino recorrido en el mundo de los DD.HH. ¿Qué es lo peor que ha visto en esto?
Siempre es la violencia, porque finalmente, sea de género, contra el pueblo mapuche, en el fondo pone en jaque todos los DDHH.

Y cómo es la situación de las mujeres en cuanto a violencia.
Alta. Chile es uno de los países con índices más altos de violencia contra las mujeres.

El Sernam estaba pensando una política que ya fracasó en el 2001: atender en los mismos centros a agresores con víctimas. Se entiende que los agresores necesitan tratamiento, pero ¿es razonable hacerlo en el mismo centro?
Creo que no, pero tengo además una comprensión un poco distinta de lo que han sido las políticas de violencia contra las mujeres. En general en América Latina, el énfasis se ha puesto en la criminalización y judicialización de estos casos. Estamos apuntando a un cambio de conducta profundamente arraigada en la cultura y la prevención es aquí un tramo tremendamente importante que todavía no hemos logrado incorporar. Eso significa hacer campañas y programas y estudios y cambios curriculares, que permitan tomar conciencia de lo que eso genera. El problema hay que situarlo antes, y que sean los tribunales los que vayan absorbiendo el último tramo. Esa es la idea del derecho penal, ser la última rattio.

Pero no solucionar el tema.
El derecho penal nunca soluciona conflictos sociales. Nunca.

Qué piensa de la discusión del llamado matrimonio homosexual en Chile.
Creo que hay que situarla dentro del campo de la igualdad. Acá no debiera haber ciudadanos de primera y segunda categoría. Me parece que una cosa es el reconocimiento de hecho de las convivencias, tanto para heterosexuales como para homosexuales. Y pienso que el matrimonio efectivamente uno pudiera también plantearlo dentro del esquema de igualdad.

Hay quienes dicen que la sociedad chilena no está preparada para esta discusión.
Yo ahí sí que soy tajante: nadie puede decir para qué está preparada la sociedad chilena, porque estamos en una sociedad de personas adultas. Y por lo tanto, todos los temas se pueden debatir y llegar a soluciones de ganar o perder un debate. A eso sí me atengo: uno gana o pierde un debate. Pero los debates se dan.