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Opinión

27 de Septiembre de 2010

Tan lejos, tan cerca

Pedro Cayuqueo
Pedro Cayuqueo
Por

Puede resultar paradójico, pero como mapuche mil veces hubiera preferido hoy haber nacido al otro lado de los Andes. En Puelmapu, en la “tierra del este”, como llamamos nosotros al territorio conocido por el resto del planeta como Argentina. Hace poco crucé nuevamente la frontera, invitado por organizaciones mapuches de aquel lado a compartir experiencias y aprendizajes en comunicación. No son pocos, debo decir. Según cifras oficiales, cerca de 300 mil mapuches viven entre las provincias de Buenos Aires y Chubut, incluyendo Neuquén y Río Negro. Y es que a pesar del silenciamiento de nuestra historia y poco más de cien años de colonialismo, porfiada es la memoria. No olvidamos. No lo hacen nuestros abuelos y menos aún podríamos nosotros. “Somos parte de un solo pueblo, una misma nación”, escuché decir a jóvenes mapuches reunidos en “General Roca”, ciudad que homenajea con su nombre al Cornelio Saavedra del otro lado. Los mapuches, desde siempre, la han llamado “Fvske Menuco”. “Un solo pueblo dividido por dos Estados”, escuché decir a orgullosas mujeres mapuches de “Ingeniero Jacobacci”, en la desértica meseta de la línea sur de Río Negro. “Jacobacci”, era que no, homenajea a otro célebre responsable de la conquista argentina del territorio mapuche: el ingeniero italiano Guido Amadeo Jacobacci, jefe de obra del ferrocarril a la Patagonia. A Jacobacci los mapuches siempre la han llamado “Huahuel Niyeu”. Y es que a pesar de lo que diga la historia oficial, alguien recorrió esos parajes y bautizó los lugares mucho antes que los argentinos descendieran de los barcos, escuche decir a un emblemático lonko. “Y ese alguien fuimos los mapuches. ¿O acaso usted cree que el “che”, el “gente” de los argentinos, es pura casualidad?”, me interrogó entre risas.

Cuando en Chile la huelga de hambre mapuche se acerca peligrosamente al día 70 y el gobierno sigue sacando cuentas políticas antes de negociar una salida humanitaria, cruzar la cordillera puede resultar pedagógico. Tan lejos y tan cerca. Si bien ambos procesos de invasión territorial datan de la misma época, entre 1880 y 1886, el tratamiento que el Estado argentino ha otorgado a los mapuches, al menos en las últimas dos décadas, contrasta notablemente con el chileno. Desde 1994, reconocida está en la Carta Magna del país vecino la “preexistencia” de los mapuches al Estado. Qué decir de su carácter de “pueblo”, concepto usado en diversas legislaciones y que a nadie pareciera escandalizar mayormente. Lo mismo sucede con el Convenio 169 de la OIT, aprobado por Argentina el año 1992 y ratificado y en plena vigencia desde el año 2000. Otro tanto con la bandera mapuche, usada de manera oficial en numerosos municipios de la Provincia de Neuquén. ¿Es Argentina la copia feliz del Edén para los indígenas? En absoluto. Bien lo saben los mapuches y otra docena de pueblos originarios que habitan al interior de sus fronteras, estos últimos principalmente en la zona centro-norte del país. Conflictos territoriales, avance de empresas multinacionales, negación de derechos consagrados en la ley e inclusive asesinatos de líderes indígenas no son fenómenos ajenos en el vecino país. Suceden y en el caso mapuche, tales atropellos riman por lo general con Repsol, Pluspetrol, Pionner y Chevron, entre otras gigantes petroleras. O bien con mineras como Meridian Gold y Aquiline Resources. O terratenientes como Luciano Benetton o nuestro archiconocido Douglas Tompkins. De que hay conflictos no resueltos, los hay. Pero la diferencia radica en la voluntad del Estado argentino –y de algunos Estados provinciales, no todos- de abordarlos con altura de miras y no desde el cálculo político menor.
Prueba de ello es la Ley 26.160, denominada de “relevamiento territorial indígena”, aprobada el año 2006 por el Congreso argentino. Dicho cuerpo legal, una verdadera excentricidad de seguro para los legisladores chilenos, reconoce la legitimidad del reclamo territorial de las comunidades mapuches, “suspendiendo por un lapsus de 4 años la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo de los ocupantes indígenas” de las tierras en disputa. Dicha ley, prorrogada este año hasta el 2014, ha resultado vital para canalizar por la vía institucional conflictos territoriales de larga data y progresiva radicalización. Es lo que ha sucedido en la Provincia de Río Negro, donde un Parlamento Mapuche (leyó bien, un “Parlamento”) encabeza el proceso de intermediación entre las comunidades y los Estados provincial y nacional. Tan lejos, tan cerca. ¿Por qué no podría legislarse en Chile una normativa similar? ¿Qué impide que el Estado chileno, la clase política o las autoridades de turno sigan los pasos de sus pares trasandinos? Argentina, como punto de partida, reconoció el año 1994 en su Constitución Política aquello que resultaba a todas luces evidente para cualquier demócrata: que antes que argentinos, en suelo trasandino habitaron mocovies, pilagas, guaranies, huarpes, kollas, wichi, chorotes, tobas, mapuches y un largo etcétera de pueblos y naciones originarias. Y en base a este reconocimiento que sobre todo es político, se han propuesto –como sociedad- avanzar hacia el reconocimiento de derechos. Aquello fue lo que consagraron en el principal contrato social firmado entre un Estado y el conjunto de sus ciudadanos. En este punto, ¿qué compromiso con Chile pueden sentir los huelguistas mapuches cuando el país ni siquiera les reconoce su existencia en la Constitución? ¿Qué “compromiso patrio” puede pedirles en estas fechas el Presidente Piñera? “Chile, una nación única e indivisible”. Este fin de semana dicho absurdo también cumple 200 años.

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