Patricio Escobar, abogado de Atacama sin carbón: “MPX más que interpretar el fallo, lo está manipulando”

En los próximos días la Corema de Atacama resolverá si la central termoeléctrica se construye o no. Si sigue al pie de la letra el fallo de la Corte Suprema -que validó la calificación de Castilla como “contaminante”-, el proyecto debería rechazarse. Pero los abogados de la empresa brasileña MPX ya han dicho que si pasa eso llegarán hasta el consejo de ministros para que aprueben el proyecto. La comunidad, en tanto, cree que ya tiene la guerra ganada.
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¿Qué implica el fallo de la Corte Suprema?
Luego de un año de análisis, la seremi Pilar Merino determinó que la termoeléctrica era contaminante, pero con el cambio de gobierno, el nuevo seremi Raúl Martínez, en julio, cambió el proyecto de “contaminante” a “molesto” -para favorecer a la empresa- y con esa modificación la industria sí se podía instalar. Pero la Corte lo que hoy dice es que el cambio que hizo el seremi Martínez es ilegal y que el proyecto es contaminante. Por lo tanto es incompatible con el uso de suelo de la zona.

Este fallo entonces impide la instalación de la termoeléctrica.
Naturalmente, lo que pasa es que la interpretación que los propietarios de la empresa le han querido dar es otra. Con los antecedentes que hoy se tienen sobre Castilla, la Corema está obligada a rechazar la instalación de la termoeléctrica y cualquier otra decisión que tome sería ilegal y nos obligaría a ir nuevamente a los tribunales.

Los abogados del proyecto del grupo MPX interpretan esto de otra forma. Ellos plantean la posibilidad de “inhabilitar” el proyecto calificado como “contaminante” y pelear administrativamente la calificación.
MPX más que interpretar el fallo, lo que están haciendo es manipularlo. La Corte dice que el mecanismo que ocupó el seremi Martínez, que se llama “revisión extraordinaria”, fue utilizado de manera ilegal. Y precisa que el camino que debería haber utilizado, si estimaba que la calificación anterior era irregular, era una vía que se llama “invalidación”. Entonces MPX dice que la Corte les está diciendo que hay que ir a esa instancia para pelear administrativamente el proyecto, pero resulta que la empresa ya le pidió a la seremi anterior, a Pilar Merino, la “invalidación” y ella la rechazó en el mes de febrero. Lo que dice el fallo es lo que está en la ley, el tema es que MPX pretende ignorar que ellos ya utilizaron ese recurso y no fue aceptado.

¿Se puede pedir otra “invalidación”?
No, porque la “invalidación” se agota una vez que es rechazada. La empresa ya no tiene más vías y cualquier intento de aprobación de Castilla sería completamente ilegal.

Los abogados de MPX dicen que van a recurrir al consejo de ministros. ¿Qué es eso?
Es una instancia integrada por la mayoría de los ministros del gabinete y allí se puede recurrir cuando los proyectos son rechazados o aprobados, según el caso, pero por muy política que sea esa instancia, ellos se deben ajustar a los fallos: si un proyecto es rechazado por ser ilegal, no podría ser acogido por el consejo de ministros.

EL LOBBY

¿Hubo mucho lobby de MPX?
Normalmente las empresas de este tipo hacen lobby, pero nosotros confiamos en los tribunales.

¿Qué tipo de lobby hubo?
Hubo un posicionamiento positivo de la empresa frente a las autoridades y la comunidad a través de un despliegue de recursos económicos en la región. Por ejemplo, a algunas comunidades de pescadores que se encuentran cerca de donde se iba a instalar Castilla, la empresa hizo ofertas para que los vecinos no se opusieran públicamente a la construcción. Esos incentivos, si bien se encuentran dentro de la legalidad, a mi juicio son completamente ilegítimos porque significan una extorsión a los afectados por el proyecto.

¿La comunidad se dividió por la instalación de la termoeléctrica?
Afortunadamente no tanto, porque los efectos de esta central son tan devastadores que la mayoría de los vecinos están en contra de la central. En la comunidad agrícola de Totoral -una de las más afectadas por el proyecto- se hicieron importantísimas ofertas, ya sea en mejoramientos a la calidad de vida y plata en efectivo a cambio de no oponerse, pero la comunidad votó en la asamblea y se opuso.

¿Tienen temor de que con la necesidad de energía que hay en Chile, el Presidente se salte toda la institucionalidad como lo hizo con Barrancones, pero en este caso en vez de oponerse se cuadre con la empresa y termine construyéndose la central?
No creemos que algo así pueda ocurrir. El Presidente ha dicho muchas veces que esa situación fue excepcional con el fin de proteger a la comunidad y no nos imaginamos que el Presidente incurra en una nueva situación excepcional con el fin de afectar la vida de las personas que viven en el entorno de la central Castilla.

En el caso de la central de Campiche, la Corte prohibió continuar con el proyecto, pero se llegó a un acuerdo y se siguió construyendo. Me da la sensación de que por mucho esfuerzo que pongan las comunidades en oponerse, siempre se termina perdiendo.
Es cierto que eso pasó, pero cada caso tiene sus particularidades. En la forma en que esto está planteado creemos que no es viable y estamos seguros que la autoridad lo rechazará.