*Por Jorge Contesse Singh

Era previsible. En un país que ha hecho del discurso de la mano dura el lugar común de cualquier político con temor a dejar el poder, la tragedia de San Miguel no es más que la culminación del fracaso. De todos. Del poder político, de los jueces y de nosotros, los ciudadanos a pie. La cárcel es, como ningún otro, aquel espacio que preferiríamos no existiera, pero que está allí. Cualquiera que haya pisado una cárcel sabe que el hedor único de la humanidad anulada difícilmente se olvida.

No sabemos aún la causa real de la tragedia. ¿Fue una riña? Eso dice la autoridad. ¿Fue un corto circuito? Eso dijo un interno. ¿Importa acaso?

Desde hace años que Chile vive una crisis en el sistema penitenciario. Somos uno de los países con la tasa de delitos más bajas de la región -aunque los Espina, Harboe, Rosende y, hoy, Hinzpeter canten lo contrario- y, sin embargo, competimos por la tasa carcelaria más alta de América Latina. Mientras en Brasil, de donde llegan imágenes de tanques combatiendo el delito, hay 227 presos por cada 100 mil habitantes, en Uruguay, 193, Argentina, 154, y Perú, 139, en Chile tenemos 305 presos por 100 mil habitantes.

Los beneficios penitenciarios alejan el contacto criminógeno y hacen menos peligrosos a quienes aún no se convierten en delincuentes completos -normalmente, con delitos de baja peligrosidad, como los cometidos (supuestamente, en muchos casos), por quienes habitaban la Torre 5 de San Miguel.

Pues bien, en 1995, 4.682 internos en promedio accedían a beneficios
penitenciarios; en 2006, solo 1.193. Nuestra política penitenciaria se
encargaba de hacer más peligrosos a los presos, junto con colaborar al
aumento de la sobrepoblación.

En este sentido, solo en los últimos tres años, la sobrepoblación en las cárceles chilenas aumentó del 45,2% al 60,6%. En algunos casos, esta alcanza casi ¡el 400%! de la capacidad de los recintos. ¿Cuál ha sido la respuesta de la autoridad a este problema? En lugar de incentivar el uso de medidas alternativas a la privación de libertad y administrar los beneficios penitenciarios, tanto la Alianza como la Concertación encontraron la solución en un programa de construcción de cárceles concesionadas.

Ocurre que las cárceles no se construyen para tener vacantes -salvo aquellas erigidas especialmente para militares- y ya existen recintos concesionados copados en su capacidad. No solucionamos el problema; simplemente lo cambiamos de lugar.

En 2008, una comisión especial de la Cámara de Diputados concluyó que
el programa de construcción de cárceles concesionadas había obedecido
en parte a lógicas políticas y que se habían omitido “elementos indispensables para que el programa surtiera efectos”. El ministro de
Justicia de entonces, Carlos Maldonado, no se hizo responsable.

Desde que a nuestros líderes políticos les pareció una buena idea librar una “guerra contra la delincuencia” no es de extrañar que solo ante una tragedia de esta magnitud nos enteremos de cómo nosotros, los no delincuentes, los honestos, los “buenos”, hemos despojado de toda dignidad a quienes se han puesto al margen de la ley; los malos, los otros.

¿Qué hace falta para que atendamos nuestras obligaciones? ¿Qué
necesitamos para recuperar la dignidad extraviada?

*Director Centro de DDHH UDP