En términos generales, cualquier proyecto de tipo productivo debe, necesariamente, exponer su modus operandi frente a los SEA (Servicios de Evaluación Ambiental), otrora llamadas COREMAS. Las evaluaciones correspondientes determinarán si procede o no la aprobación y en caso de presentar observaciones, la obligatoriedad de subsanar los incumplimientos. Con el advenimiento de la Ley de Transparencia, los Servicios del Estado deben entregar la información que se les solicita, cuando se requiera conocer los objetivos y la forma en que se lograrán, todos y cada uno de los elementos que constituyen el alma de cada proyecto, especialmente en lo que dice relación con los impactos al medio natural y, en su interacción, a otras actividades productivas que se encuentren en las proximidades de aquel.

Dentro de los muchos proyectos que no cumplieron con estos mandatos sobresalen varios relativos a la actividad forestal (Celco, Licancel); minera (Barrick Gold), pesca y acuicultura (salmonicultura), por mencionar los más emblemáticos.

En el último caso, todas las instancias públicas hicieron la vista gorda y permitieron que se desatara la catastrófica situación que no sólo acabó con la empresa salmonera, si no que se proyecta como una de las probables causas de la destrucción de grandes ecosistemas, especialmente los más sensibles dada su condición oceanográfica, puesto que se ubican en el mar interior de Chiloé.

Cada vez que se requirió respuestas por las inexcusables omisiones o transgresiones a la normativa imperante, se recurrió a alguna artimaña de tipo legal para impedir el acceso a la información. Así las cosas, la Ley de Transparencia se aplica en las instancias y tiempos que a las empresas beneficie y mucha de la información inherente a la actividad se trata como reservada, lo que permite que se niegue el acceso a ella.

Esto ocurrió con el tema de los antibióticos en las dietas, con la entrada (sin cuarentenas) de ovas de peces, con los manejos inapropiados de las densidades de cultivo, etc., todos elementos que conspiraron para que hiciera su aparición el virus ISA, que terminó por hundir a esta industria.

Elementos similares se advierten en las tramitaciones que se hacen en la XI y XII regiones, en donde aún muchas empresas no entregan los informes para ser evaluados ambientalmente, aunque gran parte de la población se niega de manera rotunda al emplazamiento de centros en esas zonas.

Una copia feliz del edén resulta ser lo que está pasando con Hidroaysén, megaproyecto que ha su presentación al sistema de evaluación ambiental tuvo más de 1000 observaciones, muchas de las cuales aún no son respondidas, pero que da la sensación que serán objeto de ocultamiento a través de la figura de la “información confidencial” para no entregar los antecedentes que se le solicitan, mientras se hace una fuerte propaganda que usa la mentira y el temor por el desabastecimiento como manera de obtener los permisos correspondientes.

La “nueva manera de gobernar” debiera dejar de privilegiar a dos ó tres capitalistas en desmedro del resto de los chilenos y de su patrimonio natural. Recuérdese que el pueblo dejó de creer en los ofertones de la Concertación y decidió por el cambio, mismo que merced a las constantes mentiras y faltas a la probidad puede volver a darse.

Federico Orellana Fuenzalida
Biólogo Marino