La Defensoría penal pública del la región del Biobío presentó un recurso para anular el juicio en el que fueron condenados cuatro mapuches como autores del homicidio frustrado contra un fiscal y lesiones graves a tres policías en la madrugada del 16 de octubre del 2008.

Por esos hechos, un Tribunal del municipio de Cañete, en el sur de Chile, condenó a 25 años y 2 días de prisión a Héctor Llaitul Carrillanca y a 20 años y 2 días a José Santiago Huenuche Reiman, Ramón Llanquileo Pilquimán y Jonathan Huillical Méndez.

Fuentes judiciales confirmaron a Efe que sobre la medianoche del viernes, el defensor local Pablo Ardouín Bórquez llegó a la casa de la Administradora del Tribunal de Cañete y entregó el escrito que será enviado la próxima semana a la Corte de Suprema en Santiago.

De ser aceptado a tramitación, se estima que dentro de seis a ocho semanas habría alegatos en la Corte Suprema “y que dentro de unas dos a cuatro semanas más, el máximo tribunal podría entregar su decisión sobre si anular o no este juicio, que se extendió desde el 8 de noviembre de 2010 hasta el 22 de febrero de 2011”, precisaron las fuentes.

El ataque contra el fiscal Mario Elgueta, que investigaba delitos relacionados con el conflicto abierto por las reclamaciones de tierras por parte de comunidades indígenas, ocurrió en octubre de 2008 y la investigación apuntó a la Comunidad Arauco Malleco (CAM), una de las organizaciones mapuches más radicalizadas.

La Fiscalía, en el curso de la investigación, imputó a los comuneros en el marco de la ley antiterrorista, que implica penas más duras, y había solicitado para ellos un total de 103 años de prisión, pero el tribunal decidió no aplicar esa legislación.

El año pasado, los cuatro participaron en una huelga de hambre que más de treinta presos mapuches mantuvieron durante 80 días, en demanda de la no aplicación de la ley antiterrorista y condiciones de reclusión más dignas.

El ayuno se resolvió con la mediación de la Iglesia católica y finalmente el tribunal resolvió desechar la aplicación de la ley antiterrorista.

Los mapuches son la principal comunidad indígena de Chile, suman unas 600.000 personas que representan el 4 % de la población total y se concentran en la región sureña de la Araucanía, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago.

La Defensoría penal pública es un organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, cuya misión es proporcionar defensa penal a las personas que carecen de abogado, velando por la igualdad ante la ley y por el debido proceso.