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Poder

14 de Abril de 2011

PDI investiga transacciones bancarias de la familia Pinochet en Londres

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El juez Manuel Valderrama, que investiga el origen de la fortuna del fallecido dictador Augusto Pinochet , ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) analizar varios documentos bancarios del exgobernante de facto enviados desde Londres el pasado febrero.

Fuentes judiciales confirmaron hoy la información, adelantada por el diario La Tercera, precisando que las pericias serán realizadas por la Brigada de Lavado de Activos, de la PDI, en dos archivadores que contienen cheques, estados de cuenta y otros documentos bancarios de Pinochet, fallecido en diciembre de 2006.

Estas diligencias buscan determinar si esos documentos contienen información sobre transferencias de fondos realizadas por la familia Pinochet desde cuentas en sucursales londinenses del banco estadounidense Riggs, donde se descubrieron cuentas secretas del dictador.

El exhorto internacional fue enviado al Reino Unido en 2005 por el entonces juez de la causa, Sergio Muñoz, según indica el diario.

Entre los documentos enviados desde la Serious Fraud Office, la oficina del Gobierno británico para indagar casos de corrupción y fraudes, hay transacciones realizadas por Lucía Pinochet y “José Ugarte”, uno de los seudónimos que utilizó Augusto Pinochet.

De acuerdo con un peritaje realizado por expertos de la Universidad de Chile que fue entregado en 2010 al juez Valderrama, Augusto Pinochet acumuló una riqueza superior a los 21 millones de dólares, de los que sólo dos millones tienen una justificación contable.

La investigación, que inició el juez Sergio Muñoz y prosiguió después Carlos Cerda, se abrió tras el descubrimiento de numerosas cuentas secretas que Pinochet mantenía en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras del exterior.

La justicia ordenó por ello el embargo de la mayor parte de los bienes de la familia.

Al fallecer, el 10 de diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en este caso por fraude al Fisco y uso de pasaportes falsos y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de caudales públicos.

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