¿Propuestas solo para privilegiados?

La gran masividad de la marcha del pasado jueves 12 de mayo, segunda movilización nacional estudiantil, ha sido comparada con la ya histórica etapa del 2006 con el movimiento pingüino. De ello surge la aprensión de tener un final similarmente frustrante con un retroceso en materia legislativa y una grotesca pasada a llevar de la voz ciudadana, con un vuelco de voluntades de parte de los medios de comunicación y la omisión de los mismos del descontento de los actores sociales con los resultados de ese proceso.

Existen varios motivos para desafiar esa aprensión. Podemos afirmar convencidos que tenemos uno de los mayores movimientos de nuestro tiempo, el que es capaz de recuperar la Educación Pública, con equidad, calidad y los valores propios de la misma –pluralista, integral, laica y democrática- instalando así el primer paso para la construcción de un Sistema Nacional de Educación Superior.

Esta será la base formadora de ciudadanía y del conjunto de profesionales y técnicos dedicados al trabajo científico, artístico, cultural e intelectual que Chile y su pueblo necesitan. Sólo avanzando en la construcción de él podremos ir derrocando la actual hegemonía del mercado y del lucro que nivela hacia abajo el quehacer académico, nos hace esclavos de las deudas y nos limita a un proceso formativo que sólo ayuda a reproducir lo ya existente.

El respaldo de nuestra convicción se sustenta en tres ejes principales: la masividad y transversalidad de la convocatoria aumentó considerablemente desde la primera a la segunda marcha (de 9.000 a más de 30.000 personas en Santiago, 100.000 en todo Chile). Y va en ascenso, del mismo modo que el entendimiento global de la necesidad de sumar se profundice, lo que ha logrado que las discusiones y la adherencia al petitorio avancen hacia los que hoy aún no han salido a la calle.

Segundo, el aprendizaje y crecimiento de los movimientos sociales en la última década, protagonizados por una juventud activa, crítica y lozana, que escribe el rumbo del período post dictadura de alzar la voz por la lucha de los derechos de la ciudadanía. Y tercero, la evidente contradicción entre la voluntad de las mayorías y la política privatizadora arrasadora por este (y anteriores) gobiernos de derecha en materia de Educación, Salud, Trabajo, Medio Ambiente, derechos básicos, libertades civiles, entre tantos otros. Disfrazan propuestas populistas con la colaboración de los medios masivos de comunicación, pero que los movimientos desenmascaran en protesta pacífica y constante movilización, porque sólo profundizan el saqueo económico, la violación de nuestros derechos fundamentales y la dominación de nuestro pueblo.

El gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha querido disminuir el peso de nuestras demandas, apelando a que los estudiantes de Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) representan a los sectores más vulnerables que hoy ingresan a la Educación Superior y que hoy no están movilizados junto a nosotros, los “privilegiados”.

Con eso salen a la luz los principales problemas estructurales, los que no reciben solución alguna. Por un lado, se omite que a pesar de la gran concentración de estudiantes vulnerables en los CFTs e IPs (34% y 25% respectivamente), al interior de las universidades siguen existiendo 132.267 estudiantes del I y II quintil (22%).

Estas instituciones reciben una ínfima regulación estatal, lo que pone en duda tanto su misión como su calidad, permitiendo que los dueños de ellas aprovechen la desventajosa situación de los estudiantes vulnerables –situación que empeora más aún con la falta de una alternativa estatal en el rubro como alguna vez lo fue el Inacap- para cobrar aranceles excesivos en línea con la oportunidad de endeudamiento familiar.

Por otro lado, la desprotección de los estudiantes que plantean organización, un ataque directo al valor fundamental de la democracia que debiera imperar en todo establecimiento educativo. Esto se deba a la falta de planificación estatal de educación, el escaso espectro de oportunidades que tenemos al egresar de colegios municipales sin amparo estatal durante la escolaridad y luego ser doblemente discriminados por un sistema de selección universitaria que premia de manera injusta el ingreso socioeconómico en vez de la capacidad intelectual.

Todo esto no hace más que corroborar que nuestras demandas –acceso equitativo, democratización y financiamiento y regulación estatal para la Educación Pública- responden a las necesidades del Chile de hoy y que apuestan a levantar una propuesta de Educación a la altura de las exigencias de toda la nación.