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En el siglo XVIII Thomas Robert Malthus profetizó una catástrofe mundial fundado en una constatación preocupante: la población crece en progresión geométrica y los alimentos en forma aritmética. Para evitar este escenario se han buscado formulas a fin de contar con cultivos de mayor calidad y que presenten mejores rendimientos por superficie, a partir de generar nuevas variedades vegetales; por ejemplo, cruzando un tipo de maíz que tiene un valor nutritivo especial, con otra especie que es resistente a determinadas plagas, obteniendo así una especie mejorada.

Actualmente existen dos formas básicas para obtener variedades: de manera orgánica, cruzándolas en forma natural, y a través de la transgenia, interviniendo el ADN de las plantas para generar una nueva que no se daría de otra forma en la naturaleza.

Todo esfuerzo para desarrollar nuevas variedades requiere de investigación científica cara y de largo plazo, por lo que tradicionalmente los estados han asumido dicha responsabilidad, lo que en Chile ocurre hace más de 50 años a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. Sin embargo, se ha sostenido que los estados no cuentan con recursos suficientes para desarrollar plenamente este esfuerzo, permitiéndose a los privados asumir esta labor, garantizándoles a cambio derechos sobre las variedades que generen. Esta visión se concreta en el tratado internacional UPOV, cuya versión del año 1991 ha sido ratificada por el Congreso Nacional bajo fuertes críticas. Sus defensores han dicho que incentivará la aparición de nuevos y mejores cultivos, y que en nada afectará la discusión sobre transgénicos en Chile, ya que ampara tanto a quien ha producido una variedad en forma orgánica como transgénica.

El problema es que existe una política silenciosa y poco trasparente de este gobierno a fin de entregarle a los privados el control de la producción de nuevas variedades vegetales, permitiendo que en un futuro no muy lejano los derechos sobre ellas sean de propiedad de un reducido grupo de empresas.

En Chile el mercado de semillas está controlado por tres actores fundamentales: Semillas Von Baer, principal productor a nivel nacional y una cuyas propietarias es la Ministra Vocera de Gobierno; el INIA; y la empresa ANASAC, la cual según ha trascendido será adquirida por la multinacional Monsanto, que es el mayor productor de semillas a nivel mundial.

Asimismo, las principales entidades que realizan en Chile investigación para generar nuevas variedades son INIA y la Universidad Católica, suscribiendo esta última un acuerdo con Monsanto, que le permite a la empresa controlar dicha actividad. Además, el actual gobierno nombró como director de INIA al ex decano de agronomía de la UC, Guillermo Donoso, quien tuvo que dejar su cargo después de graves denuncias por haber logrado paralizar y tratado de desmantelar a la entidad, además de entregarle a ANASAC información privilegiada sobre las variedades que producía el Instituto, manteniéndose hasta el día de hoy en sus cargos a los directivos que lo acompañaron en su cuestionada gestión.

Completa el panorama la intensión del gobierno de colocar urgencia a la discusión del proyecto de ley que permite la obtención de variedades transgénicas, que es precisamente el área donde Monsanto tiene un liderazgo indiscutido.

Sin duda que los privados pueden generar cultivos, pero deben realizarlo en un contexto en que el Estado desarrolle y detente el derecho sobre las principales variedades que sirven de base para la alimentación de la población, identificando y resguardando las especies autóctonas a fin de impedir que los privados las inscriban como propias, y produciendo semillas de calidad para beneficiar a la pequeña y mediana agricultura, además de evitar la especulación en su precio.

Además no es posible que estemos frente a iniciativas de gobierno impulsadas de forma poco transparente y que benefician económicamente a una empresa de propiedad de la Ministra Von Baer, en cuya administración ella participaba hasta antes de asumir en dicha cartera, según da cuenta su propia declaración de intereses.

Así las cosas, actualmente la amenaza de Malthus merece ser reformulada: el principal riesgo para la seguridad alimentaria de la población radica en que la producción de alimentos crece en forma aritmética, pero sus dueños se reducen en forma geométrica.

Mauricio Daza es Abogado.
Magíster en Derecho.
Secretario Técnico y Abogado Dirección Nacional INIA 2007 – 2010.