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Poder

8 de Junio de 2011

La versión del Ministro de Hacienda

El ministro Felipe Larraín se equivocó. No fue un error menor, un chascarro o enredo de palabras como los que se escuchan a diario en La Moneda. No. Lo suyo fue mucho peor que decir marepoto o dar vida a Robinson Crusoe. En un pataleo por salir libre de polvo y paja tras despedir a […]

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El ministro Felipe Larraín se equivocó. No fue un error menor, un chascarro o enredo de palabras como los que se escuchan a diario en La Moneda. No. Lo suyo fue mucho peor que decir marepoto o dar vida a Robinson Crusoe.

En un pataleo por salir libre de polvo y paja tras despedir a una empleada embarazada, el ministro emitió un comunicado sobre su situación doméstica -desde el departamento de comunicación de su cartera- que desconoce el documento de la Dirección del Trabajo (DT) que constataba una fiscalización a su domicilio.

No sólo habló de fechas disímiles a las expuestas en el documento oficial de la DT, sino que afirmó abiertamente haber desconocido el embarazo de la trabajadora, pese a que su representante dijo el 26 de noviembre -como consta en el acta- que los empleadores tenían pleno conocimiento del hecho.

El documento dice textual: “En revisita concurre el representante de la Sra. Cisternas, a quien se indica el motivo de la fiscalización y los efectos que ésta trae respecto a la trabajadora y el vínculo laboral. Al respecto señala que los empleadores tenían en conocimiento la situación de la trabajadora afectada, indicando que se allana a la reincorporación de ésta a las labores convenidas. Se informa que deben ser pagadas la totalidad de las remuneraciones y cotizaciones por el periodo separada, y comunicada mediante carta certificada de su reincorporación”.

Lo anterior, sucedió luego que la funcionaria de gobierno recibiera un portazo en el primer intento y decidiera dejar una “citación en el buzón del domicilio para que concurra a la Inspección del trabajo con fecha 26 de noviembre a las 09:00 hrs”

En su declaración de ayer, Larraín omitió el portazo y no se refirió a la “agresividad” -como da cuenta la inspectora de la Dirección del Trabajo- que recibió de parte de la familia de Larraín Cisternas al momento de cumplir con su trabajo y notificarla de la grave falta que se estaba cometiendo contra la mujer.

El documento dice textual: “A lo cual se niega a firmar dicho documentos (sic), respondiendo en forma altamente agresiva y cerrando violentamente la puerta de la calle en el momento en que la suscrita procedía a explicar el motivo de la Fiscalización”.

Las declaraciones de la ministra del Trabajo y ex senadora Evelyn Matthei fueron en la misma línea. Mostró desconocimiento sobre el tema y sobre los documentos que la institución, que depende de ella jerárquicamente, emanó:

“No sé si no conocía la ley, o si al momento de despedirla no sabía que estaba embarazada. En realidad he leído las actas y no me queda claro si al momento de despedirla sabía que estaba embarazada o no”, dijo saliendo al paso a la denuncia, minimizando el hecho y -como lo dijo su jefe- queriendo pasar a otra cosa mariposa…

Sin embargo, el documento con rol Nº 4113 que publicó ayer este diario o “las actas” que Matthei asegura haber leído, es claro al respecto. El abogado de la familia que actuó como su representante y con “amplios poderes” reconoció frente a la Inspección del Trabajo que la familia estaba al tanto del embarazo de su ex empleada al momento de ser despedida.

A la actitud de Matthei, quien le mostró las garras a Fra Fra Errázuriz por el caso de los trabajadores paraguayos, se sumó la de la ministra del Sernam, Carolina Schmidt, quien durante tres días se negó a entregar su versión al respecto argumentando un camino burocrático para obtener su declaración: hablar con una encargada de comunicación incomunicada.

“Aquí nadie está por sobre la ley”, han repetido hasta el cansancio en La Moneda. Incluso, este fue uno de los pilares en que apoyaron sus dardos contra las administraciones anteriores cuando se produjeron casos similares en que la autoridad sirvió de pedestal para saltarse la ley.

Es muy triste que sean hoy los propios secretarios de Estado quienes traten de avalar las excepciones a la aplicación de las leyes, demostrando con actos que la igualdad pregonada se quedó en retórica.

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