El martes siete de junio, la presidenta del sindicato de una de las grandes empresas del país recibió un llamado del gerente de recursos humanos que la dejó helada: desde ese momento, la indemnización de todo trabajador despedido dejaría de incluir las asignaciones por alimentación y transporte, reduciendo considerablemente el cheque de despido.

El anunció cayó como un balde de agua fría para la dirigente sindical, pues según estimaciones de la consultora Desarrollo y Trabajo, para las personas de menores ingresos estos pagos pueden significar hasta un 30 por ciento del total del ingreso.

Sin embargo, y para desgracia de los trabajadores del país, la medida no fue algo interno de esta empresa: la Dirección del Trabajo, institución que debe fiscalizar a las empresas del país, mediante el dictamen 2314, instruyó poner fin a la inclusión del transporte y la alimentación en la base de cálculo para el pago de las indemnizaciones por despido.

Según el abogado Rafael Pereira, experto en materia laboral y ex jefe jurídico de la DT, la base de cálculo de la indemnización al momento del despido siempre había considerado estos aportes por instrucción misma de la entidad fiscalizadora. “La Dirección del Trabajo históricamente había dicho que además de las comisiones, el sueldo y otros bonos, también se consideraban pagos como la colación, el transporte y otros no remuneracionales. Y eso obviamente incrementa el monto de la indemnización por año de servicio”.

Un punto curioso en el dictamen es que este fue emitido por la institución pública de muto-propio, sin que obedezca a la demanda de un grupo sindical, empresarial o legislativo. Al menos a puertas abiertas, pues la consecuencia directa de la medida es abaratar el despido de un trabajador, algo que podría sostener más de una teoría de presión patronal en el hecho.

Según el documento, publicado el lunes 6 de junio y modificado posteriormente, la decisión se basa en fallos de la Cuarta Sala de la Corte Suprema al respecto y que habrían sentado jurisprudencia en la materia cuando los casos de despido llegaron hasta esa instancia.

Sin embargo, estas resoluciones judiciales han tenido votaciones divididas, ganando la moción de no incluir estas asignaciones en la indemnización por tres votos contra dos.

Pese a esto, existen también fallos de los tribunales laborales que han avalado la inclusión de ambos aportes en la indemnización, por lo que la medida sólo establece una nueva línea de acción dentro de la inspección.

Existe un principio de interpretación para la Dirección del Trabajo que establece que en caso de duda, debo optar aquella interpretación que favorece al trabajador”, dice Pereira.

Casualmente, la misma organización instruyó en mayo que los empleados despedidos no serían consultados sobre el pago de la deuda con las cajas de compensación a la hora de retirar sus indemnizaciones y este se haría de manera automática: un cobro por derecha.

En la práctica, esto se traduce directamente en una reducción considerable en el monto final de la indemnización que recibirá un trabajador despedido que acude a la Inspección del Trabajo en busca de una asesoría que se presume estaría orientada a favorecerlo.

Directora en Ginebra

Según datos de la Dirección del Trabajo, un promedio de 100.000 trabajadores resuelven sus diferencias con sus patrones mediante la conciliación de la entidad, sin llegar a los tribunales laborales. Durante el 2009, este tipo de procesos logró acuerdos por 24.977.298 millones de pesos para los usuarios, incluyendo ambas asignaciones.

Aunque las cifras varían, las estimaciones de Desarrollo y Trabajo, ambos ítems podrían sumar entre 80.000 y 100.000 pesos al mes.

Entonces ¿por qué se toma esta determinación? La incógnita la plantea la ex directora del trabajo, Patricia Silva. “Si el empleador quería cuestionar la conciliación, podía haber ido a tribunal y en el tribunal tampoco era seguro que ganara”, señala.

Aunque este dictamen no cierra la puerta a que un empleado pueda negarse a la conciliación y acudir a tribunales en busca de una indemnización que incluya ambas asignaciones en sus años de servicio, la normativa inclina la balanza de la justicia a favor de no incorporarlos, pues es el uso que da nada menos que la entidad encargada de defender los derechos de los trabajadores. “Uno de los argumentos para sostener los fallos de los jueces, era la doctrina de la división del trabajo”, estima Silva.

Una consecuencia no menor del dictamen tiene que ver con el ámbito previsional, pues como sostiene Pereira, las asignaciones afectadas por esta normativa no son imponibles, generando un incentivo para los empleadores para pasar dineros que antes se pagaban como remuneración a beneficios como colación y movilización. “Si antes yo pagaba una baja movilización y una baja alimentación, me va a convenir inflar esos montos, porque esos montos no van a entrar en la base de cálculo, pero además esos montos no son imponibles”, señala.

En tanto, la directora de la Dirección del Trabajo se encuentra en Ginebra para participaron en la asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo, donde hace parte de la comitiva que se completará el 13 de junio, cuando Evelyn Matthei presida la delegación que representará al país en el encuentro donde se debatirán los avances en los derechos de los trabajadores. Probablemente, no haya mucho que exponer.

 

Revisa acá el dictamen