Foto: Agencia Uno

Hace días que el fiscal Centro Norte, José Morales, busca en las notarias de Santiago un posible acuerdo secreto firmado por los abogados investigados en el caso Kodama. De acuerdo con la información recabada por The Clinic Online, se trataría de un documento que acredite una figura llamada “cesión de derechos litigiosos”.

Conocido en la jerga legal como la “venta de un juicio”, implica que una de las partes paga a otra un porcentaje por adelantado -o una promesa económica- independiente de los resultados del mismo.

En ese contexto, hay que recordar que entre el Serviu y la constructora Kodama hubo un acuerdo -visado por la ex ministra Magdalena Matte, quien declaró como inculpada el viernes pasado- que de confirmarse habría implicado el pago de 17 mil millones de pesos por trabajos extras en un corredor del Transantiago.

Para llegar a esa cifra la firma demandó al Estado a través de sus abogados Rodrigo Alcaíno y Matías Cortez en un tribunal civil por 40 mil millones de pesos, monto que finalmente se rebajó, aprobándose una transacción, gestiones que hoy investiga Morales. Pues bien, el fiscal sospecha que Kodama pudo haber hecho esa “cesión de derechos litigiosos” con profesionales ligados a la causa de la siguiente forma: si lograba evitar un largo litigio judicial se quedaba con una suculenta tajada.

El target

En la mira del perseguidor está Álvaro Baeza, el ex asesor de Matte en el Minvu, quien de acuerdo a las declaraciones que constan en la carpeta de investigación, fue uno de los principales artífices del cuestionado acuerdo por 17 mil millones de pesos.

Junto al anterior está también Darío Calderón, un profesional del foro reconocido como un “gran componedor de acuerdos”. Parte de las sospechas del fiscal aumentaron cuando Calderón se reunió con el Presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Sergio Urrejola. En el encuentro, tal como lo informó este diario, Calderón le planteó que independiente del juicio penal, el Estado le debe plata a Kodama, cifra que debería ser analizada.

Urrejola, un hombre que viene del mundo privado y ha dedicado su carrera a los arbitrajes, llevó la propuesta a sus colegas del organismo, quienes cerraron filas a favor de las arcas fiscales, negando cualquier posibilidad de negociar.

La lógica investigativa de Morales cobra sentido, además, por la conclusión a la que llegó la Contraloría en su indagatoria administrativa, en el sentido de que el acuerdo con Kodama fue un “ardid” para tratar de defraudar al fisco. Al respecto, hay que recordar que Calderón, junto a los abogados de Kodama Rodrigo Alcaíno y Matías Cortez –que ya declararon con el fiscal- , participaron de las negociaciones para llegar al acuerdo de 17 mil millones de pesos que recibiría la constructora. Y más, estos dos últimos han mantenido durante los últimos años una estrecha relación con Álvaro Baeza.

Por todo lo anterior, el fiscal Morales ha debido estudiar detalladamente los procedimientos internos del Serviu y el Minvu. Para ello ha interrogado a una serie de “mandos medios”, quienes le han revelado los “detalles finos” de cómo son las transacciones del ministerio con firmas privadas.

El encuentro

La semana pasada, en tanto, el ministro de Vivienda Rodrigo Pérez Mackenna, también se reunió con el titular del CDE. Al encuentro también asistió el asesor externo de la cartera, el abogado Pedro Pablo Gutiérrez.

En la oportunidad, Pérez Mackenna consultó en qué pie estaba el caso Kodama y se puso a disposición de Urrejola en todo lo que necesitara cuando el organismo tomara la decisión de hacerse parte en el juicio, hecho que debiera ocurrir en las próximas semanas, cuando el fiscal Morales levante el secreto de la investigación.