Mujica revocará actos de sus antecesores que frenaron juicios de la dictadura

El presidente de Uruguay, José Mujica, revocará esta semana con un decreto todos los actos administrativos de sus antecesores que impidieron juzgar los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura (1973-1985) al amparo de la Ley de Caducidad, informaron hoy fuentes oficiales.

La medida, justificada “por razones de ilegitimidad” de las decisiones tomadas por los antecesores de Mujica, fue anunciada por el secretario de la Presidencia uruguaya, Alberto Breccia, el mismo día en que se cumplen 38 años del golpe de Estado que dio inicio al Gobierno de facto.

“El señor presidente ha decidido” que “se dicte un decreto por el cual se revoca por razones de ilegitimidad todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo” que consideraron los hechos denunciados “estaban contemplados” en el artículo tres de la Ley de Caducidad, indicó Breccia en una rueda de prensa.

Según ese artículo la justicia “requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido” en la ley que dejó impunes a los militares y policías, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.