Durante la mañana de este lunes, en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, el abogado Rodrigo Reyes presentará la primera querella por el delito de lavado de activos (contenido en la ley 19.913) en el caso La Polar.

Reyes, quien ejerció por años en el Departamento de Tráfico y Lavado de Dinero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), patrocina a dos accionistas que perdieron varios millones de pesos con la caída de los papeles en la Bolsa de Santiago a raíz de las anomalías cometidas por altos ejecutivos y miembros del directorio de la compañía. Estas últimas no sólo gatillaron la investigación del organismo perseguidor penal, sino también de las superintendencias de Bancos y la de Instituciones Financieras, SBIF y SVS, respectivamente, cuyos resultados serán entregados a la fiscalía.

El profesional apunta al delito de blanqueo, basándose en la última modificación a la ley de lavado que entró en vigencia en diciembre de 2009 y que permite a la autoridad perseguir penalmente a los directores de empresas, en tanto son los responsables del llamado “gobierno corporativo”. En otras palabras, a los autores de las políticas financieras que en este caso tienen un tinte delictual.

Para sustentar los dichos de la querella, Reyes cita el artículo 27 de la Ley de Lavado. En dicho artículo, se establecen los llamados “delitos precedentes”, entre ellos, las mismas infracciones a la Ley de Bancos y a la Ley de Valores, que investiga el fiscal.

Según Reyes, los directores y otros altos ejecutivos habrían estado en conocimiento, al menos desde 2009, que los antecedentes sobre la situación patrimonial de La Polar entregados a la SBIF y la SVS eran falsos. Al no ser reales dichos datos, sostiene Reyes, las ganancias obtenidas se convirtieron en activos ilícitos. Ahí es donde comienza el lavado.

De probarse la existencia del blanqueo, la empresa podría enfrentar sanciones que van desde la disolución de la persona jurídica (es decir la empresa), la prohibición de celebrar contratos con el Estado, pérdida de los beneficios fiscales, hasta una multa, junto a las sanciones penales a los sujetos que cometieron el ilícito, en este caso los miembros del directorio a quienes se les pruebe la participación.

Hay que recordar que el fiscal Morales es un investigador que conoce al dedillo estos temas, ya que estuvo detrás de la primera gran causa de la reforma donde se logró una condena por blanqueo de capitales en contra del clan Gálmez en la Cuarta Región, organización que usaba como fachada una bananera para traficar droga a Europa, triangulando las ganancias para darles una apariencia de legalidad.

Reyes, que hoy se preside una consultora dedicada a la prevención del lavado Prelafit, sostiene que sus clientes fueron víctimas también de estafa, ya que “los autores del ilícito nos han engañado utilizando diversos elementos con el propósito de defraudar a los accionistas y obtener un beneficio económico”, se lee en la acción legal.

Transnacional

Para comprobar la existencia del blanqueo, el profesional le pide en la querella al fiscal que sea la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI la que “indague respecto de la trama financiera que se utilizó en el ilícito mencionado y proceda a interrogar a los directores, gerentes, administradores de la empresa La Polar y las empresas auditoras y clasificadoras de riesgo mencionadas en la investigación”.

Hasta ahora, como los principales responsables y cabezas pensantes detrás de las repactaciones unilaterales -que derivó en la debacle de La Polar- aparecen el ex presidente del directorio Pablo Alcalde y el ex gerente corporativo de productos financieros Julián Moreno.

Reyes, junto a la diligencia anterior, le solicita al fiscal Morales que oficie a la Unidad Análisis Financiero (UAF) para que entregue un informe de los “Reportes de Operaciones en Efectivo” desde el momento en que entró en vigor la nueva ley, “que figuren a nombre de los investigados”. En otras palabras, seguir la ruta del dinero.

Pero eso no es todo. También solicita que la UAF a través del Grupo Egmont, entidad que agrupa a las unidades de inteligencia financiera a nivel mundial- recabe información en la Fincen de Estados Unidos, respecto de la existencia de “cuentas y movimientos” de los mandamases de La Polar.

Esta última diligencia no sólo apunta a los activos que podrían haberse depositado en la banca del país del norte, sino también a la posible existencia de dinero en paraísos fiscales.

Una vez que esta querella sea proveída por el tribunal, serán más de 60 las denuncias que enfrenta La Polar, de acuerdo a los datos que aparecen en la web del Poder Judicial.