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14 de Julio de 2011

Contraloría inicia investigación contra Luciano Cruz Coke por pago de millonarias “comisiones”

La Unidad de Auditorías Especiales (UAE) de la Contraloría inició ayer una investigación reservada en contra del actual ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura (CNCA), el actor Luciano Cruz Coke y el subdirector Gonzalo Martin de Marco, por el pago de millonarias “comisiones” a un privado que conseguía publicidad y operaba con el […]

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La Unidad de Auditorías Especiales (UAE) de la Contraloría inició ayer una investigación reservada en contra del actual ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura (CNCA), el actor Luciano Cruz Coke y el subdirector Gonzalo Martin de Marco, por el pago de millonarias “comisiones” a un privado que conseguía publicidad y operaba con el Banco Estado para obtener mejores condiciones de “servicios financieros y de rentabilidad”.

La decisión del organismo fiscalizador se basó en la existencia de dos contratos con Miguel Ángel Navarro Manríquez, un ex ejecutivo de Banco Estado (BE), quien aparece emitiendo una boleta de honorarios por 27 millones de pesos que salieron del erario fiscal, algo que la ley prohíbe de manera expresa. En el recibo tributario aparece que la comisión fue cancelada por concepto de “pago de intereses del Banco Estado en el período enero-mayo de 2011”.

Por esta razón, miembros de la UAE se presentaron ayer en la sede que el CNCA tiene en la Región Metropolitana para solicitar una copia original de los documentos de los años 2011, 2010 y para indagar la posibilidad de que existiera este tipo de documentos fechados en 2009 –cuando el Consejo estaba bajo la administración de Paulina Urrutia-.

Las comisiones

Los hechos que originaron la indagatoria de la Contraloría comenzaron el 14 octubre de 2010 cuando el CNCA aprobó un “contrato directo” con Navarro Manríquez, ya que no encontró a un especialista en Chilecompra para sus propósitos, invocando de esta manera la llamada “causa legal” que le autoriza a no llamar a licitación.

Sin embargo, las cosas no parecen cuadrar en la cartera de quien encarnara a Axel Shumacher. Navarro Manríquez no figuraba en los registros de la entidad que regula a los proveedores del Estado hasta antes del contrato que se firmó el 14 de octubre y que tuvo validez de manera  retroactiva a contar del 1 de octubre.

Hasta ahí, todo pareciera estar claro, más aún si se toma en cuenta un documento del 4 de ese mes con el que Navarro Manríquez acredita que sus servicios iniciaron a comienzos de mes. Sin embargo, la resolución de Chilecompra fue publicada el 28 de octubre.

Este contrato y una posterior modificación fueron aprobados por Cruz Coke y Gonzalo Martín de Marco, quien hace pocos meses recibió la nacionalidad chilena (nació en Argentina) que le permitió asumir como subdirector del organismo.

De acuerdo a los registros de Dicom, Navarro Manríquez tiene 43 años, con residencia en Osorno, aunque su boleta de servicios lo ubica en un departamento del centro de Santiago. Presenta 17 documentos protestados por distintas empresas, entre ellas Falabella, Almacenes París, BanCondell, y las concesionarias Vespucio Norte y Autopista Central, por un total de $ 2.319.788.

El contrato firmado en octubre pasado por Navarro Manríquez y Cruz Coke en una notaría de Valparaíso revela que la decisión de requerir sus servicios se basó en que: “cuenta con una amplia experiencia en el área comercial del sector financiero y probado éxito en el cumplimiento de metas, asimismo cuenta con amplio conocimiento del Sector Público, orientado a atenderlo integralmente (… ) para generar nuevos negocios, lo que en definitiva otorga una confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada… debido a que ha prestado servicios en el Banco del Estado, en el cual lideró la coordinación y ejecución de las actividades comerciales de los ejecutivos de cuenta…”.

Básicamente, la labor de Navarro Manríquez era coordinar al CNCA con el Banco Estado y otras instituciones financieras, algo expresamente prohibido por la ley, ya que para funciones de ese tipo existen sólo 3 categorías de funcionarios: los que son de planta, los “a contrata” y los que operan bajo la figura de “honorarios”.

Todos sus contratos pasan por Contraloría para su toma de razón y no reciben comisiones, sino un sueldo.

El contrato del CNCA con Navarro Manríquez señalaba que se le pagarían $ 3.111.111 por hacer un levantamiento para “rentabilizar” la relación del organismo con el Banco Estado, donde Pablo “Polo” Piñera, el hermano del Mandatario, funge como presidente.

Este “levantamiento” también implicaba el análisis de las ofertas que toda la banca tiene disponibles, como también asesorar al CNCA en la “negociación” con los bancos “con respecto a los servicios ofrecidos por éstos y en la obtención de auspicios, aportes o regalías que resulten de la negociación”.

Lo más grave para la Contraloría fue que el CNCA se comprometía a pagarle el 10 por ciento de comisión “por concepto de la obtención de auspicios, aportes o regalías a favor del consejo… monto que en ningún caso podrá exceder la suma de $ 20 millones”.

Es decir, podría ganar más plata que el Presidente de la República si cumplía la meta. Además, el contrato le exigía a Navarro Manríquez: “no divulgar la información a la que acceda y los hechos o antecedentes que recopile…”.

Más lucas

En enero de este año, el CNCA modificó el contrato de Navarro Manríquez dándole mayores beneficios, ampliando el máximo de 20 millones que podría recibir por concepto de comisiones de lo que obtuviera, hasta las 2.500 UTM, es decir, más de 96 millones de pesos.

Navarro Manríquez presta servicio al CNCA como persona natural entregando una boleta de honorarios. Al mismo tiempo tiene constituida una sociedad con otras dos personas con 47 millones de pesos en febrero de 2009, llamada Certain. En la página web www.certain.cl aparece un teléfono que esta fuera de servicio. Sus socios son Ladislao Pakozdi –un ex dirigente del Tenis- y Osvaldo Muñoz, que tiene sociedades dedicadas a la venta de frutas y asesorías financieras.

Si eventualmente, luego de la investigación la Contraloría encuentra hechos que pudieran revestir caracteres de delito, pondrá los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado si es que el erario fiscal se vio afectado.

En indagatorias como estas la entidad fiscalizadora también establece la observancia al principio de probidad. Las sanciones que cursa la Contraloría van desde la amonestación a hasta la destitución de los funcionarios involucrados que implica no poder trabajar en el Estado durante cinco años y solo en esa oportunidad solicitar el Presidente de la República la rehabilitación.

“Cruz Coke debiera renunciar”

Según la presidenta de la Asociación de Funcionarios del CNCA, Marianela Riquelme, los hechos denunciados son un escándalo. “Más allá de lo eventualmente irregular, se ve muy feo, más aún cuando el Ministro Cruz Coke, con liviandad, ha denostado y ofendido públicamente a trabajadores honestos… Se le paga sin concurso ni sorteo cifras millonarias a una sola persona mientras se habla de ahorro y buena administración”.

Al mismo tiempo, Riquelme indicó que el asunto “es grave, muy grave porque se ha jugado con la fe pública. Se prometió que se gobernaría con probidad y sujeción a las normas y sumamos otro escándalo, con posibles irregularidades”.

A su juicio, el ministro Cruz Coke “después de esto debiera renunciar, hay dos fallos del Consejo para la Transparencia y uno de la Corte de Apelaciones en su contra por negarnos información que es pública, tenemos presentadas en Contraloría varias solicitudes de investigar situaciones extrañas”.

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