Felices 80 años La Segunda

Extracto del libro El diario de Agustín, editorial Lom.

* Por Claudia Lagos

El gobierno del democratacristiano Patricio Aylwin aun no cumplía un año cuando el 4 de marzo de 1991, en cadena nacional, presentó al país el informe de Verdad y Reconciliación. “Yo me atrevo”, declaró con lágrimas en los ojos, “en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación entera de la Nación para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de la víctimas. Por eso pido también solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan participado en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo” (Otano, 1995:170).

El informe fue muy mal recibido por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y por la Corte Suprema, todas instituciones duramente criticadas por el Informe, cuyas conclusiones fueron parte de la agenda política durante un tiempo. Luego, la vorágine y las urgencias de la transición lo dejaron en segundo plano. A pesar del medio ambiente hostil, este gesto de reconocimiento simbólico, histórico y político, fue un primer gran paso.

En parte de sus seis tomos, el Informe Rettig dedicaba varias líneas a criticar el rol de los medios de comunicación por omitir, ignorar e, incluso, favorecer y justificar las violaciones a los derechos hum,anos mientras duró el régimen de facto:

“Los medios de comunicación, en general, ya por control o autocontrol, ya en forma espontánea, siguieron adhiriendo en forma relativamente incondicional al régimen, sin formular críticas a su gestión por la situación de los derechos humanos en Chile (…) La prensa continuó haciéndose portavoz de las versiones oficiales de sucesos relacionados con detenidos desaparecidos que pretendieron ocultar la responsabilidad de agentes del Estado chileno y que fueron presentadas como ‘la verdad’ de lo ocurrido, en circunstancias de que, en muchas ocasiones, existían motivos plausibles para dudar de tales versiones”.

La radio y la televisión actuaron de modo similar. “Por regla general, los medios de comunicación mantuvieron en el periodo que nos ocupa una actitud tolerante con las violaciones de derechos humanos y se abstuvieron de emplear su influencia en procurar evitar que ellas continuaran cometiéndose” (Informe de Verdad y Reconciliación, 1991: 172).

Trece años más tarde, tras conocerse el Informe sobre Prisión Política y Tortura en noviembre de 2004 y los 35 mil testimonios que éste recogió, el presidente Ricardo Lagos se preguntaba “Cómo pudimos vivir 30 años de silencio”.

El informe Valech profundizó en lo que ya se había adelantado en 1991. Reconoce que los medios estuvieron bajo estricto control y que varios apoyaron activamente al régimen.

“La propia ausencia de actividad política y de un Congreso fiscalizador, unida a la abdicación del Poder Judicial y al control omnímodo sobre los medios de comunicación, incapacitados de investigar y, por convicción, anuentes con las políticas del nuevo régimen, fueron factores que abrieron paso a una de las más crueles represiones conocidas en la historia del país” (Informe sobre Presión Política y Tortura, 2004: 187).

Si bien el documento reconoce que las medidas de fuerza y legales impuestas por la dictadura influyeron también en hacer de la autocensura una práctica recurrente en los medios, afirma también que éstos fueron condescendientes con el nuevo régimen.

“La prensa presentó las labores de represión como cruzadas contra la delincuencia, denigrando así a las figuras opositoras mediante su presunta asociación con acciones delictivas (…) Valga como ejemplo un editorial de El Mercurio titulado “La dura batalla de Chile”, el 5 de octubre de 1973, en donde se lee: ‘Los allanamientos militares y operativos policiales no se están efectuando sin motivo. Muy por el contrario, los continuos hallazgos de arsenales y demás elementos destinados a una larga lucha de guerrillas o a la formación de un verdadero ejército irregular, demuestra que para todos los fines jurídicos y de seguridad pública, el país se encuentra en estado de guerra. Por tal motivo, la aplicación de disposiciones pertinentes del Código de Justicia Militar está plenamente justificada, como puede apreciarse en las informaciones de televisión, de radio, de revistas, y de diarios, además de la experiencia personal de muchos ciudadanos. (…) Lamentablemente el imperativo del éxito de las acciones militares impide muchas veces que puedan exhibirse con toda oportunidad y con amplia divulgación las pruebas de la alta traición cometidas por los responsables del régimen anterior y los partidos políticos que lo apoyaron” (Informe sobre Prisión Política y Tortura, 2004: 188”.

En síntesis, el Informe sobre Prisión Política y Tortura concluye que la prensa sufrió censura y practicó la autocensura, pero también apoyó activamente al régimen militar. Criticó a quienes habían sido simpatizantes del gobierno depuesto y contribuyó a validar montajes de la dictadura en contra de sus opositores, a quienes los medios calificaron como terroristas, guerrilleros, apátridas o traidores. De tanto en tanto, los medios intentaron colar algunas críticas veladas a la acción del régimen en materia de derechos humanos, las que eran publicadas con la versión oficial como respuesta o, bien eran motivo de sanciones o reprimendas.

Salvo contadas ocasiones, el periodismo chilenos durante los años ’70 y en buena parte de los ’80 también estuvo en un túnel, donde el comunicado oficial era la tónica y la corroboración de fuentes, una utopía”.

* Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile.