La demanda laboral contra el delegado para la reconstrucción

En febrero del 2010 Danisa Astudillo, Secretaria Regional Ministerial de Planificación (Seremi) de Tarapacá se enteró de que tenía seis semanas de embarazo. Faltaban pocas semanas para el cambio de mando y la situación le planteó un dilema: con la entrada de la derecha el Ministerio de Planificación pediría su renuncia y debía decidir si era correcto abandonar su puesto estando embarazada y perder su fuero maternal, con los beneficios que este suponía.

Aunque explica que la decisión no fue fácil, finalmente optó por mantenerse en el cargo, lo que le supuso un tortuoso camino de acoso laboral que derivó en una demanda laboral contra el ex ministro Felipe Kast como cabeza del Ministerio de Planificación y que hoy deberá enfrentar el flamante ministro Joaquín Lavín.

“Tuve que tomar una decisión sobre si iba a hacer valer mi fuero o si iba a renunciar, además de todas las interrogantes de ese minuto de asumir la maternidad”, explica Astudillo. “Después de un proceso de reflexión interna decidí jugármela por los derechos maternales, porque me imaginaba diciéndole a mi hijo grande: ‘yo soy una mujer consecuente y luchadora, pero cuando me tocó luchar por tus derechos y los míos me retracté para evitar problemas’”.

Su primer golpe de realidad lo tuvo a pocos días de que Piñera se cruzara la banda tricolor. En un encuentro con la intendenta de Tarapacá, Luz Ebensperger, le dijo que pese a no pertenecer a la Alianza, y a que no pretendía parecerlo, esperaba que su fuero maternal fuera respetado y sus ideas escuchadas.

“Su primera respuesta fue que no iba a respetar mi fuero y que se me iba a desaforar”, explica la seremi.

De esto da cuenta la prensa de la época. El 18 de marzo del 2010 La Estrella de Iquique publicó un artículo en el que Ebensperger señaló que Astudillo “tuvo una conversación conmigo muy franca, donde me manifestó que sentía tener un derecho por estar embarazada. Pero también fui muy franca al explicarle que las seremías son cargos de confianza y que me gustaría tener a un seremi de confianza en ese puesto”.

Sin embargo, al poco tiempo la intendenta fue desautorizada por sus jefes y desde el Ministerio del Interior se emitió una orden para respetar el fuero de la trabajadora, que hoy ve este hecho como una jugada política: “como tuve problemas y estuve con riesgo de pérdida, creo que ellos pensaron que yo iba a renunciar, pero no fue así”.

Maximiliano, su hijo, nació en octubre de 2010, tras lo cual tomó su posnatal y por recomendación médica tuvo algunos meses de licencia por entrar en un cuadro de depresión posparto.

“La tranquilidad que da el fuero maternal en el caso de Danisa, por razones que el ámbito político pueden ser legítimas, en el ámbito del derecho constituyen una arbitrariedad y en el ámbito del derecho administrativo constituyen un acto de desviación de poder que debe ser no solo corregido en el procedimiento laboral sino que amerita ser conocido por la Contraloría General de la República”, explica Rodrigo Albornoz, abogado representante de Astudillo.

Cuando finalmente la seremi volvió a su trabajo el 7 de marzo de este año, el impacto fue mayor: su reemplazante, Nicolás Calvo, no sólo ejercía como secretario sino que ocupaba su oficina y en la repartición no le habilitaron un lugar físico para trabajar. A cambio, las indirectas del ministerio para que renunciara cambiaron rápidamente para convertirse en amenazas que terminaron con una demanda laboral en contra del ministerio, representado en su momento por Felipe Kast.

Entre algunos de los episodios que se relatan en la demanda ingresada el 22 de junio ante el Primer Juzgado Laboral de Santiago por menoscabo y acoso, el 20 de abril Astudillo recibió la llamada de Francisco Moreno, entonces jefe de gabinete de Kast, instándola a renunciar. Como esta se negó, Moreno se enfureció y le advirtió que si no lo hacía entrarían “en guerra”, que se preparara porque sería “una batalla campal”, y que “no sabía con quien estaba tratando”.

Reemplazo

En este tipo de casos, la ley establece que cuando un seremi toma licencia, el jefe de departamento de mayor jerarquía de la repartición queda como secretario subrogante, pues se trata de cargos obtenidos mediante concursos de alta dirección pública. En este caso particular, sin embargo, la intendencia de Tarapacá dio una vuelta a la ley de administración pública que establece que el subrogante legal sea el de mayor grado en la institución y nombró a Nicolas Calvo en un cargo en Santiago con el mismo grado de Astudillo y después fue trasladado a la región, permitiéndole ocupar su sillón.

“Volví con todo el ánimo de poder convivir con este nuevo gobierno, sin entorpecer su labor, pero también aportando mis conocimientos, porque yo llevo 11 años trabajando en el sector público”, recuerda Astudillo.

Sin embargo, esta convivencia no funcionó en la práctica: desde el primer día de su retorno tuvo un rechazo explícito entre los funcionarios de la secretaria, no tenía una oficina y los llamados de los asesores del ministro Kast pidiéndole la renuncia eran cosa de todos los días.

“Me pidieron que tomara vacaciones lo más que pudiera y pensando en mi hijo decidí tomar 10 días esperando que ellos de alguna manera se ordenaran para que no fuera tan traumático este proceso”, relata.

A su regreso, las cosas no cambiaron. Su oficina seguía tomada y el 2 de mayo fue citada a una reunión con Sebastián Villarroel, jefe de gabinete de la subsecretaria de Mideplan, Soledad Arellano y con María José de las Heras, jefa de la división jurídica del Mideplan, quienes le comunicaron su malestar por “perturbar la armonía del servicio” y le sugirieron renunciar puesto que el cargo que ella ostentaba debía ser ocupado por una persona de confianza del ministro, en este caso Nicolás Calvo.

Además, en el encuentro le comunicaron que toda la correspondencia dirigida a repartición regional debía ser derivada a Calvo y que todos los documentos que esta entidad emitiera debían ser firmados previamente por él, quedando también todos los empleados subordinados a su mandato.

El voto en la termoeléctrica

El 6 de mayo Astudillo fue citada a una reunión en Santiago con la subsecretaria Arellano y su jefe de gabinete, quienes le volvieron a plantear que debía retirarse.

Curiosamente ese mismo día se reunió en Iquique la Comisión de Evaluación Ambiental para evaluar la instalación de la termoeléctrica Pataches en Tarapacá. El proyecto fue aprobado por 11 votos, entre ellos el de Calvo.

Pero el acoso que la seremi denuncia llegó incluso al plano económico, pues desde enero de este año dejó de recibir las asignaciones críticas, una bonificación por tratarse de un cargo que implica un desgaste más allá de una jornada laboral regular.

El caso, en tanto, tocó su punto más álgido el 6 de junio cuando la subsecretaria subrogante, María José de las Heras, emitió una resolución en la que se envía en comisión de servicios a Astudillo a la Dirección Regional de Gendarmería para prestar asesorías, retirándola de su cargo de facto.

Hasta el momento, el tribunal no solo acogió su acción tutelar, sino que el 20 de julio falló a su favor para que sea restituida y abandone esa suerte de reclusión a la que fue condenada en Gendarmeria. Aún espera que esto suceda y que el tribunal se pronuncie finalmente sobre el menoscabo de que ha sido víctima.

“Lo que solicitamos al tribunal laboral de Santiago es que se repare la situación de menoscabo. Esa reparación la buscamos provisoriamente y definitivamente. Definitivamente porque buscamos que se declare que efectivamente Danisa ha sido objeto de menoscabo en su condición de aforada maternal y de manera provisoria, donde ya nos fue bien, y que en breve el Mideplan debe acatar, es que se suspendan los efectos de la resolución que a nuestro juicio es el acto esencial que lesiona el fuero maternal”, explica Albornoz a la espera que el ministerio encabezado por Lavín restituya a su clienta en la Seremi.

Por otra parte, la función de Seremi de Mideplan de parte de Calvo podría terminar en un segundo pleito legal, pues a juicio de Albornoz su ejercicio en un cargo que no le corresponde constituiría un ejercicio ilegal y una usurpación de funciones públicas, lo que abriría la puerta a una acción penal.