Carta a Bill Clinton por su vínculo con universidades privadas chilenas

Estimado presidente Clinton:

Hace poco me enteré de que usted ha sido designado Canciller Honorario de Laureate International Universities, dueña de seis universidades y institutos profesionales en Chile, y la mayor proveedora de educación superior en este país. Como profesora universitaria, estoy complacida de saber que comparto con usted un compromiso con la educación superior.

Como usted sabe, en las últimas décadas Chile ha logrado dejar atrás sus años de autoritarismo para emerger como un ejemplo de estabilidad democrática y prosperidad en América Latina. Sin embargo, el país aún enfrenta grandes retos, entre los cuales está el acceso y la calidad de la educación superior. En los últimos años hemos visto crecer enormemente el número de plazas en las universidades chilenas, especialmente privadas, pero el costo de una carrera universitaria sigue siendo un grave problema. Según la OCDE, una familia chilena debe pagar, en promedio, un 72% de la educación de cada estudiante,
más del doble de lo que pagan los padres de un estudiante estadounidense. Además, los tres quintiles más pobres de la población gastan más del 40% de sus ingresos en solventar los costos de la educación universitaria, los cuales están aumentando rápidamente: en algunas carreras el precio de un título universitario, en términos reales, se ha duplicado desde 1997.

En los últimos meses, la cuestión de la calidad y el acceso a la educación ha movilizado a estudiantes, profesores y familias de todo el país. El 14 de julio, 400.000 ciudadanos marcharon por las calles de varias ciudades para expresar su deseo de una verdadera reforma al sistema de educación en Chile. Muchas escuelas secundarias y estudiantes universitarios están en paro, y se arriesgan a perder un año de clases, una idea aterradora para sus familias, pero una señal clara a nuestros gobernantes de que el actual sistema está en crisis.

Uno de los temas importantes en esta campaña por la reforma de la educación se origina en la ley de 1980 que prohíbe el lucro en la educación superior. Muchas personas, incluido el Rector de la mayor universidad estatal del país, la Universidad de Chile, Víctor Pérez, han sugerido que las universidades privadas son, de hecho, empresas con fines de lucro que ocultan sus ganancias a través de vínculos con empresas subsidiarias que, entre otras cosas, arriendan a las universidades los terrenos y edificios que componen el campus.

Las universidades de propiedad de Laureate International Universities se encuentran entre aquellas cuyo modelo financiero está seriamente cuestionado. Esta es la razón por la cual Víctor Pérez ha llamado a las autoridades de la institución más grande de Laureate en Chile, la Universidad Andrés Bello, a hacer pública su información financiera completa, incluyendo aquella de las empresas afiliadas, una llamada hasta que hasta ahora no ha sido respondida por su Rector, Pedro Uribe Jackson.

No tengo ninguna duda de que su relación con Laureate International Universities es el resultado de una preocupación genuina por la educación de los jóvenes en todo el mundo, para que el día de mañana puedan convertirse en ciudadanos de la comunidad global, preparados y capaces. Sin embargo, en el contexto de la demanda nacional por la reforma de la educación superior, me interesa conocer su punto de vista sobre las actividades de Laureate, y su eventual violación del espíritu de una ley que busca mantener las universidades en manos de los educadores y filántropos, y lejos de los incentivos del mercado dirigidos a maximizar las ganancias.

Atentamente,
Celia Cussen
Académica
Universidad de Chile