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Nacional

1 de Agosto de 2011

Funcionarios del Consejo de la Cultura son desalojados y acusan violencia desmedida

Quince integrantes de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Cultura (Anfucultura), incluyendo a la presidenta (s) de la Asociación de Empleados Fiscales (Anef), Nury Benítez, se encuentran detenidos luego que fueran desalojados de las dependencias de la sede de Santiago del Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA). De acuerdo a los dirigentes, […]

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Quince integrantes de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Cultura (Anfucultura), incluyendo a la presidenta (s) de la Asociación de Empleados Fiscales (Anef), Nury Benítez, se encuentran detenidos luego que fueran desalojados de las dependencias de la sede de Santiago del Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA).

De acuerdo a los dirigentes, en el marco de la mesa de diálogo que llevaban con el ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, este lunes tenían presupuestada una reunión agendada con la autoridad. Sin embargo, este último no accedió.

Ante ello, los funcionarios comenzaron con una manifestación pacífica al exterior de la oficina del secretario de Estado, provocando que cerca de las 13:30 horas el titular de la cartera solicitara el ingreso de fuerzas especiales de Carabineros.

“Cruz-Coke no dio la cara en ningún momento. Finalmente se procedió a la detención de 15 funcionarios, que fueron desalojados con violencia extrema. Llegó la fuerza policial dando patadas. Fueron tratados como delincuentes, siendo que eran funcionarios solicitando la audiencia”, sostuvo el secretario técnico de jóvenes de la Anef, Paul Laulié.

Además, el dirigente criticó que un carro lanzaaguas atacara a otros 30 funcionarios que estaban a las afueras del establecimiento manifestándose, en calle Ahumada 11.

Principalmente, las denuncias que Anfucultura realiza contra el actual ministro, son los despidos masivos que ha realizado. A principios de junio pasado, los dirigentes se tomaron la oficina del ministro en la sede del CNCA de Valparaíso.

Laulié estimó que una vez que los funcionarios sean liberados, denunciarán el hecho ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Afirmó además que dependiendo de las lesiones que se constaten, analizarán interponer una demanda judicial.

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