Contraloría le quita sumario a Carabineros por “demora” en investigar irregularidades en Dipreca

En política hay un viejo dicho: “problema postergado, problema solucionado”. Pero a la Contraloría no le pareció que Carabineros aplicara este criterio con un sumario que había ordenado instruir -en febrero 2010- en la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) por la falta de conciliación y análisis en las cuentas bancarias desde 1999 a la fecha y que tenía un avance casi nulo.

Por esta razón, el organismo fiscalizador le ordenó a la policía uniformada que le enviara copia de todo el expediente, designando a sus propios auditores para llevarlo adelante.

La información consta en un informe de la entidad -que publica íntegramente The Clinic Online– donde se da cuenta de las anomalías de gestión al interior de Dipreca, falta de control con los fondos públicos, las que ya habían sido puestas en conocimiento de la autoridad en enero de 2010 a través de otro documento similar.

Las conciliaciones bancarias, en el marco de los procesos administrativos del Estado, consisten en cotejar las anotaciones que figuran en las cartolas con el libro de banco para determinar si existen diferencias y establecer el origen de éstas. En otras palabras, fiscalizar qué se ha hecho con los dineros del fisco.

La “tardanza” de Dipreca no le ha permitido a la Contraloría magnificar el monto de las anomalías, debido a la demora. Se suma a lo anterior que los informes de avance que debía recibir el organismo para fiscalizar el estado de avance han sido de mala calidad, incompletos y fuera de plazo.

La entidad revisora encontró también cientos de anomalías de gestión, pagos no aclarados, dobles pagos, bases de datos no actualizadas ni corroboradas con las del Registro Civil, por lo que ordenó otro sumario.

Dobles pagos

No es lo único que señala el informe de Contraloría. Agrega graves problemas de control de los bonos de reconocimiento, duplicidad de pagos, cancelación de pensiones a exonerados políticos que no aparecen en la base de datos del Ministerio del Interior, entre otras anomalías.

Dipreca tampoco ha contrastado su base de datos de pensiones, por ejemplo, con Capredena y el Registro Civil. La Contraloría sí lo hizo y encontró una serie de divergencias. La explicación de Dipreca fue que hubo problemas en la migración de un sistema informático a otro, pero el organismo fiscalizador le mantuvo la observación.

Dentro de todos los casos que enuncia el informe hay uno que llama la atención. Se refiere a una beneficiaria de un bono de reconocimiento al que no tenía derecho. Por eso cuando la Contraloría revisó se encontró con nueva sorpresa. La AFP Habitat, en un oficio de 2005, señala que la mujer no podía recibir el beneficio porque al cambiarse al nuevo sistema de pensiones el cálculo era igual a cero.

Sin embargo, en la base de datos de Dipreca aparece con un monto de más de $ 7 millones. Hasta el cierre del informe, la respuesta de la entidad ligada a Carabineros no había sido entregada.

Dipreca, además, tuvo que desembolsar en 2006 –y este es sólo un caso, ya que podrían aparecer varios más en el sumario- más de $ 2 millones sólo en “intereses penales” a la AFP Habitat por la demora en la cancelación del bono de reconocimiento.

En su respuesta, Dipreca aseguró que se efectuaron “entrevistas” a ex funcionarios, pero que éstos señalaron carecer de antecedentes sobre lo sucedido.

“Se mantiene la observación toda vez que la DIPRECA sólo se limitó a realizar consultas a través de entrevistas a los posibles responsables del retraso de los pagos que generaron los mencionados intereses penales y no efectuó una investigación, tendiente a determinar la procedencia de financiar con recursos públicos tales desembolsos y las eventuales responsabilidades administrativas por los hechos descritos”, se lee en el informe.