Recaredo

Recaredo Gálvez es un joven dirigente universitario, estudiante de ciencias políticas de la Universidad de Concepción, que estuvo casi una semana en prisión preventiva por supuestamente haber lanzado una molotov a la policía en una manifestación exigiendo cambios a la educación, pero que al parecer, en realidad fue víctima de violencia policial en su detención y objeto de esta acusación para encubrir y “justificar” –como si existiera una causal que justificara el uso desmedido de la fuerza por la autoridad policial- los excesos de los que fue objeto.

Desde hace un tiempo ha sido recurrente escuchar voces críticas al actuar de Carabineros de Chile, voces cada vez más airadas e indignadas, voces que exigen mesura en el uso de la fuerza, respeto por la ley y sus límites así como respeto por los derechos de las personas, a quienes ellos mismos deben resguardar.

Al mismo tiempo, es también frecuente escuchar expresiones oficiales entregando apoyo a esta institución y sus integrantes, dándoles ínfulas en el exceso, apoyando su actuar a todo evento, muchas veces desproporcionado, en defensa de quienes debieran actuar en nuestra defensa, probablemente como la otra cara de una historia que debe ser analizada con esfuerzo urgente.

Si las manifestaciones públicas, pacíficas en su esencia, se han hecho pan de cada día en nuestra sociedad, también han seguido ese camino las expresiones de distintas autoridades que buscan desvirtuarlas, que hablan de violentistas, de infiltrados, de desmanes y otros, pretendiendo evitarlas con ello, confundiendo los ideales, sus objetivos y desviando la atención del fondo de los requerimientos.

La violencia genera violencia. Y no se trata de justificar a esos que actúan muchas veces enmascarados, con destrozos, agresiones y que buscan sólo la intimidación y el caos. Pero tampoco puede justificarse un ambiente de señales veladas de amedrentamiento a los que quieren expresarse públicamente, con apoyos explícitos o implícitos de la autoridad al exceso en la represión, magnificando la entidad de los destrozos y los heridos de sus filas y desconociendo o minimizando las de los manifestantes, siempre desafortunados en uno y otro lado, que configura un contexto previo tenso de confrontación, como una profecía autocumplida que se hace realidad mientras más bombas lacrimógenas y guanacos se hagan presentes.

Frente a las cada vez más numerosas y variadas acusaciones de abusos en la represión y la prevención, como los casos de Recaredo, de las jóvenes manoseadas en otra detención por manifestaciones estudiantiles, el joven comunero mapuche baleado, las denuncias de interceptaciones telefónicas ilegales, las denuncias de infiltrados en las manifestaciones, lo que se espera de una institución con prestigio bien ganado no es la negación apresurada sino la investigación acuciosa, la respuesta con cambios en los procedimientos, la asunción de que es necesario limitarse para asegurar realmente a una comunidad vociferante que sólo quiere ser oída.

En una interesante columna, Claudio Fuentes señaló que entre 1990 y 2004 se produjo una escalada de denuncias por “violencia policial”, desechando la idea de que se tratara de hechos aislados. Entre esos años se presentaron más de 6.400 denuncias, sólo en el Chile central, por “violencia innecesaria” en los tribunales militares y con la agitación social actual y los niveles de las respuestas es altamente improbable que eso haya ido en regresión.
Porque además la defensa corporativa ciega impide la autocrítica y con ello la reacción y el cambio y entrega señales equívocas a sus miembros de que las irregularidades son toleradas y avaladas, sin esfuerzos por hacer frente a los errores para corregirlos. La negación de una realidad particularmente preocupante –el exceso de la autoridad es mucho más inquietante y difícil de enfrentar- es sinónimo de perpetuación de prácticas a desterrar e imposibilidad de entregar respuestas de calidad en la prudencia.

Recaredo ha tenido un “final feliz” hasta ahora pues ante la inconsistencia de los elementos de prueba y las versiones policiales, fue dejado en libertad y parece probable el sobreseimiento de su causa. Sin embargo, es necesario que situaciones como estas no se repitan, exigiendo sensatez en la prevención policial y reflexión madura en la respuesta oportuna a las actuaciones que les caben.