Contraloría le da duro golpe a Hidroaysén y rechaza derechos de agua clave para construir represa

La Contraloría propinó un duro golpe al proyecto Hidroaysén luego que rechazara el decreto que le otorgó los derechos de agua, con los cuales pretendía dar inicio a la iniciativa. Esta última fue aprobada por Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Undécima Región el 13 de mayo pasado, oportunidad en que confirmó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aunque con mitigaciones para la zona, las que fueron cuestionadas por Endesa.

La información consta en un dictamen emitido este 1 de agosto por el organismo fiscalizador –que publica íntegramente The Clinic Online- el cual está firmado por el jefe de la entidad Ramiro Mendoza y aterriza como el primer problema a resolver por el recién asumido ministro Laurence Golborne.

Estos últimos derechos fueron aprobados por la Dirección de Aguas de Aysén (DGA) el mismo 13 de mayo, a sólo minutos de la votación del EIA, siendo enviados a Santiago para que la Contraloría hiciera el control de legalidad. Y de no mediar el azar, el documento podría haber pasado colado.

El azar

Ese mismo día, el abogado Marcelo Castillo, patrocinante de Patagonia sin Represas, se encontraba en la región con el fin de revisar el expediente de la DGA y saber si la autoridad del MOP había dictado alguna resolución sobre la solicitud de derechos de agua formulada por Hidroaysén. Cuando lo solicitó, le allegaron los legajos, pero faltaba una carpeta. Preguntó a distintas personas y todos les dijeron que desconocían el destino del documento, hasta que una de las funcionarias le indicó que estaba guardada. Castillo entonces la pidió y cuál sería su sorpresa cuando descubrió que precisamente allí estaba la resolución Nº 14 de la DGA que le daba el vamos a estos derechos de agua, ahora revocados por la Contraloría.

Consultado sobre el particular, Castillo afirmó que “la decisión de la Contraloría es crítica para el proyecto Hidroaysén porque sin derechos de aguas, no hay represas”.

“El Estudio de Impacto Ambiental de Hidroaysén fue aprobado el 13 de mayo pasado para la construcción de cinco represas, dos en el río Baker y tres en el Río Pascua, pero la empresa no tiene los derechos de aguas para construirlas en los lugares aprobados por el EIA. De esta manera, de no obtener los derechos de aguas, no podrán construir el proyecto”, aseguró Castillo.

El problema para Hidroaysén, según el profesional, se produce porque el proyecto sólo cuenta con derechos de agua otorgados en usufructo y gratuidad en 1990 a Endesa. De acuerdo a su interpretación, estos dichos derechos aún deben pasar por la aprobación de un EIA distinto al ya aceptado, “lo que retrasaría significativamente el proyecto”.

El dictamen de Contraloría encontró varios vicios de legalidad en el decreto de la DGA, por ejemplo, los asociados a la propia Ley General de Aguas y del Ministerio de Obras Públicas, donde se omitió “indicar la unidad de tiempo asociada a la cantidad de agua cuya extracción se autoriza”, punto clave para que el organismo fiscalizador evalúe si el decreto se apega o no al ordenamiento jurídico.

Al mismo tiempo, la entidad aseguró que la DGA “contravino” la legalidad, ya que la resolución no entregó el aspecto técnico referido “a la tabla de equivalencias entre caudales de agua y usos que refleja las prácticas habituales en el país en materia de aprovechamiento de aguas”. Es decir, la DGA, nuevamente omitió otra información necesaria para determinar la legalidad del acto.

Las coincidencias engañan

Las explicaciones para esta conducta, pueden hallarse a fines del año pasado cuando la DGA en Santiago, dirigida por Carlos Desmandril, contrató a Carlos Ciappa un ex abogado de Hidroaysén como su asesor personal.

En la oportunidad, Desmandril dictó la circular 1800, donde se entregaron las directrices para resolver problemas de derechos de agua cuando dos solicitudes se contraponen entre sí. El documento, según Castillo, fue una herramienta hecha a la medida para Hidroaysén.

“Presentaremos nuevas acciones legales contra la DGA, porque se ha hecho una serie de maniobras ilegales por parte de dicho organismo, para otorgar los derechos de aguas a HidroAysén, incluso interpretando el Código de Aguas de manera ilegal, y contrariando todos los criterios técnicos de dicho órgano, la jurisprudencia administrativa y judicial, e incluso la lógica, a través de la Resolución 1.800, de 2010”, explicó el profesional.

La decisión de Contraloría implica que el documento que otorgaba los derechos de agua a Hidroaysén será devuelto a la DGA. Esta última deberá anularlo y dictar uno nuevo incluyendo la información omitida. Nuevamente deberá viajar a Santiago para su toma de razón, oportunidad en que el organismo fiscalizador lo volverá a analizar, pero esta vez al alero de la legalidad de la resolución 1.800. En otras palabras, entrará al fondo de la medida adoptada por Desmandril, lo que podría traer nuevos problemas a la empresa y a la autoridad del MOP.

 

Revisa el documento Contraloría