Concluye audiencia pública en Bogotá sobre el caso de jueza Karen Atala

La audiencia pública sobre el caso de la jueza lesbiana Karen Atala Riffo concluyó hoy en la capital colombiana con los alegatos finales de los representantes de las presuntas víctimas y del Estado (Chile), y con la intervención de un miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El comisionado de la CIDH, el colombiano Rodrigo Escobar, aludió en la sesión final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al fallo de mayo de 2004 de la Corte Suprema de nuestro país que le quitó a Atala Riffo la custodia de sus tres hijas menores y la asignó a su exesposo, Jaime López.

Escobar se refirió a las observaciones del organismo, que presentó una demanda a Chile por presunta “discriminación”.

Según la CIDH, en la sentencia del Supremo de Chile “los jueces no tuvieron en cuanta a las niñas”, y enfatizaron “en la orientación sexual de la madre”.

Se trató, según el organismo interamericano, de “una decisión propia de estereotipos”, pero subrayó que “no hay una afectación” probada en las menores, dada la orientación sexual” de Atala Riffo y por la convivencia con su pareja.

Y remarcó la CIDH sobre la sentencia de la Corte que “la hipotética posibilidad de riesgos (en las niñas) es insuficiente”.

La Comisión, asimismo, recomienda al Estado chileno adoptar medidas “para no perpetuar” decisiones como la que afecta a Atala Riffo, y también medidas “de no repetición para corregir el mensaje” de que “no se puede ser madre y lesbiana a la vez”.

En la misma audiencia final, la jueza de la CorteIDH, la dominicana Rhadys Abreu Blondet, recordó cómo a la pareja de Atala Riffo le solicitaron realizarse exámenes para descartar enfermedades de transmisión sexual, que al final resultaron negativos.

El magistrado costarricense Ventura Robles, del mismo tribunal, por su parte, pidió a la representación de las víctimas que diga “cuál es el daño objetivo contra las menores”, y a los representantes del Estado, que clarifiquen “cuál es el daño que entraría en la categoría de sospechoso”, como se ventiló en los alegatos.

Robles solicitó que las respuestas sean enviadas a la CorteIDH “por escrito”.

Los representantes de las presuntas víctimas, a su turno, señalaron que “no hay daño objetivo directo” en las tres menores.

Añadieron que no se le pueden atribuir los daños de menores a la madre, sino “al entorno social y a los prejuicios”.

El Supremo chileno señaló en la sentencia que “hay un deterioro experimentado por el entorno familiar en el que se desenvuelven las menores”.

A ello, los representantes de las presuntas víctimas subrayaron que “no se acredita un daño objetivo, sino que se trata de la orientación sexual de la madre”.

El presidente de la CorteIDH, el peruano Diego García-Sayán, solicitó, igualmente, a los representantes del Estado (Chile) copias de toda la legislación chilena, las jurisprudencias y pronunciamientos legales en adopciones y divorcio en ese país.

La audiencia concluyó con la advertencia de García-Sayán para que las partes hagan llegar por escrito sus alegatos finales no más allá del 24 de septiembre.

Durante día y medio de audiencia pública, la CorteIDH escuchó a peritos, expertos en derechos humanos, de las niñas y de convenciones internacionales, así como los interrogatorios de las dos partes a estos.

El fallo final de la CorteIDH sobre el caso de la jueza Atala se divulgará “en unos cuatro meses”, dijo a la agencia Efe el presidente del alto tribunal.