Las demandas de pobladores de Tirúa en Naciones Unidas y sus repercusiones en Chile

El edificio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, fue tomado por un grupo de pobladores de Tirúa y Puente Alto el 29 de junio. Luego de tres días en su interior los vecinos de ambas comunas consiguieron lo que, hasta entonces, parecía una quimera: garantizar la presencia de una delegación en la IV Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la sede de Naciones Unidas.

Una invitación inusual considerando que a esta instancia sólo acceden, en su mayoría, ONGs acreditadas en la organización.

-Lo importante de la presión ejercida fue que pudimos romper ese cerco y acudir gente del pueblo representando a sus vecinos. Además conseguimos, en menos de 24 horas, que James Anaya, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, nos garantizara una reunión- relata David Navarro, vocero de la Unión Comunal de Pobladores de Tirúa, agrupación que reúne a sindicatos de pescadores, centros de alumnos, comités de vivienda y comunidades indígenas de la Octava Región.
La delegación finalmente llegó a Ginebra el martes 12 de Julio. Aquella misma tarde la comitiva compuesta por David Navarro y Néctor Parra se reunieron con James Anaya, descendiente de Apaches y catedrático de la Universidad de Arizona.

-La reunión con Anaya fue bastante productiva porque nos dijo que estaba dispuesto a apoyarnos en nuestras demandas y se comprometió no sólo como relator especial de Naciones Unidas, sino que también como particular, a través de su grupo de abogados en Arizona- agrega Néctor Parra.

Este último punto es relevante pues Anaya, además de ser relator especial de Naciones Unidas, es experto en derecho internacional indígena y ha patrocinado impugnaciones en México contra la explotación de minas en territorio indígena.

-Para nosotros es importante porque en Tirúa el gobierno ha otorgado permisos de prospección y explotación minera, colindantes al lago Lleu Lleu, donde Leonardo Farkas compró 70 mil hectáreas para explotar minas de hierro- sostiene Navarro.

El tema de las concesiones mineras no sólo fue abordado por la delegación chilena sino también por otros representantes presentes en la sede de Naciones Unidas. Es el caso de los indígenas colombianos desplazados de la sierra por la millonaria inversión del empresario brasileño Eike Batista, dueño de varias minas de carbón en la zona, que alimentarán al complejo termoeléctrico Castilla en la segunda región de nuestro país.

Temas que, por cierto, tienen estrecha relación con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, firmado por el gobierno de Chile en 2008 que ratifica, en su artículo 15, el derecho de los pueblos indígenas a “participar en la utilización, administración y conservación de sus recursos naturales”. Situación que también fue expuesta en la reunión con Anaya.

-En Chile se ha violado sistemáticamente el convenio 169 y hay harto documento que lo acredita. El mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el informe del año 2010, decía que el convenio no se estaba aplicando- declara Navarro.

También en la reunión se habló sobre el famoso decreto 124, de Mideplan, que regula los mecanismos de consulta a la población indígena. “El problema fundamental es que se trata esencialmente una encuesta y no tiene carácter vinculante”, agrega Navarro.

Situación que habría llevado a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Derechos Humanos, a enviar un oficio para que se derogue el decreto 124 y paralizar de esta forma el proceso de consulta. “No es un sentir caprichoso”, complementa Parra.

Por último, los delegados manifestaron al relator de la ONU su preocupación por la instalación de grandes forestales en la zona: Arauco, Mininco y Volterra.

-Más allá que pudieran desarrollar proyectos amigables con el medio ambiente los recursos generados no quedan en los pueblos. El problema, entonces, está en la propiedad de los recursos- argumenta Navarro.
Puente Alto y la OMS

La delegación de Tirúa aprovechó el viaje para apoyar la causa de los pobladores de Puente Alto, pertenecientes a la Villa Estaciones Ferroviarias, construida por la empresa Copeva, quienes denuncian que sus viviendas fueron construidas sobre un basural y que el suelo donde viven está contaminado con metales pesados. Navarro y Parra se reunieron con la Subdirectora General de la OMS, Carissa Etienne, y Joanna Tempowski, del departamento de salud pública y medio ambiente de la institución.

-La gente de la OMS se sintió bastante impactada con el relato y lo escandaloso del asunto. Nos derivaron de inmediato Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington, para que de ahí salga una recomendación. Eventualmente se puede venir un informe heavy en contra de Chile- asegura Navarro.

Las demandas, por cierto, ya han encontrado eco en nuestro territorio. Desde su llegada al país la delegación derivó la información a sus bases y comenzó una serie de movilizaciones para agilizar las respuestas a sus demandas. Los pobladores durante las últimas semanas se han tomado la Unicef, el Consejo Municipal de Puente Alto y la sede de Renovación Nacional. Las presiones han surtido tanto efecto que de inmediato comenzaron negociaciones con los ministerios de Salud, Vivienda, Medio Ambiente e Interior. Lo más importante de las gestiones, asegura Marcela Salinas, vocera de la Asamblea Popular de Puente Alto, es que “la Organización Panamericana de la Salud va a ser garante de las negociaciones con el gobierno y contraparte técnica”.

-En el fondo va a referenciar los estudios que ya existen con las normas de la OMS, esto quiere decir que las comparaciones no se van a realizar con las normativas nacionales- agrega.
La medida es un gran avance para los vecinos de la Villa Estaciones Ferroviarias pero todavía, aseguran, no pueden cantar victoria.

-Para nosotros es un logro que se alcanza gracias al poder popular, la acumulación de fuerzas, pero entendemos que cada logro popular sirve de base para seguir luchando. Porque hasta ahora no podemos descartar que la estrategia del gobierno sea darse tiempo hasta que Piñera salga del gobierno. Por eso los plazos deben ser acotados- concluye Salinas.