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Opinión

1 de Septiembre de 2011

Cuando la tontera es grave

La madrugada del viernes 26 de agosto, al cierre del paro -¡qué paro más triste!- murió de un balazo el adolescente Manuel Gutiérrez. Su hermano Gerson declaró que habían salido juntos a mirar la protesta cuando le llegó en el pecho una bala de paco. El discurso oficial dio a entender que eran los costos […]

Patricio Fernández
Patricio Fernández
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La madrugada del viernes 26 de agosto, al cierre del paro -¡qué paro más triste!- murió de un balazo el adolescente Manuel Gutiérrez. Su hermano Gerson declaró que habían salido juntos a mirar la protesta cuando le llegó en el pecho una bala de paco. El discurso oficial dio a entender que eran los costos de tanta irresponsabilidad. “La intención de quienes dispararon era quitarles la vida, porque cuando uno dispara proyectiles de 9 milímetros o equivalentes, lo que busca es quitarle la vida a un chileno, a un carabinero de Chile”, aseguró el ministro del Interior un día antes, luego de visitar a tres oficiales heridos en el hospital de la institución. La bala que asesinó al quinceañero (16) Manuel Gutiérrez, era paradójicamente una de esas de 9 milímetros, sólo que la historia resultó al revés.

Ese viernes, el general Sergio Gajardo, segundo jefe de la Zona Metropolitana, desechó la posibilidad de que un carabinero estuviera involucrado en el crimen del joven, y agregó que no realizarían investigaciones internas, porque no tenían nada que ver… y punto. El diputado Cardemil sostuvo que entre la versión de los “violentistas” y la de la fuerza pública, le creía a estos últimos. Más tarde, tuvo que comerse sus palabras. Fue la fiscalía a través de la PDI quien se encargó de indagar. Es conocida la rivalidad entre Investigaciones y Carabineros. Uno que de estos mundos conoce como pocos, me aseguró que la DIPOLCAR (Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros) tiene que haber pretendido adelantárseles para no sufrir la humillación de ser descubiertos por la competencia. Los tiras se hubieran dado un festín. El asunto es que el lunes 29, a eso del mediodía, el general José Luis Ortega, superior jerárquico inmediato de Gajardo, reconoció con la papada temblando que el sargento segundo Miguel Millacura Cárcamo había sido dado de baja por su “presunta responsabilidad” en la muerte del niño. Declaró ante las cámaras que Millacura acababa de confesar la ejecución de dos tiros al aire con una UZI, algo semejante a una ametralladora de guerra. Especificó que puso balas propias en reemplazo de las usadas y que limpió el arma para no dejar rastros. Obviamente se sabía culpable.

El mismo viernes del crimen, el presidente Sebastián Piñera, sin consultarlo con el ministro de Educación ni con ningún otro, invitó públicamente a los dirigentes estudiantiles, para sentarse a conversar, cara a cara, en La Moneda. Durante las horas siguientes, el vocero y otros asesores se encargaron de matizar sus declaraciones – o “el arrebato”, como le llamaron en palacio-, explicando que Su Excelencia presidiría los encuentros en que también participarían tipos como Bulnes, a los que había pasado a llevar. Camila Vallejos salió diciendo, a nombre de la Confech, que aceptaban la invitación, pero con condiciones, y entre éstas, la renuncia de Rodrigo Hinzpeter. Cabe recordar que desde hace meses, Carabineros no depende del ministerio de Defensa, sino directamente de Interior. Entonces a muchos la condición les pareció desproporcionada, pero a partir de las informaciones posteriores referidas a la muerte del escolar, perdió radicalidad la exigencia y derivó en que muchos la consideraran sensata. A medida que pasa el tiempo, buena parte de lo reclamado por los estudiantes y que hasta ayer pasaba por excesivo, ha ganado validez en la opinión pública. El fin del binominal, los cambios constitucionales, la reforma tributaria, la discusión del modelo de desarrollo, etc., ya no le parecen a nadie simples locuras de juventud. Son cuestiones que ahora encuentran apoyo, incluso transversal, entre tribunos y analistas. La falta de manejo ha colaborado en esta explosión de expectativas, para algunos (y me cuento), virtuosa. Los acuerdos a que se llegue, por supuesto, rondarán las medianías, pero el piso habrá subido de tal manera, que las disputas de las próximas elecciones no debieran dar pie atrás. El jefe de gabinete, a decir verdad, no sé si debiera renunciar, pero claramente lo ha hecho mal. Se ha vuelto un estorbo en el camino de solución a los incordios del gobierno.

Lo comenta la derecha entera. Aparte de las torpezas políticas, tiene a la institución de Carabineros a su cargo en el mayor de los desprestigios. Los pacos confiesan que están agotados tras 100 días enfrentando movilizaciones; algunos han dejado desnudos o con máscaras de superhéroes las comisarías donde trabajaban, reclamando todo tipo de indignidades sufridas en su interior. No pocos se han visto envueltos en delitos, abusos o escándalos. La población les ha ido perdiendo el respeto, con las infinitas consecuencias nefastas que esto conlleva. Un tufillo autoritario les abrió las puertas del descontrol. La idea de “mano dura” los privó del encanto del saludo y la complicidad que tanto costó reconstruir. Bajo su mando eficiente ganarían la lucha contra el crimen, pero en su lugar los ha criminalizado. Torpe y grave. Muy grave.

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