Erik Von Baer, padre de la senadora designada UDI, Ena Von Baer, recurrió la semana pasada el Tribunal Constitucional (TC) para evitar que se revele información sobre las semillas transgénicas que se han usado en Chile desde 1992 en adelante.

Von Baer presentó un requerimiento -que publica The Clinic Online– con la intención de que el organismo declare inconstitucional el fallo dictado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) que obligó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a entregar “la ubicación exacta de todos los sitios donde se hayan liberado cultivos y árboles transgénicos” desde el año antes mencionado.

La presentación del padre de la senadora UDI -patrocinada por el abogado Jorge Echeverría- incluye también a otros empresarios del rubro, quienes reclaman que la divulgación de los datos que maneja el SAG afectará su negocio.

En paralelo a esta gestión, la multinacional Monsanto, a la que también afecta el fallo del CPLT, recurrió en 2010 a la Corte de Apelaciones de Santiago con el mismo fin, causa que aún sigue tramitándose.

Golpe al mentón

La historia de esta batalla judicial que se libra en dos frentes comenzó en mayo de 2009 cuando la abogada Mayra Feddersen, solicitó al SAG la información ya señalada.

La entidad gubernamental, como manda la ley, le consultó a los semilleros si tenían alguna objeción de que se conocieran los detalles. La respuesta de las empresas fue negativa: la información no debía ser divulgada. Por esta razón, el SAG entregó sólo datos parciales a Feddersen.

La profesional dedujo entonces un recurso de amparo por denegación de información al CPLT. Este último organismo, después de analizar los antecedentes, resolvió en julio de 2010 que los datos eran de conocimiento público, dándole la razón.

El asunto complicaba a las empresas, ya que Feddersen no sólo pidió conocer la ubicación donde se liberaron semillas transgénicas, sino también las medidas de bioseguridad de algunas especies introducidas en el país y los informes de especialistas consultados por el SAG para fiscalizaciones.

De allí que el año pasado, la multinacional Monsanto recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto la decisión del CPLT.

El tribunal de alzada capitalino acogió a tramitación el libelo y desde entonces ha solicitado una serie de antecedentes antes de resolver el fondo de la presentación. Entre ellas, copia del expediente administrativo del CPLT y el informe de la Comisión de Agricultura del Senado de enero de 2008, sobre vegetales genéticamente modificados.

La estrategia detrás del requerimiento ante el TC, es que la instancia declare que la revelación de la información afecta el derecho de propiedad de las empresas. De ser así, la Corte debiera revocar la decisión del CPLT lo que significaría que los datos sobre los transgénicos nunca podrán ser conocidos.

El libelo de Erik Von Baer fue ingresado al TC el pasado 7 de septiembre y aún esta pendiente la admisibilidad. De aprobarse la tramitación, la vista de la causa en el tribunal de alzada quedará suspendida hasta que el TC analice el fondo del asunto y resuelva.

Dinastía transgénica

El empresario de origen alemán y su hija senadora son dueños de “Semillas Baer” y estuvieron hace pocos meses en el ojo del huracán, luego que Chile confirmara el convenio UPOV 91. El instrumento que rige en más de 60 países tiene por objeto proteger y reconocer las nuevas variedades de semillas creadas por “obtentores vegetales”.

Paralelo a lo anterior, en el Congreso se discute la ley que de aprobarse implicará que los agricultores deberán solicitar autorización o pagar al dueño de una determinada variedad de semilla, antes de sembrarla. Tampoco podrán utilizar las semillas que obtengan de la primera cosecha para una segunda producción. Y si quieren inscribir una nueva variedad, deben perfeccionarla. Los agricultores más pequeños claramente no tienen acceso a ello, pero sí Erik Von Baer, quien controla más del 50% de este mercado en el país.

De allí que cuando Ena Von Baer estaba en La Moneda, fue duramente cuestionada por la senadora Ximena Rincón (DC), señalando que le parecía “inaceptable que un gobierno apoye una ley que beneficia directamente el bolsillo de su vocera”.

La parlamentaria, que ahora comparte con Ena Von Baer el hemiciclo del Congreso, solicitó en junio pasado a la Contraloría que indague su existe un conflicto de interés, pronunciamiento que se encuentra aún pendiente.

Actualmente, Erik Von Baer es dueño de la semilla de Quinoa, de algunas variedades de trigo y avena, entre otras, que están inscritas por lo menos hasta 2016.

Por esta razón, Rincón junto a otros colegas, ingresaron al TC un recurso para que analice la constitucionalidad de la ley propuesta por el gobierno, que aún está pendiente.