A mediados del reinado de la presidenta Bachelet, Jorge Schaulsohn habló en sendos artículos de una verdadera “ideología de la corrupción”. Al margen del caso mismo del denunciante y cómo terminó esa fiebre de puritanismo, en eso había algo profundo y certero. Después de veinte años de gobierno, algunos funcionarios, parlamentarios, ministros, habían llegado a confundir el partido con el gobierno. Podían alegar en su defensa que no estaban inventando nada nuevo, que en la época en que Schaulsohn brillaba en la política y Aylwin gobernaba, esto era aún más automático, aunque los funcionarios, los montos y los procedimientos fuesen menos ordinarios. Lo mismo podía decirse de la dictadura, la Unidad Popular, el gobierno de Frei padre, Alessandri y los radicales antes. Siempre ha sido difícil en la política chilena trazar el límite entre el aparato del partido y el del Estado. Un acuerdo tácito ha entendido por demasiado tiempo que el ganador de las elecciones gana también el aparato del Estado.

Esa corrupción -que no es privilegio de nadie pero que gracias a una prensa comprometida con la oposición estalló de manera espectacular en los dos últimos gobiernos de la Concertación- es una forma brutal de entender la democracia. Es una inmoralidad, pero al menos republicana. Roba a un colectivo, el Estado, para entregárselo a otro menor: el partido. Llevándose, por cierto, un porcentaje para la casa. Esta ideología de la corrupción de alguna manera preservaba en el mismo ecosistema sus desmanes. Era corrupción política que servía para hacer política; deformaba la democracia, pero aún pensaba que creía en ella. Era como la infidelidad en el matrimonio, una traición pero no una violencia; un quiebre pero no completo. El que se corrompía bajo esa ley lo hacía a conciencia, en nombre de un ideal que creía mayor, o de una urgencia que creía más urgente que el Estado. Era fácil ridiculizarlo y castigarlo. La trasparencia y la ley, por lo demás, progresivamente lo hicieron.

¿Es este gobierno menos corrupto que la Concertación? Los que se horrorizaban ante esos operadores políticos encapuchados que juraban que todo lo hacían por el PPD -lo sabemos ahora-, lo hacían no por la capucha y la escasez de las sumas, sino por la idea de que alguien pudiera aún corromperse por un partido político. El nuevo gobierno no ha incurrido, hasta nuevo aviso, en eso porque está ocupado en todas las demás.

Porque si la corrupción es confundir lo de todos con lo mío, lo de todos con lo de mi grupo, este gobierno es el más corrupto de nuestra historia. Si la corrupción en los gobiernos anteriores pudo ser un error, un exceso, una caída, o hasta un sistema, en éste se ha convertido en el eje mismo de su relato, el centro de su programa. Tan central, que no necesita que sus ministros o su Presidente sean deshonestos para corromperse. Corrupto, haya o no sacado las castañas con las manos del gato, es el superintendente de Isapres que fue socio de una, que ve impávido como sus socios de ayer y de mañana consiguen maravillosas utilidades. Y qué decir de los ministros Lavín, Larroulet y Ribera que no consideran siquiera necesario aclarar su participación en universidades privadas que hubiesen lucrado a espaldas de la ley. Y qué decir del Presidente, que da una entrevista exclusiva de horas en el que fue su canal, dirigido por la gente que escogió, con los periodistas más complacientes del mercado.

¿Qué tiene de malo que quienes hayan tenido éxito en el mundo privado se dediquen a lo público? Nada, si esas dos esferas en Chile no compitieran; si ese éxito privado no se hubiese hecho en detrimento de lo público. Industrias, universidades privatizadas a la mala y a la rápida. En Chile, el mejor negocio ha sido siempre el Estado. Pasar de lo público a lo privado no tendría nada si no se entiende que la frontera debe ser vigilada con especial rigor, y poner leyes y reglas claras; que dejarla libre es justamente abrirle el camino a los narcos, los terroristas y populistas. Pregúntenle a los venezolanos, colombianos, mexicanos, qué pasa cuando el que regula es el mismo que se beneficia, cuando el que hace la ley la hace a su medida, cuando el país es gobernado por sus dueños, cuando todo el aparato judicial y político se convierte en retórica vacía. ¿Será ese el legado del Presidente más bananero que hayamos tenido nunca? ¿Devolvernos del todo al triste destino colonial, esos países donde la igualdad ante la ley ha sido siempre un cuento que nadie, ni pobres ni ricos, están dispuestos a contarse?

La corrupción es, ahora recién, una ideología. La que el Presidente defiende en educación a brazo partido, esa que cree que lo público no existe en sí como una esfera aparte de la realidad sino que es sólo la suma de intereses privados que el Estado tiene que arbitrar. Un arbitraje imposible, no sólo porque la cancha es dispareja sino porque los equipos juegan cada uno a un juego diferente y cuentan de distinta forma los puntos. Un arbitraje que en Chile es injusto, porque un equipo viene con goles marcados desde camarín y cuando no le gusta el resultado elimina al contrincante.