El alcalde UDI de Coyhaique, Omar Muñoz, es dueño de terrenos que serán inundados por el proyecto Hidroaysén y tendrá que venderlos. ¿A qué precio? Nadie lo sabe por ahora. Lo que sí está claro es que desde su cargo realizó una serie de actos administrativos, reñidos con la legalidad, que van en directo beneficio de Endesa y, por supuesto, de su propio bolsillo.

Los hechos están descritos en una presentación que hicieron diversas organizaciones ecologistas de la región a la contraloría donde acusan al edil de tener conflicto de interés al no haberse inhabilitado de dictar resoluciones. En suma, de violar la ley que rige a los funcionarios públicos que prohibe “intervenir en la razón de las funciones, en asuntos en los que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad inclusive”.

Muñoz, al parecer, hizo oídos sordos debido a que su esposa, Daissy Mondelo, vendió en 2008 un terreno a Hidroaysén del fundo El Treile por $ 231 millones de pesos, negociación en que el alcalde figuraba como administrador de la sociedad conyugal. Pero eso no es todo. Manuel Mondelo, el abuelo de su cónyuge, ganó $ 210 millones por un campo de 600 hectáreas vendido a misma empresa.

El documento al que accedió The Clinic, acredita que Muñoz no realizó sólo acciones administrativas para beneficiarse económicamente. También tuvo opiniones positivas – una en 2010 y otra este año- a favor del Estudio de Impacto Ambiental que posibilitó la aprobación del cuestionado proyecto. Además, se manifestó contrario a la posibilidad de realizar un plebiscito ciudadano, instrumento que se encuentra en la ley, bajo el argumento de que no era materia de la municipalidad.

Si la Contraloría estima que los antecedentes son efectivos podría aplicarle una sanción administrativa y, eventualmente, los denunciantes podrían recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones para tratar que Muñoz deje su cargo, bajo la figura de “notable abandono de deberes”.

Los terrazas
Paralelamente a estas denuncias, el Ministerio Público regional lleva una investigación por la supuesta adulteración de un informe de la seremi de Vivienda que, en primera instancia, dio una opinión contraria a Hidroysén, pero que fue modificado entre gallos y media noche para aprobar el proyecto. La indagatoria está a cargo del fiscal Patricio Jory, quien incautó una serie de computadores a la autoridad para periciarlos. Si la investigación prospera otra inhabilidad podría configurarse, esta vez en contra del seremi Nicolás Terrazas, cuyo hermano, militante UDI, ex asesor jurídico de la Municipalidad de Coyaique y jefe de gabinete del subsecretario de Desarrollo Regional Miguel Flores, es dueño de varios terrenos en Cochrane. Si todo camina bien para Endesa, los hermanos Terrazas recibirán una suculenta cantidad de millones.

Pero el asunto no queda ahí pues el padre de ambos trabaja para una entidad que negocia con Hidroaysén en favor de un grupo de campesinos. Como se ve, todo quedaría en familia. Por ahora, sin embargo, el asunto está en veremos.