Mucho se habla de la desigualdad en Chile, el presidente Piñera dice que es una “Vergüenza Nacional”, la Iglesia la tilda de “Escandalosa” e incluso académicos y políticos que la ocultaron por mucho tiempo, ahora no dejan de hablar de ella y con seguridad estará presente en los discursos políticos para las elecciones municipales y presidenciales.

Sin embargo, no sirve de mucho manifestar asombro ni vergüenza ante tal descalabro social, sino se identifican con claridad las causas y los principales responsables. Por ello despertaron tanta polémica las recientes palabras del periodista Fernando Paulsen en un programa radial cuando dijo que: “El país está secuestrado por 3 mil o 4 mil personas verdaderamente ricas que difunden la ideología que la universidad gratis es subsidiar a los más ricos. Lo que realmente quieren evitar es que les suban los impuestos, porque para ellos es más barato pagar la universidad que contribuir realmente de acuerdo a sus ingresos”.

¿Pero quiénes son exactamente estas 4 mil familias?, ¿Cómo afectan la economía nacional y la vida cotidiana de cada uno de nosotros?, ¿Por qué tendrían secuestrado al país?

Según los datos procesados por la Fundación SOL en base al microdato de la encuesta CASEN 2009, en Chile 4.459 familias tienen un ingreso autónomo promedio de $18.951.931, se trata del 0,1% de los hogares más ricos, que en general tienden a subdeclarar sus ingresos en este tipo de encuestas de hogares.

En este selecto grupo podemos encontrar a los principales accionistas de los 114 Grupos Empresariales registrados a septiembre de 2011 por la Superintendencia de Valores y Seguros y los principales ejecutivos que sirven a las empresas que pertenecen a estos Holdings. En esta lista se encuentran los dueños de los bancos, compañías de seguro, los supermercados, las AFP, Isapres, las pesqueras, las eléctricas, forestales, mineras, salmoneras, medios de comunicación, en fin, los dueños de Chile, la elite que configura y decide día a día la economía nacional.

De acuerdo a datos de un reciente reportaje de la Revista Qué Pasa, sólo una treintena de familias en Chile manejan en conjunto casi US$ 30.000 millones, es decir, el 10% de la riqueza total del país en activos líquidos, lo que representa casi el 1% de todo el dinero que hay en Latinoamérica.

Por supuesto acá aparecen los Luksic, Angelini, Matte, Saieh, Paulmann, Piñera y compañía. Y no se trata de familias excéntricas que viven alejadas del mundanal ruido, sino que corresponden a aquellas que han determinado y determinan las reglas del juego de la sociedad y de la economía chilena.

Estas familias están presentes (omnipresentes) en la decisiones que involucran la tasa de interés que usted termina pagando en un banco por un crédito de consumo, en los cobros excesivos de la cuenta de la luz, del agua o del gas, en las difíciles condiciones que se colocan a los pequeños emprendimientos que actúan como proveedores de las grandes empresas, en la cuenta de supermercado que usted paga mes a mes, en sus fondos de AFP que día a día pierden su valor y usted no entiende porqué, en la Isapre que le sube el valor de su plan, entre otras tantas batallas que usted debe dar para llegar a fin de mes.

De la misma forma, son quienes deciden la parrilla programática de los canales de televisión, la línea editorial de los principales medios de comunicación escrito y con sus centros de pensamiento y su influencia política directa e indirecta han irritado a la institucionalidad para que se configure un sistema impositivo a su medida y se impida que tanto la educación y la salud sean un derecho universal, de carácter público y proporcionado gratuitamente por el Estado, como si ocurre en los países que tiene mejor calidad de vida que la nuestra y por cierto una elite menos subdesarrollada y tacaña.

Estas familias se acostumbraron a tener un estilo de vida ostentoso y viven en una burbuja, en otro Chile y para ello deben asegurarse que este pueda ser conservado y mejorado año a año, realizando el lobby correspondiente para que las instituciones, las leyes y los dictámenes funcionen a su conveniencia. Tal como concluyen los economistas Daron Acemoglu y James Robinson en su paper “Persistence of Power, Elites and Institutions” (2006), el equilibrio económico a nivel institucional es un resultado del ejercicio del poder político de jure y de facto y las elites siempre apuestan por la invariabilidad de las instituciones políticas y económicas a través de la conquista del poder político (jure) o del poder económico (facto) que actúa irritando al poder político.

Las conclusiones de Acemoglu y Robinson parecen haberse inspirado a cabalidad en el modelo chileno. La fortuna alcanzada por estas 4.459 familias ha sido posible a través de un secuestro institucional que ha favorecido la concentración económica, la determinación de débiles leyes laborales y una carga tributaria baja y una estructura regresiva.

Cuando tienen dificultades para mantener la inercia o bloquear alguna iniciativa que les desfavorece, utilizan a los políticos salientes y los ubican en alguno de los directorios de sus empresas, y de esta forma los integran al selecto grupo de las 4 mil familias, del cual es muy difícil salir. Así lo hicieron con muchos representantes de la Concertación que hoy son presos de un estilo de vida que les impide repensar un proyecto político que esté a la altura con las verdaderas necesidades del país.

No obstante, este modelo está haciendo aguas, el modelo histórico de la hacienda, que tiene su expresión moderna en la gran empresa que se acostumbró a pagar bajos salarios y a no pagar impuestos para asegurar la rentabilidad que exige el estilo de vida de sus dueños y que luego se escudan en las pequeñas empresas para frenar los cambios estructurales que se necesitan. Las mismas empresas de menor tamaño que deben soportar las asimétricas reglas del juego que colocan los grupos empresariales, aquellos que tienen secuestrado al país y que se aferran como un niño mimado a sus privilegios (tal como reconoció Warren Buffett en Estados Unidos) a costa de la educación, la salud, la calidad de vida y la dignidad de la gran mayoría de los chilenos.

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