Hasta los calzones les sacaron a universitarias dentro de una comisaría

“Hasta los calzones le sacaron a universitarias dentro de una comisaría”, tituló El Diario de Antofagasta hace unos días, describiendo las vejaciones causadas por Carabineros a unas universitarias, luego de desalojarlas de la toma de la Universidad Católica del Norte. Las pacas nos metieron a un calabozo, nos obligaron a desvestirnos. Una compañera no quiso y le empezaron a tirar la ropa (…) Inclusive una de nuestras compañeras andaba con su periodo y a ella en específico la hicieron desnudarse completamente, para humillarla”, denunció una de ellas en el diario.

La conducta de Carabineros que describe la alumna, es lo que los defensores de Derechos Humanos llamamos “violencia sexual” y que venimos acusando se está cometiendo sistemáticamente contra las mujeres estudiantes en el marco de las movilizaciones por una educación pública, gratuita y de calidad que se han registrado en estos meses.

En 1998, el Tribunal Internacional para Rwanda, en el caso Akayesu estableció que “la violencia sexual no se limita a la invasión física del cuerpo humano y puede incluir actos en que no media penetración o incluso el contacto físico”, para sancionar un acto aberrante: que un paramilitar ordenó a su tropa desvestir a una estudiante y obligarla a hacer gimnasia desnuda en el patio de la oficina comunal, frente a una multitud. “Violencia sexual”, declaró el tribunal hace trece años.

Este tipo de represión que afecta a las mujeres se ha convertido en un patrón de la conducta policial en contra de los estudiantes. Y nos preocupa, por dos motivos:

Primero, porque la violencia que denunciamos hace parte de un contínuo. Las mujeres normalmente somos víctimas de violencia física, sexual, económica, institucional y psicológica, entre otras; pero es en momentos de conflicto político que éstas se acentúan y agravan. Como ocurrió en Dictadura, en que las víctimas de prisión política fueron objeto violencia sexual como método de tortura.

Que la violencia sexual en momentos de conflicto social sea un continuo se debe a que este tipo de agresiones gozan de invisibilización e impunidad. Nadie las nota, nadie las acusa, nadie las llama por su nombre: VIOLENCIA SEXUAL. Las autoridades no la previenen, no la investigan, no sancionan a los responsables, como ocurrió con las víctimas de la dictadura, cuyos casos permanecen impunes y olvidados.

Nuestro segundo motivo de preocupación se refiere a que quienes ejercen la violencia sexual son agentes del Estado de Chile y lo hacen de manera consciente. En una reciente nota de The Clinic Online titulada “Observadores de DD.HH. a la ONU: carabineros secuestra y tortura a estudiantes en manifestaciones” se puede ver un video en el que, durante la disuasión de una marcha estudiantil, se escucha por la radio de Carabineros a un oficial ordenando “subirle las faldas a las mujeres” durante la detención.

(minuto 04:38 del siguiente video)

Las autoridades del país han hecho caso omiso a nuestras denuncias, y actúan como si las obligaciones internacionales que han suscrito voluntariamente en materia de derechos humanos no existieran. Y es exactamente al revés: todos los órganos del Estado y todos sus agentes estan obligados a respetar y garantizar los DD.HH. reconocidos en la Constitución y tratados internacionales ratificados y vigentes, entre los que está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), vigente en Chile desde 1998.

Para que nunca más las mujeres en Chile sean víctimas de violencia sexual, es necesario que las autoridades se hagan cargo de lo que está ocurriendo, investigando y sancionando los hechos ya denunciados y previniendo que hechos similares ocurran en el futuro. Y que ustedes, lectores, si en medio de una movilización o en una comisaría presencian este tipo de conductas aberrantes, las denuncien y llamen por su nombre: VIOLENCIA SEXUAL.

Catalina Lagos es abogada de Corporación Humanas