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17 de Noviembre de 2011

Fiscal nacional económico pide aplicar multa de US $1 millón a DGA en caso HidroAysén

El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, informó este miércoles a los integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, convertida en investigadora respecto a HidroAysén, sobre el requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de la Dirección General de Agua (DGA), en el cual […]

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El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, informó este miércoles a los integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, convertida en investigadora respecto a HidroAysén, sobre el requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de la Dirección General de Agua (DGA), en el cual se solicita la aplicación de una multa por cerca de un millón de dólares por incumplimiento a un deber de información.

Irarrázabal explicó que la DGA no ha cumplido con la obligación establecida por el TDLC de entrega de información a la Fiscalía y al público en general, a través de su página web, respecto de la adquisición o traspaso de derechos de agua de las empresas propietarias del proyecto HidroAysén.

El fiscal nacional económico sostuvo que este incumplimiento de la DGA impide, efectivamente, que la Fiscalía verifique la aplicación de la resolución 22 del TDLC, que establece la obligación para HidroAysén de consulta previa frente a cualquier adquisición de derechos de aguas en algunas cuencas determinadas.

“Lo que nosotros estamos argumentando dentro de nuestro requerimiento en contra de la DGA es que se nos hace difícil velar porque eso se esté cumpliendo y porque, en concreto, las empresas que conforman HidroAysén no hayan adquirido, sin consulta previa al Tribunal, derechos de agua”, precisó.

El fiscal reconoció, en todo caso, que esta es una medida excepcional y que no presenta precedentes, al menos obvios, en el corto tiempo.

“Yo entiendo que es bastante único y, quizás, ese es un mensaje que queremos dejar, que la Fiscalía, como ente autónomo, va a velar porque se cumpla la libre competencia y no va a hacer discriminación, sea quien sea, y esto significa cualquier empresa e incluyendo las empresas u organismos del Estado. Nosotros tenemos una obligación legal de velar por el cumplimiento de los fallos y no vamos a hacer distinción”, sentenció.

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