El ministro Hinzpeter ha pretendido evadir su responsabilidad política y de gestión por la ineficacia en cumplir las promesas utópicas de campaña y de los primeros años de gobierno con relación al término de la delincuencia.

Con una abierta intromisión en el quehacer de otros poderes, este gobierno ha jugado al Señor de la Querencia instruyendo a otras instituciones autónomas y pretendiendo amedrentar a otros poderes simplemente por distraer la atención de su propia incompetencia, generando conflictos en otras áreas e intentando con ello confundir a la ciudadanía sobre su propio rol en el combate eficaz a la delincuencia, como les gusta llamarle.

¿Cómo entender tanta prepotencia y majadería? Probablemente en la desesperación de quienes, no obstante apoyos pertinaces y persistentes, no logran encontrar salida ni solución a su impericia en obtener éxito en su apuesta arriesgada y populista.

El boomerang de la promesa irresponsable, inexorablemente vuelve. Y el golpe puede ser muy duro.

Ahogándose en desesperación las brazadas son más inquietantes y angustiantes. Y son a todo o nada. En una concertada apuesta con el ministro Ribera por desautorizar y desprestigiar a los actores de la justicia, al menos a los que tienen voz y presencia, hemos asistido a un espectáculo deplorable que pretende socavar la imagen y el prestigio bien ganado de la reforma procesal penal. Porque cualquier método es válido si permite, aunque sin éxito, imaginar que realmente se dispersan las culpas. Pan para hoy y hambre para mañana.

Tampoco es una actitud que debiera sorprendernos, no obstante reprobarla. Ya lo han hecho con anterioridad y con buenos resultados. En el caso Bombas o el del Pakistaní, el ministro del Interior reclutó e instruyó públicamente a fiscales para que dieran forma a sus intereses, y una vez logrado el resultado buscado, los llevó a trabajar, formalmente esta vez, a su ministerio. Hoy que recibe alguna oposición “rebelde”, busca nuevos aliados al interior del Ministerio Público, intentando dividir para gobernar y lograr su objetivo.

Es tal su impotencia por no alcanzar la orilla que han intentado las más variadas y absurdas explicaciones, como atribuir el aumento de los delitos de mayor connotación social a la “distracción de fuerzas y recursos” de Carabineros por las legítimas manifestaciones públicas de la comunidad. Pretender que la represión policial que hemos observado en el último tiempo, tal como lo señala el reciente informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha denunciado el abuso de la fuerza pública cómo tónica de actuación, sea la causa de inseguridad para el resto, casi no merece comentario. Ellos se exceden y para colmo se quejan.

Y abusando de nuestra paciencia e inteligencia pretenden sacar las castañas con la mano del gato. O del fiscal. O del juez. O de quienes se manifiestan. Todo sirve.

La prevención ineficaz no es resorte de instituciones que están para resolver los conflictos ya desatados. Partiendo de una falsa premisa, una mítica e inexistente puerta giratoria, los ministros confunden roles y funciones. Nunca había existido en Chile tan alta población privada de libertad y un nivel tan elevado de condenas. ¿A qué otras razones podría atribuirse el galopante aumento del hacinamiento en las cárceles y las crecientes condiciones de indignidad y de afectación de derechos humanos de quienes están presos sino a una quimérica puerta giratoria y sí a una “eficiente” e indiscriminada justicia condenatoria?

Con el agua al cuello y con una absoluta incapacidad de reconocer errores, ¿qué mejor que culpar a otros e invadir sus terrenos con demandas peregrinas y distractivas? No es indiferente esta actitud y hacer simplemente oídos sordos tampoco es la solución. La falta de respeto por las reglas de la democracia es una pésima señal de desprecio por los equilibrios y un riesgo de autoritarismo que debemos rechazar. O se rectifica o se irá ahondando el problema. Sin reconocer errores y equivocaciones es imposible corregirse.