Una organización vinculada al Gobierno japonés dedicada a la llamada “caza científica de ballenas” presentó hoy una demanda ante un tribunal federal de EEUU para que el grupo ecologista Sea Shepherd deje de interrumpir sus actividades.

La demanda fue presentada ante una corte del estado de Washington por el Instituto japonés de Investigación de Cetáceos, dependiente de la Agencia Japonesa de Pesca, y cuenta con el apoyo del grupo de empresas balleneras Kyodo Senpaku Kaisha.

El requerimiento contra la organización ecologista busca la emisión de una orden judicial que impida tanto al Sea Shepherd como al presidente de la sociedad, el canadiense Paul Watson, “participar en actividades marítimas que puedan causar lesiones a las tripulaciones y daños a las embarcaciones”.

En un comunicado emitido hoy, el instituto nipón subrayó la “legitimidad” de su programa científico de caza de ballenas en la Antártida, JARPA II, y denunció “las acciones peligrosas, amenazadoras y contrarias al Derecho Internacional” de Sea Shepherd, que tiene sede en el estado de Washington.

En febrero de 2011 Japón tuvo que acortar su temporada anual de caza de ballenas en la Antártida, que normalmente finaliza en marzo, por las prácticas de Sea Shepherd, que, para impedir las capturas, llevó a cabo abordajes o lanzamiento de ácidos corrosivos.

Además, para proteger a los barcos balleneros en la temporada de caza “científica”, la Guardia Costera de Japón anunció a principios de semana que reforzará la seguridad de los balleneros.

Sea Shepherd indicó que este año emprenderá en las aguas de la Antártida una de las más intensas campañas de acoso a los balleneros japoneses con el fin de arruinar la temporada de caza de cetáceos y lograr su suspensión.

Japón decidió abandonar la caza de ballenas en 1986 por una moratoria internacional, aunque la retomó en 1987 tras alegar motivos científicos y comenzó a efectuar expediciones a la Antártida en nombre del Instituto de Investigación de Cetáceos.

La caza de ballenas le ha reportado múltiples críticas en todo el mundo e incluso una denuncia de Australia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al considerar que el motivo de la pesca es exclusivamente comercial.