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Opinión

12 de Enero de 2012

Eufemismos incendiarios

En el mundo de los eufemismos, dictadura se dice régimen militar y mapuche se dice terrorista. Incendios son tragedia si se produce en las Torres del Paine, incendio es atentado terrorista si su foco está en la Araucanía. Y como las palabras crean realidades, ya lo sabemos y lo vivimos, no es indiferente que sólo […]

Paula Vial
Paula Vial
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En el mundo de los eufemismos, dictadura se dice régimen militar y mapuche se dice terrorista. Incendios son tragedia si se produce en las Torres del Paine, incendio es atentado terrorista si su foco está en la Araucanía.

Y como las palabras crean realidades, ya lo sabemos y lo vivimos, no es indiferente que sólo en el caso del incendio de Carahue se haya insinuado y aún más, afirmado que estábamos frente a un incendio intencional y extremista y que el gobierno se haya querellado por delitos de la ley antiterrorista.

El gobierno sindica livianamente a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de ser los autores de un tremendo incendio que ha costado la vida de 7 brigadistas -un nuevo eufemismo para llamar a los jóvenes inexpertos y mal pagados que arriesgan su vida como temporeros del peligro rojo-.

¿Con qué antecedentes se preguntará usted? ¿Hay algo más que el prejuicio y el “mal hábito” de sindicar siempre de terrorismo a los reivindicadores de las tierras ancestrales de su pueblo? Al parecer se basan también en esos antecedentes “tan confiables” de los testimonios de trabajadores asalariados de la empresa que apuesta por apuntar a los comuneros mapuches que molestan su día a día empresarial.

Pero claro, hacer estas afirmaciones es el pie que necesitan para justificar la aplicación de la ley antiterrorista, ley espuria que permite las injusticias más estentóreas de nuestra legislación penal.

No importa que uno de los líderes de la CAM, Héctor Llaitul, haya afirmado desde la cárcel que su comunidad no está relacionada en absoluto con estos incendios. No importa que los expertos como bomberos hayan señalado que el incendio pareciera haberse iniciado por quema ilegal de carbón. No importa que la fiscalía, órgano oficial encargado de la investigación de los eventuales delitos, haya señalado que aún no cuentan con antecedentes que hagan presumir siquiera que el incendio fue intencional.

Sólo importa poder hacer gala de la discriminación y del racismo más acendrado contra el pueblo mapuche. Sólo importa ser funcional a su afán por criminalizar las pretensiones de los pueblos originarios. Sólo importa apurar el prejuicio y crear conciencia ciudadana de que el enemigo vuelve a atacar.

Total, luego se puede afirmar, ofendidos, que el llamado a la prudencia que ha realizado el fiscal nacional no puede ser para ellos que sólo quieren que se descubra la verdad y que si hay responsables se les aplique con la mayor severidad el peso de la ley, pero sin realizar acusaciones al voleo.

Hoy nos encontramos ante un incendio que ha costado la vida de 7 inocentes arriesgados, en el que hay que investigar si, en primer lugar, ha sido intencional o accidental. Luego, en segundo lugar y suponiendo que se haya concluido por expertos (y no por opinólogos incendiarios) que ha sido intencional, es necesario determinar quién lo puede haber provocado, teniendo para ello evidencia irrefutable que produzca convicción más allá de cualquier duda razonable. Y para eso están el ministerio público para investigar y los tribunales para decidir. No el Ministerio del Interior ni un intendente ni ninguna otra autoridad sino la jurisdiccional.

Los servidores públicos tienen deberes y obligaciones especiales. Quienes ejercen autoridad pública deben procurar imprimir a sus actuaciones la gracia de estado que asegure ciertas virtudes que deben ser características del gobernante. Prudencia, ecuanimidad, transparencia, equilibrio, ausencia de prejuicios y objetividad en los juicios públicos y políticos entre otras.

Cuando una autoridad pública, que debe representarnos a todos y esforzarse muy particularmente por los más desfavorecidos, se permite acusar sin pruebas ni fundamentos a un grupo étnico, perseguido permanentemente por ellos mismos, claramente no ha sido bendecido por el hálito del poder mesurado de quien gobierna en democracia por el bien de la comunidad.

En el mundo de los eufemismos acusar sin pruebas al pueblo mapuche y perseguirlos con la ley antiterrorista se llama buscar la verdad y la justicia. En el mundo de las expresiones transparentes y directas eso se llama prejuicio, discriminación y persecución.

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