Lo que el gobierno no reconoce sobre Aysén

La región del General Carlos Ibáñez del Campo y su servicio de salud han sido sistemáticamente postergados ya por demasiados años, así como el resto del sistema público de salud de nuestro país. En las regiones extremas esta situación es delicada, sobre todo por sus condiciones geográficas, los altos niveles de ruralidad y una limitada oferta privada. Estas condiciones obligan con mayor fuerza al Estado a cumplir con su deber de garantizar los derechos de salud de los ciudadanos de estas regiones, como el caso de Aysén.

La realidad es completamente diferente del “deber ser”. Si analizamos las cifras de las ejecuciones del presupuesto de salud de los últimos años, nos encontraremos que si bien hay aumentos en los recursos, estos son limitados considerando las necesidades de la región. Durante el 2009, el gasto total en salud fue de 30.000 millones de pesos, el 2010 fueron 31.000 millones y el 2011 el gasto alcanzó los 34.000 millones. Estas cifras pueden parecer gigantescas, sin embargo se debe considerar que tanto los equipos médicos, como los insumos y el personal de salud tienen costos que son más elevados al resto de las regiones del país, dado la localización extrema.

En este contexto, las demandas en el área de salud que tiene la ciudadanía de Aysén están principalmente focalizadas en lo que respecta a las inversiones en salud, es decir, los recursos destinados a realizar estudios que avalen la construcción de un determinado establecimiento de salud, para financiar el diseño de los establecimientos proyectados y para la construcción propiamente tal de nuevos establecimientos. Así también, estos recursos son utilizados para renovar y ampliar establecimientos ya existentes.

En marzo de 2011 el Director del Servicio de Salud de la región había comprometido recursos por 37.000 millones para tres hospitales: el nuevo hospital de Puerto Aysén y la normalización de los hospitales de Chile Chico y Cochrane. Estos proyectos no eran nuevos y se encontraban programados desde el 2009. Ahora, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha vuelto a prometer lo mismo que ya estaba programado en el gobierno anterior y por su propia gestión desde hace un año, desenmascarando una política de la improvisación y mostrando una falta concreta de un plan regional de salud que dé cuenta de las necesidades de la población.

Vamos más allá y analicemos los datos duros: ¿Qué pasó durante el 2011 con los presupuestos destinados? Si revisamos los antecedentes entregados por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda (Dipres), nos encontramos con algunos datos bastante inquietantes. Por ejemplo, para el mes de septiembre, el presupuesto que tenía Aysén para desarrollar estas obras, era de 4.200 millones y para esa fecha se habían gastado solamente 69 millones. En el mes de enero del 2012, cuando se entrega el balance final del año anterior, resulta que estos recursos habían sido “modificados” drásticamente.

Este ítem del presupuesto había sido reducido a 1.400 millones, o sea, en los tres meses que trascurrieron, a la región le quitaron cerca de 2.800 millones para inversiones, sin mediar explicación alguna. Para colmo, el gasto total anual alcanzó solamente los 88 millones de pesos, es decir, en tres meses el “gobierno de excelencia” sólo gastó 19 millones de pesos en la zona. ¿Qué fue lo que sucedió? Una posible explicación, para la reducción de los fondos puede estar en que se realizó para ocultar la inoperancia en la gestión, por no pensar en algo aún peor.

En los últimos tres años, el gasto en inversiones en la región había sido ya bajo. Durante el 2009 se gastaron 396 millones y el 2010 la cifra bajo drásticamente a 18 millones (posiblemente por recortes presupuestarios debidos al terremoto).

Estos datos nos deben llamar a reflexionar, ya que dado el destino y uso de estos recursos, el que no se utilicen o se haga de forma ineficiente, tiene un impacto directo en la calidad y el acceso que los ciudadanos puedan obtener de los servicios de salud de la región e implica un deterioro de la salud en general de la población, así como una pérdida de sus derechos fundamentales. Derechos que hoy en Chile debemos recuperar, luego de que nos fueran arrebatados hace más de 30 años.

Con estos antecedentes, surgen las preguntas: ¿Qué de nuevo es lo que ha ido a ofrecer Mañalich para decir que solucionó o solucionará el conflicto? ¿Fue enviado el ministro de Salud porque esa cartera tiene precisamente un excedente de caja que puede utilizar el gobierno y promoverlo como recursos adicionales para la zona en conflicto? Y por último, lo más importante, ¿Es posible confiar en que se cumplirán los acuerdos que suscribió el ministro Mañalich?