CDE presenta primera querella por corrupción en Corporación Administrativa del Poder Judicial

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó la primera querella criminal por los hechos de corrupción acaecidos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

La acción legal -allegada por un consejero del organismo y que publica íntegramente The Clinic Online- fue ingresada en contra del ex funcionario de la entidad, Claudio San Martín y apunta a su participación en calidad de autor del delito de “negociación incompatible”. El cuerpo del libelo también sostiene la posible falsificación de documentos públicos.

La decisión del CDE se produce a menos de dos meses que se conociera -mediante una grabación revelada por CNN Chile- que el entonces presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, se oponía a poner en conocimiento de la justicia la posible colusión de una empresa en la construcción de tribunales en distintos lugares del país.

“Antes, por ignorancia o cualquier cosa, no se hizo un seguimiento de concentración” de las firmas, decía Juica en el registro de audio.

“A menos que a mí me demuestren que un funcionario de nuestra organización se coludió, con dolo, para obtener una ventaja o beneficio pecuniario”, apuntando a que carecía de antecedentes, porque “aquí se nos mete el Ministerio Público e incauta todo el material. “Va a ser un proceso nacional”, enfatizó.

La querella de siete páginas revela que Claudio San Martín trabajaba para la CAPJ, como también para las empresas que le construían dependencias y hacían las conexiones eléctricas al Poder Judicial.

La historia comenzó el 9 de diciembre de 2010, cuando el entonces director de la CAPJ, Miguel Sánchez, ordenó instruir un sumario en contra de San Martín y designó como fiscal administrativa a Carmen Gloria Riquelme. Hay que agregar que Sánchez también fue desvinculado del Poder Judicial en junio de 2011 por diversas anomalías.

Al día siguiente, el director subrogante de la CAPJ, Gustavo Poblete, daba cuenta que en una carta recibida por la entidad el 23 de noviembre del mismo año, la empresa SMI ingenieros civiles hacía figurar en su página web a San Martín, en circunstancias que estaba contratado desde 2007 en el organismo judicial.

Al ser interrogado por la fiscal Riquelme aseguró que no mantenía vínculo alguno con la firma, proporcionando documentos del Servicio de Impuestos Internos (SII) que daban –a su juicio- cuenta de ello.

Sin embargo, cuando la CAPJ requirió al tata fisco información para verificar la autenticidad de los papeles tributarios, la entidad no les entregó copia aduciendo que tenían el carácter de reservados, aunque en el oficio reconoció que no se parecían en nada a los que constaban en su base de datos. En suma, eran truchos.

Frescura de trasero

En la querella firmada por la abogada procuradora fiscal del CDE, Irma Soto González, se revela que San Martín entre 2007 a 2009, inspeccionó un total de nueve obras ejecutadas por SMI ingenieros civiles en tribunales de letras de Puente Alto, San Fernando, Santa Cruz, Pudahuel, Cañete, juzgados del Trabajo y la Corte de Apelaciones de Concepción.

“Tal situación acredita un conflicto de intereses constitutivo de delito, por cuanto un funcionario que se desempeña en calidad de inspector de obras para la Corporación Administrativa del Poder Judicial en la ejecución de proyectos para ese poder del Estado, estaba siendo parte y/o socio de las empresas que prestaban dichos servicios”, señala el libelo.

La denuncia ante el Ministerio Público en contra de San Martín ingresó el 13 de enero de 2011 por pare de la fiscal administrativa Carmen Riquelme y pasó más de un año para que el CDE se hiciera parte, coincidentemente con el escándalo que afectó los últimos días de Juica a la cabeza de la Suprema.

Doctorado en cuentos chinos

Las conclusiones a las que arribó la fiscal de la CAPJ, el 31 de marzo de 2011 sirvieron de puente para la presentación de la querella del CDE. La profesional acusó a San Martín de “faltar a la verdad en sus declaraciones”, porque negó sus relaciones comerciales con la firma de ingeniería. Otro de los cargos fue la adulteración de documentos públicos, negociación incompatible y obstrucción a la investigación disciplinaria. Con eso le dieron la patá en el culo del Poder Judicial.

Por lo anterior, la fiscal ordenó revisar los conflictos de interés de todos los funcionarios de la CAPJ y aconsejó que todos tuvieran un contrato de exclusividad y revisar si todas las fiscalizaciones de San Martín se apegaron a la legalidad.

Según la querella del CDE, San Martín tenía una doble contratación, lo que violentó -dice el documento- los principios que deben regir a un funcionario del poder judicial: objetividad, imparcialidad, y honestidad.

“En cuanto a la intervención de San Martín, no cabe duda que ella tiene un carácter lucrativo, ya que se le remuneraba en la CAPJ, dada su calidad de funcionario público de la misma y por inspeccionar y recepcionar obras que precisamente habían sido ejecutadas para las cuales él también trabajaba y de las que recibía pagos”, señala la acción legal.

Lo que viene

En la querella, el CDE solicitó una serie de diligencias. La primera, que se despache una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. Junto a lo anterior, que la fiscal a cargo, Ximena Chong, interrogue al ex jefe de la CAPJ, Miguel Sánchez, al jefe de la Unidad de Infraestructura del Poder Judicial y al arquitecto de la empresa SMI ingenieros civiles, Gonzalo Díaz.

Además, el organismo pidió a la fiscalía que oficie a la CAPJ para obtener información de las obras recepcionadas por San Martín en las que participaron las sociedades SMI, Sergio Morales Ibarra, Constructora Crommo Limitada, IMC Comercial e inversiones y Patricio Omar González Arquitectura Limitada.

Se suman a las anteriores pesquisas, la participación de la Sección de Urbanismo y Paisajismo del Laboratorio de Criminalística de la PDI para que realice un peritaje “destinado a analizar la calidad de las obras inspeccionadas y recepcionadas” por San Martín.

Por último, que el SII entregue la información sobre la tributación del imputado para acreditar también la posible ocurrencia del delito de falsificación de instrumento público.

Lea la querella completa