Uno analiza el perfil de los 22 procesados por Ley de Seguridad Interior del Estado, LSE, en Aysén y no sabe si reír o llorar. Se trata de dueñas de casa, pescadores artesanales, dirigentes sociales y trabajadores agrícolas, apacibles vecinos de Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, Lago Verde, Mañihuales y Amengual, estas últimas localidades rurales de las cuales –hasta antes de la querella- nadie sabía de su existencia en La Moneda. De muestra un botón:

Guillermina Cayún Poblete, 44 años. Convive y tiene 7 hijos. Trabajadora municipal. “Participó en un corte de tránsito con barricadas y neumáticos”, señala la querella interpuesta por el gobierno; Lucía Pérez Venegas, 40 años. Pequeña comerciante, separada y madre de 3 hijos. “Participó en un corte de tránsito con barricadas y neumáticos encendidos”, señala el requerimiento; Elisa Cuyul Llaiquel, 43 años. Tiene pareja y es madre de cuatro hijos. Es dueña de casa y pertenece a la comunidad mapuche-huilliche Cuyul Llaiquel. “Participó en un corte de tránsito con barricadas y neumáticos encendidos”, señala la querella.

Y la lista de peligrosos subversivos -“que han perturbado gravemente la tranquilidad pública de la Región de Aysén”- suma y sigue.

Terrible vivir en Aysén, ser mujer, tener sobre 40 años, entre 3 y 7 hijos y un marido sin pega. Y un verdadero drama si se tiene apellidos raros como Chiguay, Llaiquel, Paillaleve, Cayún o cualquier otro de similar origen saudita o yemení. De seguro no solo el ministro Hinzpeter se fijará en usted. También la CIA, el Mossad, el MI19, el FBI, Jack Bauer y por cierto el Chapulín Colorado. ¿Exagero? Sí, lo hago. Pero incluso exagerando, los argumentos de la querella me superan y por lejos. Surrealismo puro. ¿De dónde saca el gobierno inspiración para tantas metidas de pata? Magallanes y el alza del precio del gas primero, el mal manejo del conflicto estudiantil después, la fantasmagórica vinculación de la CAM con el incendio de Carahue este verano. Ahora lo de Aysén y la torpe aplicación de la Ley Maldita. Una oportunidad política tras otra. Desperdiciada, obviamente.

Sirva de consuelo que la Concertación no lo hizo mejor. Pocos recuerdan -porque tenemos mala memoria o porque no conviene ahora que “todos somos oposición”- que la primera aplicación de la LSE, tras el retorno de la democracia, fue obra del gobierno de Aylwin. Sí, de don Patricio. Aconteció el año 92’ y fue invocada -en la medida de lo posible- contra 144 campesinos en Temuco. ¿El delito? Izar, en pleno centro de la capital sureña, una bandera mapuche propia, la misma que hoy se vende como souvenir en ferias artesanales, estadios de fútbol e incluso los Duty Free. Fernando Chuecas (DC), por entonces Intendente Regional, llegó a calificar de “trapo” el hoy popular emblema mapuche, asegurando que el gobierno “jamás permitiría la existencia de otra nación dentro de la nación chilena, porque representa un peligro para la unidad nacional el separatismo territorial y político” (Octubre 1992).

LSE contra campesinos por izar una bandera. ¿Lo habían olvidado? Nuevas generaciones, ¿no se los enseñaron en el colegio, en el capítulo “Conociendo a nuestros queridos y amados pueblos originarios”? Cuento corto: los 144 mapuches fueron condenados por los tribunales, todos eso sí, a penas alternativas a la reclusión. Y es que extrañamente -como de seguro acontece en Aysén- los peligrosos subversivos étnicos carecían por completo de antecedentes penales. Cero vínculos con el IRA, el MRTA, Unabomber u otras amenazas de aquel tiempo. Una década más tarde el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado chileno por violación de derechos humanos y graves faltas al debido proceso. Ordenó la Corte, a su vez, que el Estado indemnizara a cada uno de los afectados. Todos siguen, pacientemente, esperando y esperando.

¿Llegará en el futuro el caso de los 22 de Aysén a la Corte Interamericana? De ser condenados, cosa que nadie en su sano juicio espera, es muy probable. Como probable es que sea nuevamente condenado el Estado por su total descriterio. En este punto la pregunta cae de cajón: ¿Quién en verdad está atentando aquí contra el Estado? ¿Los vecinos de Aysén, que solo buscan sentirse parte de un Chile que denuncian los abandonó a su suerte? ¿O el gobierno responsable de una querella que, de llegar a puerto, involucrará para el país una segura condena internacional? ¿Pueden los ciudadanos querellarse contra sus autoridades invocando esta misma ley? Sospecho que no, pero la idea no deja de ser interesante. ¿Algún abogado que se ofrezca? Desobediencia civil, le llaman. “Ciudadanos de Aysén vs. La Moneda”. Imaginen a Sean Penn en el rol de Iván Fuentes. ¿Alguien tiene el teléfono de George Clooney?