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Poder

23 de Marzo de 2012

Jueza Atala defiende su derecho a ser madre tras ganarle juicio al Estado

La jueza Karen Atala, que esta semana ganó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) un juicio contra el Estado chileno por haber perdido la custodia de sus hijas por ser lesbiana, resaltó que con ese fallo la identidad sexual ya no será un impedimento para ser padre o madre. El dictamen, dado a […]

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La jueza Karen Atala, que esta semana ganó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) un juicio contra el Estado chileno por haber perdido la custodia de sus hijas por ser lesbiana, resaltó que con ese fallo la identidad sexual ya no será un impedimento para ser padre o madre.

El dictamen, dado a conocer el martes en Costa Rica, condenó al Estado chileno por considerar que se discriminó a la jueza, a quien en 2004, cuando vivía con otra mujer, la Corte Suprema chilena le quitó la tutela de sus tres hijas por su orientación sexual.

“Fui y soy madre por opción. Sin embargo, se me negó el derecho a criar a mis propias hijas por un prejuicio y la existencia de un estereotipo negativo”, señaló la jueza en un comunicado que publica hoy el diario La Tercera.

En su primera declaración tras conocerse el fallo, Atala asegura que recibe “tranquila” esta sentencia que a su juicio restablece “el imperio de la justicia” y manifiesta su esperanza de que con ella “se dignifique a todas aquellas madres y padres que han visto restringidos sus derechos por su orientación sexual”

“Ha quedado claro que las familias son diversas en su composición e iguales en dignidad. Vivir de acuerdo a la identidad sexual de cada persona no será, como nunca debió ser, un impedimento para ejercer una maternidad y paternidad afectuosa, responsable, acogedora y cariñosa”, recalca.

El Gobierno chileno ya aseguró que acata el fallo e implementará “a la brevedad” las medidas ordenadas por la Corte, que incluyen “un acto público de reconocimiento de responsabilidad”, cursos de capacitación a funcionarios sobre esta materia y una indemnización de unos 72.000 dólares a la jueza y sus hijas.

Este es el primer caso de discriminación por orientación sexual presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

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