La discriminación campea por nuestras tierras. Sea por casos antiguos o nuevos, en Chile en este momento la discriminación está de moda. En el caso Atala, por sancionar al Estado por discriminar por razones sexuales. En el caso de Daniel Zamudio, por el horror de verificar que es posible que personas maten a otros por tener una distinta identidad sexual. Por ser del pueblo mapuche y reivindicar sus derechos, se les aplica ley antiterrorista y se les persigue. Y no hace tanto, por ser “nanas” y circular por calles de un condominio.

Aún subsisten muchas, demasiadas, señas de discriminación como un mal endémico que no logramos superar, que ha superado el tiempo de las alertas para transformarse en un problema instalado.

El reciente fallo de la Corte interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado, trajo a nuestra memoria decisiones que impidieron a una madre criar a sus hijas por ser lesbiana y vivir con su pareja.

Se han ufanado, fue un alivio es cierto, porque el fallo señala que nuestra legislación no requiere de modificaciones pues no está en su esencia la discriminación. Sin embargo, nos quedamos cortos y hace más de un lustro que intenta ver la luz una ley que procura avanzar en la dirección de la aceptación de la diferencia.

Teniendo el Estado el deber de promover la integración armónica de todos los sectores y de asegurarnos el derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, debe procurar alcanzar todos los espacios de discriminación posible, impidiéndola, evitando de paso horrores como los planteados.

Por ello, el proyecto de ley contra la discriminación es un camino correcto. Sin embargo, el empedrado ha estado lleno de baches que han hecho que avancemos a paso de tortuga y con mucha dificultad. Múltiples indicaciones dilatorias, requerimientos al Tribunal Constitucional, demoras evitando que la ley sea aprobada. Y con ello, avalando que no profundicemos en un cambio cultural que permita la apertura, la diversidad, la interculturalidad y todos los colores que una sociedad debe tener.

El artículo 2º del proyecto define lo que debe ser considerado discriminación arbitraria, estableciendo que será cualquier distinción, exclusión o restricción de un derecho que no tenga justificación razonable, especialmente si se basa en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”

Una enumeración extensa que se pone en los casos en los que existe mayor riesgo de vulneración.

Lo que parece una contradicción no es sino el complemento necesario. Aceptar las diferencias asegurando la igualdad a todos. Es decir, proteger y permitir las diferencias, de género, de raza u otros, sin que ellas supongan una ventaja para unos en desmedro de otros.

Una sociedad llena de prejuicios como la nuestra, que avanza lentamente en la senda de la inclusión, requiere de refuerzos que la orienten, que eduquen en la diversidad, aceptando al otro distinto. Nos horrorizamos cuando conocemos casos como el de Daniel, pero necesitamos de estos remezones para recordar que aún hay tanto por andar.