Parlamentarios y dirigentes de las distintas organizaciones que desplegaron la campaña “Patagonia sin Represas”, lamentaron el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema en favor de Endesa, ratificando el rechazo a los recursos de protección en contra del Proyecto de HidroAysén.

La principal crítica apunta al conflicto de interés que involucraría al juez que dio el voto mayoritario en el fallo dividido de tres a dos, Pedro Pierry Arrau, por contar con un paquete accionario minoritario en la empresa eléctrica favorecida con el resultado.

A juicio del senador PPD Guido Girardi, con ello se pone en riesgo la convivencia, la paz social y la gobernabilidad en el país, al lamentar esta situación, ante lo cual junto a un grupo de legisladores pedirá al presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros el lunes, que el caso sea revisado por la Comisión de Ética del Poder Judicial.

“Esto le hace un inmenso daño a un poder del Estado. Vamos a recurrir a la Comisión de Ética de la Corte Suprema, para que funcionen las instituciones dentro de las instituciones, para que sean los propios pares los que tengan que establecer si aquí se debió haber inhabilitado este ministro (Pierry) y, con ello, colaboremos a recuperar y a mantener un poder judicial que requiere tener la confianza, el aprecio y el respeto de todos los chilenos”.

Junto a Girardi, el senador del MAS, Alejandro Navarro y dirigentes de “Patagonia Sin Represas”, anunció que impulsará una normativa denominada “ley Pierry”, que buscará la inhabilidad de los jueces cuando tengan intereses involucrados en casos que tengan que fallar.

“Una ley que impida a los jueces tener intereses en los casos en que estén envueltos”, dijo el parlamentario, al recordar que si bien el Presidente Sebastián Piñera cuando asumió el poder vendió sus acciones y se deshizo de ellas, en este caso, “el ministro Pierry votó teniendo las acciones. Siento que este voto del juez Pierry debe causar un cambio drástico y profundo en torno al conflicto de intereses de nuestros jueces”, concluyó.

Sin embargo, la respuesta no tardó en la voz del propio juez Pedro Pierry, quien aseguró que tampoco le agradaban las represas ni las torres de alta tensión, pero en su labor debe aplicar la ley y puso -además- en tela de juicio las críticas de los parlamentarios.

“A mí tampoco me gustan las represas ni tampoco las torres de alta tensión, pero el juez no es el encargado de esto. Al juez lo que le corresponde es aplicar la ley, las políticas públicas las fija el Gobierno y las leyes las hace el Congreso, y el juez aplica la ley”, enfatizó el magistrado al puntualizar que “lo que nosotros hemos hecho en este fallo es aplicar a estos hechos el recurso de protección en la ley, y eso es lo que debiera estar en discusión y no la discusión respecto a un juez que entró (a ver el caso) en relación con una norma que expresamente le indica que no hay causal vinculada con otra norma que lo obligan a ingresar a ver la causa”.

Argumentó así que no hay motivos de recusación, porque expresamente la ley establece que no hay inhabilidad en su caso, porque si bien posee menos del 1% de acciones de la Sociedad Anónima que está detrás del proyecto HidroAysén, la propia ley lo obliga a integrar la Sala, al no haber excusa que justifique su ausencia.