Aunque resulta desconcertante la contradicción del gobierno, que fue elegido con la consigna de terminar con la fiesta de los delincuentes y ahora indulta a más de 6.000 personas, también lo es que representantes de la Concertación, más a la izquierda indudablemente, condenen el hecho y aprovechen la contingencia para resaltar las actuales pésimas cifras de victimización oponiéndose a tal medida.

Si de algún sector se esperaría comprensión por las razones, preocupación por las soluciones y esfuerzo por la segunda oportunidad es precisamente de la izquierda, especialmente de la que se hace llamar progresista.

Y ello no es así, pero no es extraño. En los últimos 20 años el tema de la seguridad ha sido tratado siempre desde la óptica del castigo más severo, de la exclusividad de la cárcel, de la negación de la rehabilitación y de populismo penal. Y eso hoy continúa y se perfecciona.

¿Cómo puede entenderse sino que sólo el 1,5 % del presupuesto de Gendarmería se destinara a rehabilitación? ¿Cómo se entiende sino que la más relevante obra de legado en materia de seguridad sea la construcción de cárceles concesionadas? Cárcel para todo. Cárcel para todos.

La perspectiva de las políticas de seguridad ciudadana enfocadas en el castigo carcelario, en la sanción y la represión, que no contempla alternativas y que invierte todo en la separación del condenado de la sociedad, es ineficiente, errada y atenta contra principios fundamentales del sistema como la proporcionalidad entre castigo y conducta ilícita o la excepcionalidad de la privación de libertad.

El foco en la prevención, con recursos que aseguren resultados es fundamental.

¿De qué nos sirve gastar miles de millones en mantener por un tiempo a los condenados tras las rejas si no hacemos nada con ellos más que darles la oportunidad de empeorar?

¿Qué buscamos con el sistema, desde la persecución e investigación de los delitos a su juzgamiento y eventual condena? Que haya paz social y que quienes han delinquido no vuelvan a hacerlo. Tarde o temprano van a salir de las cárceles y si ese paso por el infierno profundiza su aversión por las normas y por el otro, habrá sido un gasto inútil. Así es hoy.

Las 6.000 personas que serán liberadas probablemente nunca debieron estar encerradas. Y no nos preguntemos por qué sino para qué lo estuvieron.

Si el gobierno con ese ejercicio esquizofrénico que despliega, de acción y discurso, pregona la mano dura por un lado y libera a tantos presos por el otro (poco más del 10% en todo caso) es probablemente porque lo supera la realidad. Debe descongestionar un sistema que viola permanentemente los derechos humanos con su hacinamiento, aunque en el baile de las cifras y estadísticas que anima al ejecutivo, puede haber sido más potente el móvil del ahorro que una medida así suponía.

No importa, es una medida necesaria, urgente, insuficiente. Es un parche, sin embargo, y no una política de fondo así que pronto las cárceles volverán a llenarse. Es una medida puntual, contradictoria con la política persecutoria que se sigue, y será sólo un espejismo de racionalidad.

Es cierto, invertir en presos no da votos. Gastar del erario público para entregar nuevas herramientas de convivencia y desarrollo a personas que han delinquido no es popular.

La mirada de corto alcance razona así, sin ver que puede ser una inversión rentable si, con recursos de verdad y bien enfocados y gestionados, se obtienen resultados positivos en reinserción.

Bien por el indulto para quienes no deben estar presos. Mal porque es una golondrina que no hará verano.