Director de Carabineros se niega a investigar a oficiales que usaron ilegalmente vehículos fiscales

Son dos casos: uno ocurrido en Punta Arenas, que involucra a un general, un coronel y un mayor. Este último se fue de paseo a las Torres del Paine. El segundo, a partir de una denuncia hecha por el ex suboficial Carlos Ripetti –el paco que salió en calzoncillos de una comisaría- en contra de un coronel adscrito a la Dirección General de los verdes, quien llevaba sus hijos al colegio, usando a uno de los guardias del máximo jefe policial, general Gustavo González Jure.

El General Director de Carabineros, Gustavo González Jure, se niega a investigar a cuatro oficiales activos de la institución por el uso de auto fiscal -y los correspondientes vales de bencina- para fines estrictamente personales, una de las faltas administrativas calificadas como “graves” por la Contraloría y que puede derivar en la destitución del funcionario que la comete. Así queda de manifiesto en dos recientes dictámenes de la Contraloría que obliga a la institución policial a cumplir con la ley, luego que el mandamás de Carabineros pidiera que el organismo fiscalizador reconsiderara la decisión de realizar dos sumarios, uno en contra de un general y un mayor en Punta Arenas y otro que involucra a un coronel.

El primer caso apunta al general Cristián Llévenes, jefe de la zona magallánica, y al coronel Miguel San Martín. Ambos autorizaron al mayor Alfredo Herrera para hacer un paseo a las Torres del Paine, con autorización de Llévenes, usando vales de bencina de la institución y un vehículo fiscal. Todo quedó registrado por personal de la Conaf. La institución, en conocimiento de los hechos, no sólo ha desobedecido a la Contraloría en materia administrativa, sino además no ha realizado la denuncia penal correspondiente al Ministerio Público de la región. Hay que recordar que los funcionarios públicos que conocen un hecho que reviste características de lícito y no ponen los antecedentes en conocimiento de la fiscalía, cometen un delito dentro de la administración pública.

Reconvención
El segundo caso está relacionado con la denuncia del suboficial Carlos Ripetti que renunció a la institución saliendo de la comisaría en paños menores. Este ex uniformado acreditó en septiembre de 2011 que el coronel Juan Irigoyen, de dotación de la Dirección General de Carabineros, usaba el auto institucional -manejado por uno de los guardaespaldas del máximo jefe policial, Gustavo González Jure- “para trasladar a su hija como así también a otros alumnos, presumiblemente hijos de oficiales de Carabineros, desde el Colegio San Marcos, ubicado en la Comuna de Macul, hasta su domicilio”, señala la denuncia de Ripetti.

En la oportunidad, González Jure, luego de una rápida y mediocre investigación sólo aplicó una “reconvención”, que consiste en un llamado de atención, que en los hechos no es una sanción disciplinaria. La Contraloría le recordó al Jefe de la policía uniformada que las instituciones deben observar el principio de probidad administrativa y el uso correcto de los bienes del Estado. “En consecuencia, con el mérito de lo expuesto no cabe sino desestimar la solicitud de reconsideración de los oficios… debiendo la autoridad competente de Carabineros, ordenar la instrucción de un proceso disciplinario … y establecer las responsabilidades… aplicando en tal caso las sanciones disciplinarias correspondientes”, señala claramente el dictamen.